Ignacio Camacho-ABC
- Si existe una amenaza de golpismo, se sienta en el Ejecutivo. Y ataca a las togas como símbolo de una sociedad autónoma
En una democracia asentada, asociar la acción de la justicia con un golpe de Estado revela una subrepticia mentalidad golpista. El término lawfare, o guerra judicial, se ha convertido en el comodín de los populismos para situarse por encima de la obediencia a las leyes atribuyendo a los jueces una intencionalidad política. En España resulta sarcástico que lo utilicen la extrema izquierda, el independentismo y hasta numerosos dirigentes socialistas, que están en el poder gracias a una morcilla calzada en cierta sentencia para culpar a un presidente -que no estaba siendo juzgado- sin la más mínima prueba objetiva. La nomenclatura de Podemos fabrica la teoría de la conspiración y del conflicto de soberanías a semejanza de sus correligionarios de América
Latina, los peronistas de Kirchner o los masistas de Bolivia, omitiendo que si hay un régimen que se haya valido de la instrumentación de los tribunales para acorralar a la oposición -pueden preguntar a Leopoldo López- ha sido el de sus patrocinadores chavistas. Todo da igual a la hora de armar una ofensiva contra la separación de poderes presentándose como víctimas de la tradicional inriga de fuerzas sombrías.
Pero no se trata sólo de Podemos ni del separatismo insurrecto escocido por las condenas del Supremo. Al sanchismo le suena bien esa música porque su concepto cesáreo tiende a neutralizar todo mecanismo de contrapeso, vigilancia, supervisión o control del Gobierno. Cualquier ejercicio de autonomía institucional es sospechoso de desafecto. Tanto el presidente como sus socios tienen una idea plebiscitaria de liderazgo directo que reclama el sometimiento del sistema entero. Por eso deslegitiman la independencia judicial, intimidan a la oposición, hostigan al periodismo, orillan al Rey, laminan a los guardias civiles que acatan órdenes de los magistrados o utilizan a la Abogacía y a la Fiscalía del Estado como defensa privada de los altos cargos. Y como no pueden cercenar el debate parlamentario lo envilecen convirtiendo el Congreso en un corral de peleas de gallos para provocar el desencanto, la irritación o el hastío de los ciudadanos. El abuso del estado de alarma es el ejemplo diáfano de la proclividad de este Ejecutivo a moverse en un marco autoritario.
El ataque global a la justicia demuestra que la clave de esta legislatura está en las togas como símbolo de una sociedad autónoma. Preservar la jurisdicción de los tribunales equivale a defender la integridad democrática y la garantía de las libertades frente a un poder invasivo que pretende vaciar de contenido el modelo estructural de equilibrios institucionales. Ése es el peligro real, tangible, no el del relato de contubernios ficticios que parecen sacados de un guión barato de serial conspirativo. Si existe alguna amenaza contra los principios constitucionales, está sentada en el Consejo de Ministros.