EL MUNDO 09/06/14
Para tratar el cáncer que padece, no era necesario que Bolinaga pasease libremente por Mondragón; podía ser atendido en prisión con las visitas al hospital que fueran necesarias. Así consta en una resolución del Colegio de Médicos de Madrid que cuestiona algunos de los argumentos con los que el etarra quedó en libertad.
No sólo el paso del tiempo, nueve meses –y la correspondiente mejora de la salud de Bolinaga–, le está dando la razón. Ahora el Pleno de la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Madrid acaba de avalar el informe de la forense de la Audiencia Nacional Carmen Baena sobre el estado del etarra, en una resolución en la que archiva la denuncia interpuesta contra ella por la asociación profesional de médicos vascos Jaiki Hadi.
Ese informe de la forense fue el elemento clave en el que se apoyó la Fiscalía de la Audiencia para rechazar que concurriera el «riesgo patente» para la vida necesario para acordar la libertad del secuestrador de Ortega Lara.
Además de sostener que Bolinaga podría ser tratado en prisión, el Colegio respalda los cálculos de esperanza de vida que hizo la forense. Esos cálculos fueron relegados por el juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis de Castro, y el tribunal presidido por Fernando Grande-Marlaska en favor de las tesis del Hospital de Donostia, más pesimistas para la salud de Bolinaga y, por tanto, más favorables a su excarcelación.
El informe provocó que la AVT reclamara ayer públicamente la «inmediata revocación» de la libertad condicional. Su presidenta, Ángeles Pedraza, pidió que todos los que «abrieron a Bolinaga la puerta de la calle» asuman sus responsabilidades y que cada parte implicada «asuma lo que ha hecho mal». En esa misma línea coincidieron los sindicatos policiales. «Interior se apresuró. Lo que tendría que hacer es buscar la manera para que Bolinaga vuelva a prisión ya que lo que hace es salir todos los días a tomar vinos y humillar a las víctimas», declaró a Europa Press el secretario general del mayoritario SUP, José Manuel Sánchez Fornet. Por su parte, el secretario general de la CEP, Ignacio López, afirmó que Interior «se plegó a unos condicionantes que eran falsos».
La Junta Directiva, compuesta por 13 profesionales, explica que, en general, un paciente de cáncer «no permanece ingresado en el hospital durante toda la duración del tratamiento, sino que permanece en su domicilio y es ingresado puntualmente para los distintos actos terapéuticos. Es decir, no parece que sea imposible de realizar en un centro penitenciario con traslados eventuales al hospital, de la misma manera que si el paciente estuviera en su domicilio».
La posibilidad de un tratamiento correcto en prisión fue uno de los elementos manejados por el juez de Vigilancia. «Se hace necesario», decía Castro, «determinar si la calidad de vida del paciente empeoraría si se le ingresa en prisión. En este sentido, sí se aprecian informes contradictorios, ya que el informe forense recoge que el tratamiento actual es compatible con ser llevado a cabo por los Servicios Médicos del Centro Penitenciario […]. Sin embargo, por los médicos especialistas en oncología del Hospital de Donostia se señala […] que empeoraría la vida del paciente si ingresara en prisión». El juez optó por esta última opinión.
También se pronunció al respecto el tribunal que confirmó la libertad: «El tratamiento de una dolencia muy grave e incurable que represente un peligro patente para la vida en ambiente carcelario incide negativamente en la patología».
El informe respalda igualmente la tesis en la que insistió al forense de que se estaba haciendo una estimación de supervivencia de Bolinaga sin ni siquiera haber iniciado el tratamiento: «Este tratamiento produce una expectativa de vida que está en relación con lo manifestado por la forense. Esta valoración es coherente con la información disponible, ya que es la misma que se da posteriormente en el hospital donde es atendido», resalta el Colegio de Médicos.