De entre los más de 850 crímenes de ETA, el que causó mayor conmoción social fue sin duda el de Miguel Ángel Blanco. La brutalidad impía de su asesinato provocó una gigantesca sacudida de rechazo y hasta conmovió a buena parte de esos vascos que consideraban –y tal vez sigan considerando– a los etarras como una suerte de patriotas de buenas intenciones y métodos algo radicalizados. Aquellos días ya casi olvidados de plegarias y de manos blancas, de angustiosas vigilias populares en plazas, calles y hasta playas, marcaron el comienzo de la derrota de la banda. Fue la primera vez que la nación entera se movilizó en una formidable demostración de firmeza cívica, cohesión moral y unidad democrática. Duró lo que duró, seis años hasta el maldito once de marzo, pero sirvió incluso para resistir la ola de violencia desesperada con que el terrorismo respondió a la protesta multitudinaria tras rearmarse en una tregua falsa.

Pues bien, he aquí que la Audiencia Nacional mantiene abierta una causa para exigir responsabilidades a los dirigentes que dieron la orden a los asesinos. Hablamos de Mikel Antza, Iñaki de Rentería, Kantauri y Soledad Anboto, verdugos de oficio, la plana mayor que decidía a quién matar ejerciendo las funciones de un siniestro comité ejecutivo, nunca mejor dicho. Y resulta que la Fiscalía, por orden directa de su superior jerárquico, solicita el archivo alegando que los hechos han prescrito, criterio que por ahora no comparte la Sala, partidaria de decidir sobre el asunto cuando llegue a juicio. La cuestión podría enfocarse en abstracto como parte de un relevante debate jurídico sobre la imprescriptibilidad del terrorismo, si no fuera porque media un contexto imposible de soslayar: los pactos de investidura entre el Gobierno y Bildu, que tienen en el alivio penal de los presos uno de sus principales compromisos, no escritos pero de sobra conocidos.

Esa circunstancia, digamos que ‘ambiental’, contamina de manera patente la apreciación de los fiscales, cuyo jefe se halla en el centro de una ruidosa polémica por su sumisión a Pedro Sánchez y ha recibido del Tribunal Supremo dos desautorizaciones incuestionables por su empeño de colocar a su antecesora –la exministra Delgado, para más detalle– en sendos puestos clave en detrimento arbitrario de otros aspirantes. En ambos casos se trataba de decisiones técnico-administrativas; su posición en el sumario Blanco, en cambio, tiene que ver de lleno con la aplicación de la justicia. Y sin presuponer que los argumentos a favor de la prescripción carezcan de apoyatura legítima, la coincidencia con los intereses sanchistas desprende un perceptible olor a chamusquina. Será suspicacia excesiva, pero no deja de parecer chocante que en el actual clima de connivencia política el Ministerio Público coincida con los abogados de los terroristas en un flagrante desamparo a las víctimas.