Será mañana cuando Pedro Sánchez deberá pasar la primera gran prueba de su incierta legislatura en el Congreso de los Diputados. Las calabazas anunciadas de Puigdemont le ha puesto en un apuro a la hora de convalidar tres decretos relevantes. Primer toque de atención del socio, y sin embargo prófugo de la justicia, que sólo entiende la extorsión como método de negociación. Que el presidente se vaya acostumbrando a que su mandato no va a ser un camino de rosas. Como Sánchez, desde su extrema debilidad parlamentaria, necesita a todos sus socios todo el tiempo, desde Junts se suben al podio para dejar constancia de que va a tenerse que ganar cada votación a pulso. Un aviso para recordar al Gobierno español que no puede dar nada por hecho y, de paso, diferenciarse de sus rivales de ERC que bastante «pasteleros» han estado con el Gobierno, según Junts. Venían avisando desde la semana pasada. Se habían mostrado contrarios a validar una regulación legislativa tan diversa en una sola norma. Es, sobre todo, en el decreto ‘omnibus’ sobre Justicia, función local y mecenazgo (que, en palabras de Miriam Nogueras, se trata de una ley «macedonia») donde ponen pegas. La posibilidad de que, con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil se dé instrumentos a la justicia para dilatar la aplicación de la amnistía.

Desde Podemos tampoco se lo están poniendo fácil al Gobierno así es que sólo le quedaba el PP. Y han pinchado en hueso. No porque Feijóo les haya recibido con un ‘no’ de entrada sino porque los socialistas no aceptan las condiciones de los populares para abstenerse y salvar los tres decretos. Seguramente si la deflactación de la tarifa del IRPF a las personas con ingresos inferiores a 40.000 euros, la bajada del IVA a la carne, pescado y conservas y la rebaja fiscal a la luz y el gas para las rentas más bajas lo hubiera planteado Puigdemont, la vicepresidenta Montero no habría dicho que esas premisas no cumplen las recomendaciones de la Unión Europea. Pero, como las condiciones vienen del PP, su oferta no tiene validez.

La Moncloa aplica la parte ancha del embudo para sus socios secesionistas. Por eso sus portavoces miden las palabras, controlan sus expresiones (para este frente dejan reposar a Óscar Puente) y utilizan el mantra del «diálogo» como sinónimo de «chantaje». Lo que está haciendo Puigdemont para la vicepresidenta Montero no es una extorsión sino un diálogo abierto y, por supuesto, democrático. Puigdemont se ha afianzado como líder de una parte de la casta política secesionista catalana a la que Pedro Sánchez ha dado legitimidad. Como lo tiene en su mano, le irá apretando la soga cada vez que le convenga. ¿Qué ocurrirá si los decretos no se aprueban? Que decaerán y tendrán que volver a empezar. Con las reformas que le plazcan al chantajista Puigdemont. ¿Un aviso o un farol? Todavía hay margen para frenar la primera derrota parlamentaria de este gobierno. El problema es el de siempre: el precio. Qué otra factura habrá que pagar en la siguiente claudicación.