Primero prometieron derogar la reforma laboral en sus respectivos programas electorales. Después incluyeron la medida en su acuerdo de Gobierno. Más tarde ampliaron el compromiso al firmar el acuerdo con Bildu y garantizarlo a ERC. Ahora nos han entretenido con una disputa interna, ininteligible pero enervante, entre si se derogaba o tan solo se modificaba. El martes, el presidente se reunió con sus dos vicepresidentas para certificar que definitivamente se derogaba y zanjó así la disputa. Pero, ¡oh sorpresa!: el jueves, Yolanda Díaz, la gran promotora de la derogación nos informó de que es un deseo técnicamente imposible de llevar a cabo. ¡Acabáramos! Una de dos. Si no lo han sabido hasta ahora, son unos incompetentes de tomo y lomo y dejar en sus manos la gestión de una cuestión tan importante constituye una temeridad. Si lo sabían, nos han tomado por tontos y se han estado riendo de nosotros durante dos años. Elija la opción que menos le duela. Si me pregunta a mí, estoy convencido de que nos toman por tontos (es posible que no anden descaminados), pero creo que no lo sabían, no lo habían estudiado en detalle. Se habían quedado en eso del fetiche político que dijo la vicepresidenta y que no se bien qué supone.

Pero es que hay más. Es más, la indemnización por despido no retorna a los 45 días por año trabajado (aspiración máxima de los sindicatos) y la exigencia de no superar el 15% de empleados en contrato temporal desaparece como por encanto. Perfecto. ¿Qué ha pasado? No lo sé. Podríamos sospechar que alguien ha llamado a Bruselas y les han contestado que no les gusta eso de derogar una reforma, horrible y funesta, que ha permitido salvar un millón de empleos (varios servicios de estudios y organismos internacionales lo aseguran), ha protegido a otro millón durante la pandemia con los ERTE y habilitado la recuperación actual del empleo, de la que el propio Gobierno está tan orgulloso. Lo que no entiendo es que hayan tardado tanto en llamar y le hayan tenido en vilo a la vicepresidenta Calviño, depositaria del poco sentido común que se sienta hoy en La Moncloa.

Ahora veremos qué pasa con la prevalencia de los convenios sectoriales y provinciales, una cuestión que favorece a las centrales y que no repugna a la CEOE. Ambos ganan peso y justifican su existencia. Y con la ultraactividad, que es una petición que había perdido dramatismo durante estos años con baja inflación, pero que va a ganar protagonismo en 2022, cuando se augura un repunte severo de los precios. Total, que no gaste toda su capacidad de sorpresa pues la va a necesitar en los próximos meses. ¿Se apuesta algo?