ABC-IGNACIO CAMACHO
En algunos países sería un juicio por alta traición. Aquí el separatismo pide al Supremo que «resuelva el conflicto»
NO, señor Van den Eynde y señores letrados de la defensa: ni el juicio del procés ni su futura sentencia están para resolver el conflicto de Cataluña sino para que se cumplan los principios del Estado de Derecho. Los que debían conocer, y conocían de hecho, sus representados cuando organizaron la revuelta institucional y social que la Fiscalía califica de alzamiento. Ese argumento político demuestra que los dirigentes separatistas y sus abogados, con la digna excepción de Xavier Melero, siguen negándose a aceptar la cuestión esencial que los ha llevado ante el Supremo, que no es otra que la obligación general de acatar las leyes y observar sus preceptos. Lo que se juzga allí no es la expresión más o menos tumultuaria de la voluntad de un pueblo –que también cabría en la medida en que se haya expresado por métodos violentos– sino la sublevación de unos mandatarios públicos contra la Constitución a la que prometieron respeto. En algunos países llaman alta traición a eso; en éste ni siquiera existe el golpe de Estado como delito concreto.
El llamado conflicto catalán no es más que el empeño de cierta dirigencia política de esa región en conducir a las instituciones autonómicas y a sus conciudadanos a la ruptura con el orden democrático. Tal vez en otra ocasión lo consigan, pero en octubre de 2017 no lo lograron y ahora deben afrontar, con todas las garantías procesales y de amparo, la responsabilidad jurídica de ese fracaso. Cuando los defensores ignoran adrede la división de poderes y basan en un contexto político sus alegatos, simplemente están renunciando a su función para convertirse en agitadores de una causa, en una extensión togada de sus patrocinados. Sólo Melero, el letrado de Forn, ha entendido la naturaleza de su trabajo, que consiste en librar a su cliente de los cargos. Lo ha hecho bien, con inteligencia y tacto, cuestionando el fundamento de las acusaciones sin apelar –no por casualidad es el único no independentista del grupo– al comodín del Estado autoritario.
Pero ése no era el mandato de sus colegas, que estaban ahí para prolongar en la Sala el debate sobre la autodeterminación y otras consabidas matracas torticeras. Para estimular el victimismo de la Cataluña irredenta, la de los lazos amarillos, la de la mitología de los presos de conciencia, la del delirio legitimista del exilio en Bruselas. Por eso el llamamiento final a que el veredicto contribuya a la resolución del problema. Ni por asomo se lo creen: ya han aprendido a conocer al juez Marchena. Pero se trata de descalificar por adelantado las previsibles condenas como parte de un plan represivo contra la aspiración de independencia. Que es la que los procesados piensan llevar adelante, desde la cárcel o fuera de ella, a despecho de cualquier regla de justicia o de convivencia. Con su sentimiento supremacista y su designio excluyente como razón suprema.