Feijóo prometió contundencia ante el «gran fraude» de la investidura de Sánchez, pactada con comunistas, secesionistas y Puigdemont y, en la enmienda del PP a la ley de amnistía que registró ayer en el Congreso, presenta una reforma del Código Penal que contempla la disolución de partidos que promuevan refrendos ilegales y el castigo penal para autoridades, cargos o funcionarios que promuevan la «inobservancia de las leyes o el incumplimiento de las resoluciones judiciales». Una iniciativa mucho más que contundente. Es la vuelta del calcetín. Pretende recuperar delitos borrados por las reformas de Sánchez y mano dura contra quienes promuevan la separación de una parte del Estado. Un delito que en España se difuminó cuando se eliminó la sedición de nuestro Código Penal. Desde entonces, ERC y Junts están tan confiados que dicen que lo volverán a hacer. Total, si no cometieron ningún delito. ¿Pero no delinquieron? A los protagonistas del ‘procés’ los condenó el Tribunal Supremo que presidió Manuel Marchena, los indultó el presidente del Gobierno y ahora se mantienen a la espera de que una ley de impunidad, que superará el filtro del Congreso a pesar de las enmiendas del PP y Vox, les deje el expediente blanco como una patena.

En realidad, la idea del PP de crear el «delito de deslealtad constitucional» se inspira, entre otras normativas, en la Ley Fundamental de Alemania que castiga la alteración del orden constitucional y los intentos de escisión de una parte del Estado. Un código que no incluye la palabra «rebelión» pero sí «alta traición» para referirse a la separación de una parte del Estado.

Son dos enmiendas a la totalidad. La del PP no tendrá recorrido. Como la de Vox, queriendo recuperar los delitos contra la unidad nacional y castigar a los que negocien con procesados. Pero, en el fondo, lo que pretenden es dilatar la ley de impunidad (amnistía) y volver a dotar al Estado de los instrumentos constitucionales suficientes frente al desafío secesionista. No pasarán el corte del Congreso de los Diputados pero seguirán poniendo el foco sobre uno de los huesos más difíciles de roer para Pedro Sánchez (el otro ha sido la entrega de la Alcaldía de Pamplona a sus socios de Bildu).

Un trago incómodo para el presidente del Gobierno no porque sus socios le vayan a dejar a mitad del camino sino porque la amnistía, la que no cabía en la Constitución según sus propias palabras hasta el pasado mes de julio, le está lastrando en su perspectiva electoral según los sondeos. La oposición calienta el banquillo parlamentario para la próxima semana, si tiene a bien Francina Armengol poner las enmiendas en el debate del pleno. Con la esperanza de que la Cámara baja se convierta en un altavoz contra la impunidad ante el que Europa no pueda permanecer impasible. Porque es público y notorio que Europa no ve con buenos ojos que los malversadores públicos (es decir: corruptos) vayan a ser amnistiados.