Prácticamente todos los eurodiputados asistentes al pleno de ayer en Estrasburgo (625 de 628, con un solo voto en contra) respaldaron la destitución de Eva Kaili —griega, socialista y bien parecida— como vicepresidenta del Parlamento Europeo. La desvergonzada había defendido al régimen teocrático de Qatar antes de saberse que cobraba en negro por predicar desde la tribuna del hemiciclo los avances de ese país en materia de derechos laborales. 

Lo ocurrido en el PE, tras la detección de la consabida trama de sobornos en torno a Kaili, es un espejo de cómo las instituciones pueden degradarse por el comportamiento personal de quienes las representan. O de cómo pueden reforzarse si la reacción es rápida, inequívoca y ejemplarizante. 

En el caso de los sobornos en el PE, se ve cómo las instituciones pueden degradarse por el comportamiento de quienes las representan 

Lo segundo se desprende de las contundentes decisiones tomadas en estado de “furia, enfado y dolor” (presidenta Roberta Metsola dixit) por los sumos sacerdotes del templo de la democracia en Europa para sacar del cesto las manzanas podridas. Sin que el fuero de la institución se haya resentido por haber sido registrada de madrugada por la Fiscalía y la policía de Bélgica.

Ni un paso atrás frente a la corrupción. Allí o aquí. Desde la corrupción más grosera, que representa esa pillada del padre de Kaili con una maleta cargada de billetes a las puertas de un hotel, hasta la más sofisticada, la que se inspira en la sed de poder. Es nuestro caso. Encarna en los calculados planes del Gobierno para aliviar como sea la penitencia judicial impuesta a los dirigentes del procés. Los que incurrieron en la peor de las corrupciones: meter la mano en la caja común para costear la demolición del orden constitucional.

Eso es peor que la malversación con ánimo de lucro. Robar dinero público para el bolsillo privado es un delito fácil de purgar. Más difícil es sanear un cesto cargado de objetores al Estado de derecho cuando los guardianes del prestigio de las instituciones tienen la voluntad de hacerlo. 

No tener esa voluntad da lugar a otra clase de corrupción, como es la de legislar ad hominen haciendo un Código Penal a medida de quienes se muestran dispuestos a incumplirlo, como ayer denunciaron dos renombrados dirigentes del PSOE, uno en activo, el presidente castellanomanchego, García-Page, y otro jubilado, el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra. 

Renombradas figuras del PSOE advierten de que las decisiones de Sánchez pueden dañar la credibilidad de las instituciones 

Ítem más, me atrevo a anticipar que, aunque la reunión está convocada hace tiempo para celebrar el 40 aniversario de la barrida socialista del 82, ese asunto será el eje conversacional de los asistentes a la cena que hoy ofrecerán a Felipe González sus exministros, en un céntrico restaurante de Madrid.

Esas cualificadas voces del PSOE nos advierten del daño que los microgolpismos de Sánchez (arriesgadas decisiones que llegan al BOE por atajos poco vigilados) pueden causar a la credibilidad de las instituciones. Pero, a diferencia de lo ocurrido en la Eurocámara, donde su presidenta y todos los grupos (incluido el socialista, que es el concernido) han reaccionado al unísono contra las prácticas corruptas de un grupo de eurodiputados y asistentes comprados por el régimen catarí, aquí, por desgracia, tenemos una clase política partida en dos. 

Una mitad piensa que las apresuradas reformas que están a punto de salir del telar parlamentario arruinarán la confianza de los ciudadanos en las instituciones, degradadas por las luchas partidistas. Por el contrario, la otra, la que gira interesadamente en torno al Gobierno PSOE-UP, vende estabilidad de país y pacificación del llamado conflicto catalán. Me temo que con escaso fundamento.