Esta Conferencia fue una de las propuestas formalizadas por Rajoy en su discurso de investidura. Y tiene todo el sentido organizarla, porque es saludable democráticamente que el Ejecutivo y los gobiernos regionales tengan un foro para formular y debatir propuestas de mejora del funcionamiento de nuestro Estado autonómico. Una cuestión clave si tenemos en cuenta que las regiones gestionan buena parte de los recursos de los servicios sociales como la Educación, la Sanidad y la Dependencia.
Aunque se prevé que se puedan firmar una decena de acuerdos, el nuevo modelo de financiación autonómica será el tema estrella de la reunión. El sistema actual data de 2009 y ha quedado desfasado. La idea es que hoy se apruebe la creación de una comisión técnica que empiece a estudiar el nuevo modelo y concrete los criterios sobre los que se basará: solidaridad, equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal, lealtad institucional y garantía del acceso de los ciudadanos a los servicios públicos. La clave de la cuestión será conseguir un modelo en el que todas las comunidades autónomas se sientan confortables con el dinero recaudado por ellas –ya sea en tributos cedidos o gestionados directamente– y lo que reciben del Estado en función de criterios como la población o la insularidad.
No va a ser nada fácil porque no se parte de cero y el modelo actual ha generado muchas tensiones entre el Gobierno central y los regionales. Ayer, en el foro Tribuna Autonómica organizado por EL MUNDO, el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, abogó por «mutualizar» la deuda histórica que tiene el Gobierno con las regiones, que nace de las deficiencias del modelo actual y que provoca que algunas autonomías reciban menos dinero para servicios del que aportan al Estado. Puig puso de ejemplo la «infrainversión» estatal en el denominado Corredor Mediterráneo que, a pesar de concentrar «el 50% de la población española, el 45% del PIB, el 47% del tejido productivo, el 46% de la ocupación y el 51% de las exportaciones», no recibe los recursos que le corresponderían.
Pensamos que mutualizar esa deuda no es el camino adecuado. Aunque fallido, el modelo fue pactado en su momento y ahora se trata de mirar hacia adelante. En definitiva, hay que conseguir que cada español tenga garantizados los servicios esenciales, sin que nadie esté discriminado según su lugar de residencia y, a la vez, asegurar la corresponsabilidad fiscal de los gobiernos regionales, de forma que una mejor gestión de sus recursos pueda redundar en un aumento de la calidad de los servicios.
Establecer un nuevo modelo ya es difícil de por sí, pero se hace mucho más complicado cuando el sistema autonómico español tiene la asimetría de los regímenes forales del País Vasco y Navarra, muy beneficiosos para ambas comunidades autónomas. A esto se une la tensión que genera la Generalitat de Cataluña que, en plena deriva secesionista, pretende establecer una Hacienda y una Seguridad Social propias, al margen de las estatales.
Ni Carles Puigdemont, presidente del Govern, ni Iñigo Urkullu, lehendakari del Gobierno vasco, acudirán hoy a la reunión. El presidente de la Generalitat quiere negociar de forma bilateral con Rajoy. A ello se unen las lógicas tensiones existentes entre las regiones gobernadas por el PSOE y el Ejecutivo de Rajoy, con lo que no es fácil predecir un acuerdo realista a corto y medio plazo.
Con todo, hay que congratularse de la celebración de la Conferencia. Además de la financiación autonómica, los presidentes y el Gobierno van a poner en marcha otros acuerdos importantes, como la partipación de las comunidades en el Pacto Nacional por la Educación, la unidad de mercado, los recursos destinados a la dependencia, la movilidad de los funcionarios o la coordinación de la proteccion civil ante catástrofes y el terrorismo. Veremos sus resultados prácticos según se vayan concretando, pero el diálogo entre el Ejecutivo y los gobiernos regionales es hoy más necesario que nunca.