ABC 05/06/16
EDITORIAL
CERCA de 200 okupas intentaron ayer asaltar de nuevo por la fuerza (cinco de ellos lo consiguieron) la sucursal bancaria clausurada en el barrio de Gracia de Barcelona, causando enfrentamientos con los Mossos y con algunos vecinos hartos de la alteración sistemática del orden público. La permisividad frente a los abusos de este colectivo, cuyo único objetivo es invadir ilegalmente una propiedad privada, y la incapacidad de las autoridades municipales para resolver este conflicto son inadmisibles. La sensación de que unos chantajistas campan a sus anchas sin importar el cumplimiento de la legalidad ya raya en la prevaricación. La alcaldesa, Ada Colau, puede tener todas las muestras de simpatía y aprecio que quiera por el colectivo okupa, como ha demostrado en innumerables ocasiones, pero su cargo le obliga al cumplimiento estricto de la ley, a garantizar la seguridad de los vecinos y comerciantes de la zona y a impedir cualquier tipo de provocación por parte de un colectivo al que no le asiste razón alguna. Ni jurídica ni sociológica. No es un derecho de nadie adueñarse de lo que no es suyo. Y en esto el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, como máximo responsable político de los Mossos, está ya incurriendo en una dejación de funciones alarmante. Tanto como el anterior alcalde, Xavier Trias, quien pagó durante meses el local con dinero público para que los okupas no le causaran problemas en su candidatura a la reelección. Lo que está ocurriendo en el barrio de Gracia es inadmisible porque ni se garantizan los derechos del propietario ni se protege a los empresarios del barrio, que cada día ven reducida su clientela por miedo a los disturbios y al vandalismo callejero. No es hora de poner más paños calientes ni de hacer más concesiones a unos chantajistas, sino de zanjar cualquier intento de okupación masiva por los cauces que establecen las normas municipales y el Código Penal, que Colau ha prometido cumplir. Así de sencillo.