El auto fechado este jueves del instructor del caso Begoña concluye que «sin el vínculo con el presidente» Pedro Sánchez, «difícilmente» Begoña Gómez habría podido cometer los presuntos delitos por los que se la investiga.
Este pronunciamiento reviste una trascendencia política mayor que procesal.
Porque lo que en esencia ha hecho el juez Peinado es reunir en un único procedimiento (que será enjuiciado ante un jurado popular en caso de que se llegue a juicio) las diligencias previas que investigan los cuatro delitos que se le atribuyen: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.
Y para ello ha invocado la conexidad de los hechos delictivos a partir de su origen común, que no es otro que su relación de parentesco con el presidente del Gobierno, sin la cual no habría podido poner en práctica estas conductas indiciariamente constitutivas de delito.
En efecto, Begoña Gómez podría haberse dedicado en cualquier caso a la docencia o la recaudación de fondos. Pero sin su condición de mujer de Pedro Sánchez no habría podido llegar a codirigir su cátedra extraordinaria, ni a ser la directora ejecutiva del Africa Center, ni haber captado los patrocinadores que logró.
Al señalar esta conexidad, el juez Peinado, lejos de lo que pretende la narrativa habitual del Gobierno, no está alumbrando una ocurrencia caprichosa.
Está asumiendo y replicando la doctrina de la Audiencia Provincial de Madrid en su auto del pasado junio, que estableció que la «desviación de recursos públicos en favor exclusivamente de intereses privados» tuvo lugar en «una estructura institucionalizada de poder como es la Secretaria General de Presidencia del Gobierno».
Y consideró apuntalada el «área de indudable influencia que como esposa del presidente del Gobierno y ejerciendo sus funciones desde ese entramado del Palacio de la Moncloa podía tener sobre toda su actividad privada».
Después de esta resolución, la suerte política de Sánchez queda irremediablemente anudada al desenlace judicial de Begoña.
Es cierto que el presidente no está investigado en el caso ni nada apunta a que vaya a estarlo (y ni siquiera su esposa está formalmente acusada en este momento).
Pero si bien la figuración de Sánchez en este sumario es puramente pasiva a nivel judicial, no lo es en el plano político, donde cabe exigirle cuentas por su aquiescencia y su responsabilidad interpuesta.
Porque Sánchez está también personalmente ligado a Carlos Barrabés.
La estrecha relación del matrimonio con el empresario socio de Gómez está documentada. Y Sánchez elogió públicamente a la empresa de Barrabés mientras su mujer emitía cartas de recomendación en su favor y hacía negocios con él para su Cátedra de Transformación Social Competitiva.
El presidente ha quedado políticamente acorralado, una vez que cobra cuerpo la misma lógica que enunció Feijóo: Sánchez debe dimitir «no porque esté rodeado de corrupción, sino porque es imposible que los presuntos delincuentes que lo rodean hubiesen delinquido sin él».
A la luz de esta relación familiar fundamental apuntada por Peinado, si Begoña acabase compareciendo ante un jurado popular, cabe decir que Sánchez también se sentaría en el banquillo como avatar.
Y sería irónico que un presidente remiso a acudir a las urnas para recabar el veredicto popular terminase enfrentándose al veredicto de un jurado popular.
Por ello, Sánchez no puede dar pie a que se llegue a esa situación tan anómala.
Porque ya se encuentra de hecho en una posición sin precedentes en la historia de las democracias.
Homólogos suyos como Antonio Costa dimitieron por sospechas mucho menos graves.
Y el propio Sánchez obligó a dimitir a algunos de su ministros por irregularidades administrativas y éticas nimias en comparación, como fueron los casos de Maxim Huerta y Carmen Montón.
Pero el antecedente con el que cabe trazar una extrapolación más fidedigna es la exigencia de responsabilidades políticas a José Luis Ábalos, por los abusos presuntamente cometidos por su asesor. Cuando se le pidió a Ábalos el acta y se le abrió un expediente de expulsión del partido, Koldo estaba una situación procesal idéntica a la de Begoña Gómez.
Lo que quiere decir que Sánchez no se aplica a sí mismo el baremo ético que emplea para los demás.
Algo que resulta aún más impresentable cuando el propio presidente ha considerado que es insostenible que Isabel Díaz Ayuso siga en su cargo mientras su novio se sienta en el banquillo.
Con mucho más motivo debería aplicárselo él, cuando, a diferencia de lo que sucede en su caso, las actividades profesionales de González Amador no guardaban ninguna relación con la condición de presidenta de la Comunidad de Madrid de Ayuso.
El señalamiento de Peinado reviste mucha más importancia si se toma en cuenta que sucede al informe de la UCO de este lunes, que desveló más de 120 correos de la asistenta de Begoña Gómez en los que realizaba gestiones económicas para su cátedra con hasta 16 empresas y entidades.
Con independencia de que Gómez resulte inocente o culpable del cuadro de actividades que progresivamente se va reconstruyendo, lo que está claro es que su conducta fue indecente.
Porque no es tolerable que la esposa del presidente se dedique a hacer negocios con dinero público. Incluso aunque no percibiese dinero de estas actividades, al igual que los procesados por malversación del procés tampoco se enriquecieron directamente y a título personal. Lo cierto es que Begoña no hubiera podido por sus propios medios financiar una cátedra que le rindió en términos de prestigio y oportunidades profesionales.
Después de este auto, Sánchez ha quedado colocado en la picota. Y una eventual sentencia condenatoria a Begoña Gómez no la podría soportar ni siquiera un presidente tan insensible a la asunción de responsabilidades como él.