Juan Mari Gastaca, EL PAÍS, 20/3/12
En Euskadi, la vida política se judicializa en demasiadas ocasiones. Ahora mismo, el caso Melchor Gil, consecuencia directa de las irregularidades tributarias de este cualificado dirigente del socialismo vasco y cuñado del lehendakari, Patxi López, ha venido para quedarse. Lo hace en pleno debate sobre el fraude fiscal en Euskadi que enfrenta al Gobierno vasco y la Diputación de Bizkaia y precedido de una intencionada filtración cuando ya se otean las elecciones autonómicas.
Precisamente las dudas sobre la procedencia del dinero (417.000 euros) que Gil empleó en completar el pago de su chalé, de un lado, y el origen de la divulgación del dossier que contiene la investigación de Hacienda, de otro, sustentan la investigación pendiente de esta encendida polémica que vuelve a enfrentar políticamente a PNVy PSE-EE, quizá con más crudeza que nunca y a la que se ha incorporado el propio lehendakari desde India, donde permanece al frente de una delegación empresarial.
Es evidente que con el estallido del caso Gil, el PNV traslada a los socialistas el profundo desgaste que viene sufriendo desde 2010 por la supuesta corrupción de varios de sus dirigentes alaveses en los procesos judiciales relacionados especialmente con las actuaciones de Alfredo de Miguel y Aitor Telleria, que, incluso, han sido objeto de una comisión de investigación en el propio Parlamento. De hecho, no es aventurado afirmar que este nuevo escándalo en el debate político complica, precisamente en un inoportuno momento de debilidad, el discurso regeneracionista del PSE-EE a nivel de calle, al margen de que se llegue a una resolución absolutoria desde la justicia.
Nunca, pero menos en tiempos de crisis, es admisible que un político birle sus obligaciones tributarias. Menos aún, que no explique sin sombra alguna la procedencia de sus ingresos. Melchor Gil lo debería aclarar voluntariamente o por indicación de sus superiores en el PSE-EE. A partir de esta sincera declaración cobraría mucha más solvencia su justificada petición de responsabilidades en la filtración de su relación con Hacienda como ciudadano libre y con derecho garantizado a la privacidad que ha visto mancillarse.
Mientras Gil resuelve su ecuación, la Diputación de Bizkaia debe solventar las lógicas dudas sobre cómo pueden salir de los ordenadores de Hacienda una exhaustiva investigación de 400 folios para su entrega a tres medios de comunicación sin que nadie repare en que se está cometiendo un delito contra la protección de datos. Llegados a este punto, cada una de las dos partes implicadas tienen una responsabilidad muy concreta que cumplir y una explicación convincente que ofrecer. Es de justicia exigirles desde un compromiso ético una respuesta tan urgente como esclarecedora a ambas partes que les impida refugiarse ni en corporativismos ni en enroques partidistas. La Fiscalía, por su parte, ya sabrá cuál es su obligación.
Juan Mari Gastaca, EL PAÍS, 20/3/12