El lunes 16 supimos que el titular del Juzgado de Instrucción nº 29 de Barcelona, Santiago García, ha admitido a trámite la querella originariamente presentada en junio de 2022 por el presidente de la Generalidad, Pere Aragonès, por el espionaje del que habría sido objeto por aquel entonces con el programa Pegasus, y nos enteramos, la auténtica bomba, de que ha citado como investigada a la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban, que fue fulminantemente cesada en la turbamulta de aquel escándalo por Pedro Sánchez en mayo de 2022. En su auto, el titular del Juzgado sostiene que los hechos denunciados (intromisión no autorizada en equipos informáticos, interceptación ilegal de comunicaciones, espionaje informático y contra los derechos fundamentales), presentan características que “hacen presumir la posible existencia de infracciones penales” y cita a Esteban a declarar para el 13 de diciembre, justamente el mismo día en que Aragonés deberá comparecer también para ratificarse en su querella. Conviene aclarar que en junio del 22 y a instancias de la Fiscalía, el juez García se inhibió ante la Audiencia Nacional al considerarla competente por ser el presidente catalán una institución del Estado. En junio de este año, sin embargo, la Audiencia de Barcelona revocó esa decisión y devolvió la querella al Juzgado 29, cuyo titular ha terminado por asumir el caso. Llama la atención que el “suceso” ocurra en plenas negociaciones entre Sánchez y el separatismo catalán para su investidura, con la amnistía para unos delincuentes condenados por sentencia firme en el centro del debate. Nunca como ahora el Estado español lució tan absolutamente indefenso, víctima de un Gobierno que, en manos del separatismo, comparte las tesis de sus enemigos declarados.
Un poco de inevitable historia. El 18 de abril de 2022, el centro de investigación Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, publicó un informe titulado “CatalanGate Extensive Mercenary Spyware Operation against Catalans Using Pegasus and Candiru”, en el que se acusaba a España de haber espiado de forma ilegal al independentismo catalán. La publicación vino acompañada de una campaña de comunicación a gran escala, con artículos en periódicos tales como New Yorker o Washington Post, además de una serie de entrevistas en radio, prensa y televisión, en las que se declaraba culpable al Gobierno español y se presentaba como víctimas al nacionalismo catalán. Como es de imaginar, el nacionalismo montó el consiguiente pollo dispuesto a sacar rédito de su inveterado victimismo, amenazando a Sánchez con dejar caer su Gobierno si no daba explicaciones y cortaba cabezas. Y Sánchez, prisionero de la banda que lo sostiene en Moncloa, se apresuró a ponerse al servicio de los malos, destituyendo de forma fulminante a la directora del CNI, aunque el trofeo que perseguían los separatas era la cabeza de la ministra de Defensa, Margarita Robles, entidad de tutela de los servicios de inteligencia.
El nacionalismo montó el consiguiente pollo dispuesto a sacar rédito de su inveterado victimismo, amenazando a Sánchez con dejar caer su Gobierno si no daba explicaciones y cortaba cabezas
En cualquier democracia digna de tal nombre, el Gobierno hubiera puesto pies en pared denunciando lo que a todas luces pareció desde el principio una operación perfectamente orquestada entre el mencionado Citizen Lab y el separatismo catalán. Pero el Gobierno Sánchez calló de forma vergonzante (ver “Bolaños prefiere cerrar Pegasus con derrota”, Vozpópuli, 10 julio 2022), y a día de hoy no ha abierto la boca sobre un informe con limitaciones metodológicas, de sesgo y de falta de transparencia tan evidentes que hubieran llevado a cualquier observador independiente a sospechar la existencia de intereses bastardos no declarados detrás del mismo y de sus conclusiones. Consecuencia de ello, más de cien catedráticos y profesores de universidad firmaron el 5 de julio del pasado año una carta solicitando a la Universidad de Toronto la apertura de una investigación independiente, ante la sospecha de que Citizen Lab podría haber violado criterios básicos de la ética científica. Sorprendentemente, la citada Universidad rechazó estas peticiones y otras muchas, y desde entonces ha tapado, con evidente éxito, este escándalo académico. El 9 de marzo pasado, José Javier Olivas, profesor de Ciencias políticas de la UNED y doctor por la London School of Economics, el hombre que con mayor determinación ha investigado este fraude académico, presentó un libro-informe (disponible en abierto en la Red) en el que, a lo largo de más de 200 páginas, aporta pruebas y detalla una multitud de graves deficiencias, contradicciones, incómodas conexiones y falsos testimonios hallados en su investigación.
