El caso Martín Villa

Las instituciones pueden desprestigiarse de muchas maneras pero una es la principal: haciéndolo mal, equivocándose de forma palmaria y flagrante, a la vista de todos. La juez argentina María Servini, al perseguir judicialmente a Rodolfo Martín Villa no sólo contribuye a desprestigiar al poder judicial sino, muy especialmente, y por desgracia, al procedimiento de jurisdicción universal.

La finalidad de este procedimiento es que los responsables de delitos contra la humanidad no queden impunes al escapar el responsable a un estado extranjero para evitar que la justicia de su país le condene. Naturalmente, siempre encontrarán naciones en las cuales no alcance este procedimiento al no ser independiente el poder judicial de los demás poderes. Sátrapas y torturadores dictatoriales son acogidos todavía en muchas partes del mundo con sistemas no democráticos y allí se establecen durante lo que les queda de vida. Pero al menos no pueden residir en los países políticamente más avanzados, los más ricos, cultos y cómodos para vivir, cuyos jueces pueden atender las reclamaciones judiciales de magistrados de otro país y procesarlos siempre que estas peticiones tengan un basamento jurídico sólido.

El nuevo principio de jurisdicción universal es de gran importancia y se adapta a la actual realidad porque impide que existan espacios de inmunidad para delitos que antes quedaban impunes al no poder ser perseguidos judicialmente los presuntos culpables. Pero tal como decíamos al principio, si se hace un mal uso de esta vía, su deterioro y desgaste está próximo porque queda desprestigiada y pasa a convertirse en una pieza procesal que a la larga será inane e inservible al no poder ser tomada en serio —desde un punto de vista jurisdiccional— por haberse transformado en un arma política más.

Esto es lo que sucede con el caso Martín Villa, uno de los políticos que más contribuyó a que el tránsito pacífico del franquismo a la democracia fuera un éxito. Culpabilizándolo a él, se desprestigia a toda la etapa de la transición y se deslegitima a nuestra actual democracia constitucional. No puede encontrarse otro motivo a esta inicua persecución judicial, ya que hacerle responsable penal de los evidentes excesos policiales en Vitoria el año 1976 cuando era ministro de Relaciones Sindicales, u otras acusaciones sin fundamento, no tiene sentido alguno al menos jurídicamente hablando. Es más, se llega incluso a la grotesca acusación de culpar a Martín Villa de haber participado en un “plan para aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de Gobierno a través de la eliminación física de sus más representativos exponentes”.

La juez Servini haría un buen servicio al Derecho, al poder judicial y, más en concreto, al procedimiento de jurisdicción universal, si diera carpetazo al asunto y lo archivara.