- El escándalo se ha montado en la recta final de la campaña de Aragón para equilibrar el destrozo que el caso Salazar ha causado al PSOE y a su candidata
No estoy en condiciones de juzgar lo ocurrido entre el alcalde de Móstoles y la concejal que le ha denunciado por acoso; eso corresponde a los tribunales de justicia. Sin embargo, El País ya ha sentenciado al político del PP como antes el diario de Ignacio Escolar sentenció a Julio Iglesias por otra denuncia que la Justicia acabó desestimando. Ambos casos, y muchos otros antes, han sido jaleados por un coro de tricoteuses mediáticas que han antepuesto su corrección política al menor atisbo de respeto por la presunción de inocencia de los acusados.
En el episodio de Julio Iglesias destacó la mezquindad de la editorial que venía haciendo caja con una hagiografía del cantante; en cuestión de minutos se lanzó de cabeza al auto de fe contra él y emitió un comunicado tan cobarde como ruin. Hay que agradecer al Partido Popular de Madrid que en este asunto no haya hecho lo mismo a pesar de las presiones. Por la vía de los hechos, el PP está enterrando el famoso mantra del «hermana, yo sí te creo», una aberración que liquidó los principios de presunción de inocencia y de igualdad de los ciudadanos ante la ley.
Cuando los progres del mundo se preguntan contritos qué ha pasado para que se esté produciendo este volantazo global hacia la derecha, deberían apuntar entre sus causas tanto los excesos del #metoo como la hipocresía de la izquierda con el discurso feminista. En estos años se han perpetrado multitud de injusticias irreparables en la reputación de hombres conocidos o anónimos, pero además hemos comprobado cómo los prebostes de la izquierda eran los primeros en caer en las conductas que tanto censuraban, mientras sus aguerridas compañeras feministas se convertían en sumisas encubridoras de esos abusos. La imagen del compadreo de Pilar Alegría con Paco Salazar y las mentiras que ha ido encadenando para justificar ese encuentro son el mejor ejemplo de esa doble moral.
El caso Salazar, como los prostíbulos del suegro de Sánchez o la afición de Ábalos y del Tito Berni al sexo de pago, hace mucho daño al PSOE porque tritura la impostura de su grandilocuente discurso feminista. Pero ese feminismo de pancarta y confrontación nunca fue la bandera del PP. A los populares, por el contrario, les refuerza entre su base electoral la defensa de la presunción de inocencia y más aún la negativa a someterse a los dictados de quienes tanta hipocresía han desplegado con este asunto. Es posible que en un futuro el alcalde de Móstoles resulte condenado por este caso, pero será la Justicia y no el diario El País o el PSOE quienes así lo dictaminen.
Es evidente que el escándalo de Móstoles se ha montado en la recta final de la campaña de Aragón para intentar equilibrar el destrozo que el caso Salazar ha causado al PSOE y a su candidata. Más allá de las diferencias entre un caso y otro se ha pretendido imponer al PP una respuesta al escándalo basada en los cánones de la izquierda, obligarle a asumir el principio del «hermana, yo sí te creo» y someterle a la perversión de que una simple denuncia se convierta de manera automática en una condena civil. Por eso resulta tan estimulante ese atisbo de rebeldía, no en defensa del alcalde denunciado, sino de una visión de la vida y de la sociedad distinta de la que siempre pretende imponer la izquierda.