En los juzgados de Madrid y Barcelona duermen el sueño de los justos varias querellas de independentistas similares a la presentada por Aragonès y que ahora podrían cobrar vida tras la batería de diligencias que ha reclamado el juez García, un sevillano nacido en 1958 y miembro de la “progresista” asociación Jueces para la Democracia, que de cumplirse supondrían el desmantelamiento del CNI y la necesidad, por un futuro Gobierno de España, de levantar unos nuevos servicios de inteligencia dignos de tal nombre. Pide el juez García la “pertinente desclasificación” de documentación confidencial, protegida por la Ley de Secretos Oficiales, relativa a la autorización por el magistrado del Supremo responsable del control judicial del CNI sobre “el uso de software de control remoto, monitorización, balizamiento o cualquier fórmula de intervención de las comunicaciones de Aragonès”, así como la relación de las “concretas personas» que actuaron en nombre de este organismo en el proceso de encargo, compra y recepción del programa y su utilización para espiar al presidente catalán, entre otras demandas dirigidas a la Comisión Delegada de Asuntos de Inteligencia del Gobierno, al Tribunal de Cuentas y a la Intervención general del Estado, incluyendo incluso una Orden Europea de Investigación para que la empresa fabricante del software, con sede en Luxemburgo, aporte una retahíla de explicaciones.
Conviene recordar que es labor capital del CNI vigilar a los enemigos del orden constitucional para preservar la seguridad del Estado. El artículo 1 de la Ley 11/2002 reguladora de la institución fija sus tareas asegurando que “El Centro Nacional de Inteligencia es el Organismo público responsable de facilitar al Presidente del Gobierno y al Gobierno de la Nación las informaciones, análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones”. La independencia y la integridad territorial de España. Y el artículo único de la Ley Orgánica 2/2002 de la misma fecha establece el control judicial previo en los siguientes términos: “El Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia deberá solicitar al Magistrado del Tribunal Supremo competente, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial, autorización para la adopción de medidas que afecten a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones, siempre que tales medidas resulten necesarias para el cumplimiento de las funciones asignadas al Centro”. Y si es verdad, como el Gobierno terminó reconociendo, que el supuesto espionaje a los líderes independentistas se llevó a cabo de forma individual y con el correspondiente mandamiento judicial, entonces se acabó el caso.
Lo llamativo del asunto es que la base argumental del auto del juez Santiago García descansa en su integridad sobre el informe de Citizen Lab, al que el magistrado parece otorgar plena verosimilitud a pesar de las muchas evidencias en contra. La última, esta misma semana, miércoles 18 octubre, de la Autoridad de Transparencia de Ontario (Ontario Information and Privacy Commissioner), que acaba de nombrar un mediador para que resuelva las reiteradas peticiones del profesor Olivas en el sentido de que el grupo Citizen Lab, dependiente de la Universidad de Toronto, haga público qué personas, entidades y empresas financian su funcionamiento e investigaciones. Más llamativo aún es que, como este jueves contaban aquí Jorge Sáinz y Gema Huesca, el perito informático que avaló el espionaje del móvil de Aragonès en la querella contra la ex directora del CNI, participó en el informe “Caso Pegasus: vulneraciones de los derechos a la intimidad, la defensa y otros derechos” elaborado por el Síndic de Greuges catalán, una institución dependiente de la Generalidad. En efecto, la prueba pericial que justificaría la infección de su terminal con el software Pegasus está firmada por Eventia Digital SL, empresa que dirige José Navarro, un personaje que ha reconocido en un podcast del que es autor que “la mayoría de denuncias por Pegasus son falsos positivos”, y que “las historias de espías son la mitad fantasía y las otras se dan a un nivel que no es el suyo (el de las personas que se creen espiadas)”.
