EL MUNDO 05/03/14
· Biurrun pretendía estar en una comisión promovida por PNV y la ‘izquierda abertzale’.
La magistrada del Tribunal Superior del País Vasco Garbiñe Biurrun tiene ocho días para optar entre su cargo judicial y su puesto de miembro de la «Comisión del Foro Social para el impulso del proceso de paz», un organismo promovido por la izquierda abertzale con el apoyo del PNV y que pretende implementar «recomendaciones» sobre el denominado proceso de paz.
Así lo decidió ayer la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial en respuesta a la petición de Biurrun de que se la autorizase a participar en esa comisión mientras continúa ejerciendo su cargo de presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior vasco (TSJPV). El órgano de gobierno de los jueces considera que la integración de Biurrun en la citada comisión es una actividad «incompatible» con su condición de magistrada, ya que «entraña un asesoramiento jurídico prohibido» que puede comprometer la imagen de independencia e imparcialidad del Poder Judicial.
El acuerdo fue adoptado con el único voto en blanco de Mercè Pigem y se ha basado en un contundente informe del Servicio de Personal del CGPJ que contradice lo afirmado por Biurrun en su petición de compatibilidad.
Según la magistrada, su integración en la «Comisión del Foro Social para el impulso del proceso de paz» –ya producida, a tenor de la información proporcionada por el propio organismo– «no supone labor alguna de asesoramiento jurídico, sino de mera participación ciudadana y de carácter estrictamente privado en el llamado proceso de paz».
El informe técnico señala que «a pesar de lo manifestado por la solicitante de que su nombramiento lo ha sido como persona influyente o conocida en la sociedad vasca, la página web del Foro Social la identifica como juez y presidenta de la Sala de lo Social del País Vasco».
Entiende, además, que en esa comisión sí se desarrolla una labor de asesoramiento jurídico ya que, de acuerdo con la misma web, ese organismo tiene por objeto implementar las recomendaciones del Foro Social y éste «tiene entre sus fines, y por ende la comisión, establecer un marco de negociación entre ETA y Estados e instituciones; adecuar la legalidad vigente aplicando una justicia transicional que dé solución a las ‘personas presas y huidas’; la implementación de reformas legislativas; la redimensión del número y función de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; la modificación de aspectos de la política penitenciaria, etc».
«Todas estas actividades», concluye, «entrañan necesariamente un asesoramiento jurídico a las partes intervinientes, máxime cuando se habla de posibles reformas legales, marco jurídico de presos y huidos o aplicación de justicia transicional».
El informe señala la necesidad de «evitar situaciones que comprometan la independencia de los jueces entrando en un debate extraño al ejercicio de su función».
EL MUNDO 05/03/14