En primer lugar, el Ejecutivo ha sucumbido a la presión social y ha tenido que dar marcha atrás en su intención de enviar a Soria al Banco Mundial. Una decisión que, como ya hemos comentado en este periódico, se había tomado hacía semanas, aunque se conoció nada más terminar el debate de investidura de Mariano Rajoy. Al final, el escándalo que provocó esa desafortunada iniciativa obligó a sustituir a Soria por Fernando Jiménez Latorre, que fue secretario de Estado con Luis de Guindos en la primera legislatura de Rajoy. En definitiva, la sociedad ya no acepta que no se gobierne con prudencia.
La segunda evidencia es que, por primera vez, desde 2011, el PP ha palpado en sus carnes que ya no tiene la mayoría absoluta en el Parlamento. Esta semana perdió una importante votación en la Mesa y la oposición consiguió la convocatoria de un Pleno «urgente» para que el Gobierno explique el caso Soria ante todos los diputados. Al final, será Luis de Guindos quien comparezca en la Comisión de Economía, porque el Ejecutivo mantiene que mientras esté en funciones no debe comparecer ante un Congreso que no le ha otorgado la confianza. Sea de una u otra forma, va a tener que dar explicaciones, algo que no va a ser precisamente agradable.
Y a la vez que el PP es consciente de que está en minoría, la oposición también ha comprobado que tiene mayoría en el Congreso. En este sentido, ha sido significativo que Ciudadanos se haya sumado al resto de partidos para pedir la convocatoria de comparecencia del Ejecutivo sobre la propuesta de enviar a Soria al Banco Mundial. Es como si, de repente, los partidos hubieran caído en la cuenta de que el Parlamento es el instrumento esencial de control político del Gobierno. Y eso es bueno para la democracia.
Hay que recordar las palabras del Rey en el discurso de Navidad del año pasado, que con toda intención repitió el pasado 3 de septiembre, tras ser informado de la fallida investidura de Rajoy: «La pluralidad política, expresada en las urnas, conlleva una forma de ejercer la política basada en el diálogo, la concertación y el compromiso, con la finalidad de tomar las mejores decisiones que resuelvan los problemas de los ciudadanos».
La situación de interinidad del Gobierno, el cansancio de algunos ministros y la incertidumbre sobre su futuro ha influido, sin duda, en las divisiones que han salido a la luz esta semana. Y aunque en el Ejecutivo la contestación a la promoción de Soria no ha sido pública, también han habido discrepancias. Resulta significativo que la vicepresidenta se negara a responder a ninguna pregunta sobre ese nombramiento el pasado viernes, escudándose en que será Luis de Guindos quien las conteste. Ello refleja que se han ido agrandando las fisuras que el propio Guindos refleja en sus memorias, cuando comenta que hace dos años algunos miembros del Gobierno no entendieron que enviara a la Fiscalía, como era su obligación, el uso de las tarjetas black por directivos de Caja Madrid, Rodrigo Rato incluido.
Un deterioro de las relaciones personales y una falta de cohesión que se han ido agudizando por la propia ausencia de gestión –no hay objetivos externos por los que luchar–, a lo que se suma que los ministros no saben cuándo va a acabar esta larga etapa de interinidad. En estas condiciones, es explicable la reprimenda que acaba de llegar a España desde distintas instancias comunitarias porque la inacción política está frenando la recuperación económica. Otra razón más para llamar a la responsabilidad a los líderes políticos y para pedirles que salgan de su empecinamiento y lleguen a acuerdos que impidan la insensatez de las terceras elecciones en menos de un año. España necesita un Gobierno con una mayoría parlamentaria suficiente para afrontar con determinación los retos políticos y económicos que tiene pendiente.