El Gobierno que resignadamente soportamos se cruza de brazos, mira hacia otro lado y consiente la derrota del Estado frente al separatismo sacrificando el prestigio de España y sus instituciones
El Gobierno -en funciones hasta que logre comprar su investidura- que resignadamente soportamos se cruza de brazos, mira hacia otro lado y consiente la derrota del Estado frente al separatismo sacrificando el prestigio de España y sus instituciones, cuando le resultaría muy fácil desbaratar con pruebas el montaje elaborado a medias entre el separatismo y sus amigos de la universidad de Toronto. Ni una palabra ha dicho Moncloa y sus amanuenses sobre la imputación de Paz Esteban. Sánchez la cesa en 2022 y año y pico después la lleva al banquillo, la entrega a los independentistas como parte de la dote de su investidura. La imputación de la ex directora del CNI y el práctico desmantelamiento de los servicios de inteligencia parecen, en efecto, parte del precio a pagar por la reelección del amo del PSOE. El susodicho guarda silencio. Lo viene haciendo desde que se descubrió que también el software Pegasus había servido para infectar su móvil y el de tres de sus ministros. Aquello lo archivó el juez José Luis Calama de la AN por “la absoluta falta de cooperación del Gobierno de Israel” en el esclarecimiento del caso. Ahora, la crisis diplomática con el Estado hebreo ha enterrado cualquier opción de averiguar quién infectó el móvil de Sánchez (Gonzalo Araluce y Gema Huesca, Vozpópuli, 19 de octubre), y qué había en las más de 2 Gigas de información en poder de varios servicios secretos, entre ellos, naturalmente, el de Marruecos.
Un alivio para Sánchez, un tipo que vive de esconder sus miserias con una exhibición de desparpajo nunca vista. Pero Paz Esteban lo sabe. Lo sabía el CNI, donde las razones para el sorprendente reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental son un secreto a voces. “Este es un Gobierno sometido al chantaje de otro Gobierno”, avisó en su momento la afectada a quien tenía que saberlo, naturalmente también al nuevo líder del primer partido de la oposición. Y Pedro sabe que Paz lo sabe. En abril de este año, meses antes de las sorprendentes vacaciones presidenciales, en el CNI estaban al tanto de que Sánchez pasaría parte de sus vacaciones de verano en Marruecos, el último lugar del mundo al que un presidente de Gobierno le gustaría viajar en pleno agosto. Mohamed VI había presumido del asunto ante sus amigos los hermanos Azaitar, en su residencia de descanso de Gabón: “A este pollo le vamos a hacer venir de vacaciones a Marruecos este verano, lo que pasa es que él todavía no lo sabe…” Y fue una agencia de noticias marroquí la que dejó testimonio gráfico del evento, aquella gorrilla a lo Esteso, para que el chulapo no se escapara vivo. Paz Esteban lo sabía. Razón por la cual la ex del CNI está sondeando a varios bufetes de abogados independientes para que lleven su defensa en la causa que instruye el juez “progresista” García, porque no se fía un pelo de la Abogacía del Estado, que es quien debería encargarse de la tarea.
Un presidente sometido al chantaje interior de sus socios y al exterior del rey de Marruecos, que no parece haber adquirido compromiso alguno a cambio de los regalos de Moncloa
Un presidente sometido al chantaje interior de sus socios y al exterior del rey de Marruecos, que no parece haber adquirido compromiso alguno –en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla o en las Canarias- a cambio de los regalos de Moncloa. ¿Qué había en el móvil del presidente? “Un solo día, apenas 24 horas, de móvil de un presidente del Gobierno y te aseguro que ahí hay material para hacerle dimitir en 5 minutos, pero encuentras de todo, órdenes, amenazas, proyectos, comentarios denigrantes…”, asegura una fuente conocedora de lo que se cuece en presidencia. Sánchez calla. Ahora mismo no puede resultar más llamativo, por inaceptable, el silencio que rodea la compra de los 7 votos de Junts que necesita para ser investido, un silencio que demuestra el desprecio que el sujeto siente por los usos y costumbre de una sociedad democrática. Silencio a la hora de siquiera desautorizar, no hablemos de destituir, a las ministras antisemitas de su Gobierno; silencio sepulcral ante el rey Mohamed VI, y silencio rehén ante sus socios separatistas, a quienes este perfecto amoral está empeñado en insuflar vida en uno de sus momentos más bajos. Lo reconocía esta misma semana un Jordi Pujol muy cascado en confidencia íntima: “la independencia es un disparate. Yo soy primero catalán; después español, por obligación y conveniencia, y finalmente europeo. A nosotros nunca nos puede ir bien solos, y de hecho a Cataluña le va bien cuando a España le va bien, pero Mas interpretó mal aquella gran manifestación de la Diada y se metió en un callejón sin salida. Y sí, la amnistía está bien, pero eso no es lo importante, como tampoco las inversiones que pueda hacer el Estado en esto o aquello. Lo importante para Cataluña es la identidad y la identidad descansa en una cosa: la lengua propia. Es el hecho diferencial que tenemos que defender a toda costa”. Sánchez o la rendición del Estado.