El acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat para que Cataluña recaude el 100% del IRPF a partir de 2026 representa un paso más hacia la ruptura del principio de igualdad entre comunidades, levanta un nuevo muro entre españoles y amenaza con quebrar al PSOE.
La aceleración de estas negociaciones responde, de hecho, a factores puramente políticos.
Porque el acuerdo surge tras la presión ejercida por ERC, cuando Gabriel Rufián vinculó expresamente el mantenimiento de su respaldo parlamentario a la obtención de «incentivos» en forma de «avances» en la financiación singular.
García-Page ha sido especialmente contundente al vincular la crisis de corrupción del PSOE con estas cesiones: «Todo es más grave que antes por una simple razón: a más corrupción, más debilidad, más negocio para los independentistas y los socios, y más cesiones. La unidad de España está íntimamente ligada con el concepto de igualdad entre los españoles».
Las consecuencias de esta decisión ya se están sintiendo en el propio Partido Socialista más allá de Page. El presidente de Asturias, Adrián Barbón, ha expresado su malestar por haberse enterado de la medida por la prensa.
Incluso la propia María Jesús Montero, artífice de la negociación, se encuentra en una posición delicada como candidata a la Junta de Andalucía, aunque ha negado que el acuerdo suponga cualquier tipo de «privilegio» para Cataluña.
Pero la rebelión territorial dentro del PSOE es evidente. Comunidades gobernadas por socialistas como Asturias y Castilla-La Mancha se han sumado ya a las críticas de las autonomías del PP.
Esta división interna amenaza con fragmentar al partido en un momento especialmente delicado, cuando los casos de corrupción ya han socavado el apoyo a Sánchez y un nuevo escándalo de consecuencias todavía desconocidas, el de las saunas de la familia política del presidente, amenaza con dinamitar el apoyo de las españolas, esencial electoralmente para el PSOE.
Esta concesión representa además una ruptura radical con la tradición histórica del PSOE. Los socialistas españoles han defendido históricamente la igualdad territorial como uno de sus pilares fundamentales.
Sin embargo, el modelo actual rompe con este principio, como ha denunciado García-Page: «Me duele especialmente que este planteamiento absolutamente reaccionario lo plantee la izquierda».
La creación de un nuevo régimen foral para Cataluña sin fundamento histórico constituye además, según diversos juristas, «una flagrante usurpación del poder constituyente». Si sólo el constituyente pudo reconocer la excepción foral de la que deriva el cupo, sólo el constituyente puede establecer nuevas excepciones.
De lo contrario, no habría sido necesaria la Disposición Adicional Primera ni el fundamento foral tendría valor estructural alguno en nuestro sistema político.
La financiación autonómica es también, como reconocen los propios expertos, «un juego de suma cero: lo que gana una comunidad lo pierde otra». El modelo singular para Cataluña restaría recursos al Estado y a otras comunidades autónomas, especialmente a las más desfavorecidas, y regiones como Murcia perderían aproximadamente 1.600 millones de euros, mientras que el Estado central vería mermada su capacidad redistributiva.
El establecimiento de este precedente abre además la puerta a que otras comunidades autónomas reclamen tratos similares, lo que podría llevar a una fragmentación total del sistema fiscal español. La creación de múltiples sistemas fiscales autonómicos complicaría enormemente la labor recaudatoria y el control del fraude.
Más grave aún, este modelo supone una amenaza directa a la cohesión nacional. Como ha advertido Juanma Moreno, presidente de Andalucía, significa «ir poco a poco disolviendo la cohesión interterritorial» de España.
El cupo catalán no sólo rompe la solidaridad entre territorios, sino que sienta las bases para una España de múltiples velocidades donde los derechos de los ciudadanos dependan del lugar donde residan.
El concierto catalán representa todo lo que está mal en la política española actual: la subordinación del interés general a los cálculos partidistas, la ruptura de los principios constitucionales en aras de la supervivencia política, y el abandono de los valores históricos que han definido a la izquierda española.