TONIA ETXARRI-EL CORREO

No suelen gozar de buena prensa los negociados subvencionados con fines camuflados. Pero, en tiempo de pandemia y ERTE, ahogados por los impuestos en plena incertidumbre económica, los chiringuitos provocan algo más que recelos. Indignación por un derroche de dinero público destinado a grupos que apoyan regímenes dictatoriales como el caso de la asociación Euskadi-Cuba y su web de propaganda. Casi cuatro millones de euros de subvención, durante siete años, destinados a este chiringuito han hecho saltar todas las alarmas a raíz de la presentación de una querella personal del presidente de la ONG Prisoners Defenders, Javier Larrondo, contra la asociación beneficiada y su web por haber sido objeto de «calumnias, injurias y delito de odio».

El pulso entre la ONG denunciante y la asociación procubana viene de lejos. Pero tirando del ovillo, la denuncia del presidente de Prisoners Defenders contra el coordinador de la web de la asociación Euskadi-Cuba nos ha conducido hasta la subvención de un grupo camuflado bajo intereses sociales de defensa del «empoderamiento de las mujeres en el programa de frutales para enfrentar el cambio climático en ecosistemas frágiles» cuyo objetivo no es otro, según el denunciante, que la contrainformación de las críticas al régimen castrista. Por eso, independientemente de que la asociación y su web cumplan con los requisitos legales para solicitar ayudas, da la impresión de que en el Gobierno vasco no han funcionado los resortes necesarios para ejercer un control y seguimiento de todo aquel que se acerca a la administración para vivir del negocio.

El dedo en la llaga lo ha vuelto a poner Iñaki Anasagasti. El verso suelto del PNV en políticas relacionadas con Venezuela o Cuba se hace la pregunta del millón, aunque al otro lado de la administración el lehendakari o su portavoz guarden silencio. «¿Es lógico que se financie con dinero público a regímenes totalitarios como el cubano?».

Las históricas protestas de julio en las calles de La Habana pidiendo pan, salud y libertad fueron acalladas brutalmente por el régimen, que días después extendió un manto de silencio con la esperanza de que el descontento social se fuera mitigando a pesar del altavoz de las redes sociales. ¿Se debe pagar con millones de fondos europeos a una asociación que no solo niega la represión en Cuba sino que se dedica a contrainformar sobre las críticas al régimen castrista? ¿El Gobierno vasco debe seguir amparando a chiringuitos que defienden a un régimen cuyo ejército se infiltró en el de Venezuela para desestabilizar los focos de oposición al dictador Maduro? ¿Se debe seguir financiando a grupos que defienden a un régimen que ha protegido a dirigentes de ETA huidos de la justicia? Sortu y Bildu creen que sí. Claro. ¿Pero el PNV no debería replantearse que esta falta de control ha supuesto un error de libro? Porque si no lo consideran un error habría que pensar en una subvención consentida. Quizás a Anasagasti no le respondan. Pero ya está tardando la oposición en pedir explicaciones al lehendakari en el Parlamento.