Pedro Sánchez tiene —esta vez sí— un grave problema. Firmó con Pablo Iglesias un pacto de coalición de 50 folios (diciembre de 2019) que detallaba un programa para la legislatura a ejecutar por el Consejo de Ministros con el apoyo parlamentario del PSOE y Unidas Podemos. Entre los primeros puntos de ese acuerdo, estaba el siguiente:

“1.3.- Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012.

Impulsaremos en el marco del diálogo social la protección de las personas trabajadoras y recuperaremos el papel de los convenios colectivos. 

En concreto y con carácter urgente:

• Derogaremos la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad.
• Derogaremos las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo.
• Derogaremos la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales.

Asimismo,

• Modificaremos el art. 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre contratación y subcontratación laboral a efectos de limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa.
• Limitaremos la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa.
• Revisaremos el mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos, orientándolo a descuelgue salarial vinculado a causas económicas graves”.

Nótese que la redacción precedente huye de cualquier eufemismo, es concreta, precisa y terminante. Se utiliza en cuatro ocasiones el verbo derogar que, según el diccionario de la Real Academia Española, significa “dejar sin efecto una norma vigente”. 

El 20 de mayo de 2020, el PSOE (Adriana Lastra), Unidas Podemos (Pablo Echenique) y EH Bildu (Mertxe Aizpurua) suscribieron en el Congreso un acuerdo cuyo primer punto de los tres en que se articula dice: 

“Las fuerzas políticas que suscriben este acuerdo se comprometen a derogar de manera íntegra la reforma laboral del año 2012 impulsada por el Partido Popular. La derogación deberá ser efectiva antes de la finalización de las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno en materia económica y laboral derivadas de la crisis originada por el covid-19”.

En enero y marzo de 2020, respectivamente, mediante los correspondientes reales decretos firmados por el Rey, a propuesta del presidente del Gobierno, Yolanda Díaz fue nombrada ministra de Trabajo y vicepresidenta tercera. Por una disposición similar, en el mes de junio pasado, fue designada, también a propuesta de Pedro Sánchez, vicepresidenta segunda como consecuencia de la dimisión de Pablo Iglesias. 

Según la Ley de Gobierno de 1997, en su artículo 4, los ministros “como titulares de sus departamentos, tienen competencia y responsabilidad en la esfera específica de su actuación”, y les corresponde entre otras funciones la de “desarrollar la acción del Gobierno en el ámbito de su departamento, de conformidad con los acuerdos adoptados en Consejo de Ministros o con las directrices del presidente del Gobierno”.

Yolanda Díaz se hizo cargo del Ministerio de Trabajo —el más importante de los que cedió Sánchez a Unidas Podemos— con la expectativa de cumplir el punto 1.3 del pacto de coalición. Su gestión tiene dos límites de naturaleza legal: debe desempeñarla bajo “las directrices del presidente del Gobierno” y siendo consciente de que al Consejo de Ministros le corresponde aprobar “los proyectos de ley” (artículo 5º de la Ley de Gobierno). 

La vicepresidencia que Díaz ostenta —y también la de Nadia Calviño— no tiene contenido competencial concreto y el estatuto de sus facultades es el que confiera el presidente del Gobierno, que hasta el momento no ha dictado ninguna resolución al respecto, salvo la encomienda a la responsable de Economía y Transición Digital de la presidencia de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, de la que forma parte la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, según establece el artículo 2º del texto consolidado del real decreto de 25 de febrero de 2020. Esta y las demás comisiones delegadas tienen una función coordinadora, de tal manera que habilitan a Nadia Calviño para conocer y opinar sobre iniciativas del Ministerio de Trabajo.

Ni las directrices que marque el presidente del Gobierno, ni las facultades coordinadoras de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ni las facultades últimas de aprobar los proyectos de ley que corresponden al Consejo de Ministros permiten —ni en todo ni en parte— desconocer el carácter imperativo del pacto de coalición gubernamental, reiterado en el Congreso por los dos partidos que la forman y con EH Bildu. 

Por todas estas razones evidentes, Yolanda Díaz tiene razón: debe plantearse al Congreso de los Diputados la derogación de la reforma laboral de 2012 y solo si los partidos firmantes reforman su acuerdo en este punto, por circunstancias sobrevenidas, cabría el desistimiento al que, por el momento, no están dispuestos Yolanda Díaz, ni los sindicatos, ni Podemos ni Izquierda Unida. Pedro Sánchez podría aducir la cláusula ‘sic rebus stantibus’, a tenor de la cual el pacto entre él y Pablo Iglesias es ejecutable de no sobrevenir circunstancias que alteren el contexto en que se suscribió, como, por ejemplo, la pandemia y, como consecuencia, las exigencias de la Unión Europea que no están alineadas con la derogación completa de la reforma laboral de 2012, aunque acepta la supresión de los aspectos más “lesivos” de aquella normativa. Ocurre que Adriana Lastra reiteró el compromiso de la derogación —mayo de 2020— en pleno confinamiento por el coronavirus.

Efectivamente, esta es la crisis más importante de cuantas ha padecido la coalición gubernamental, porque afecta al ADN de la izquierda morada. La razón asiste a la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda y no al presidente ni al PSOE, salvo reforma del pacto de coalición. Y si esta no se produce y no se ejecuta el acuerdo de diciembre de 2019, tanto Sánchez como la ejecutiva del PSOE tendrían que ofrecer a sus socios —entre ellos, EH Bildu— una convincente explicación. Por su parte, Díaz debe aclarar si asumió o no algún compromiso con la Comisión Europea para pasar de la derogación íntegra de la reforma laboral a una modificación de sus aspectos más “lesivos”. ‘Pacta sunt servanda’. O sea: lo pactado debe ser cumplido. Es lo que tienen la audacia temeraria, la improvisación y la precipitación. Casi nunca acaba bien lo que mal empieza.