España se enfrenta hoy a una lucha de nacionalismos, de posturas enfrentadas, construidas por políticos que, a pesar de sus enfrentamientos, parecen haber aprendido sus discursos y razonamientos del mismo maestro.
Llegados al final de este ordenamiento caprichoso de actos, no son pocas las conclusiones que se pueden extraer. Pero justamente de eso se trata: de movilizar el espíritu crítico, analítico; para poder desterrar las “verdades” incontestables que venden los iluminados, los interesados. Invariablemente, políticos de todos los signos pretenden imponer sus interpretaciones simplificadas a gusto de sus realidades, a cuenta de sus beneficios. No es de extrañar, entonces, que alrededor del conflicto vasco, de larga data, donde se fueron sumando factores, emociones, y, sobre todo, muchos dolores, se haya arribado a construcciones de diversa índole según desde dónde se mirara el problema, según la sensibilidad de la retina del observador.
En esta línea, el historiador John Sullivan, en su libro El Nacionalismo vasco radical, se lamenta: “Inevitablemente, los estudios sobre grupos terroristas que no atienden el contexto social donde se insertan y se centran exclusivamente en su organización interna, o en las presuntas motivaciones psicológicas de sus militantes, acaban analizando características triviales o, en el mejor de los casos, secundarias, de este fenómeno”.
En contra de la opinión de que ETA es, como dice Alec Reid, sacerdote y portavoz de las conversaciones de paz en Irlanda del Norte, sólo un grupo de salvajes y de que no hay nada de qué hablar, la realidad es muy otra. Hay mucho de lo que hablar. Porque la única manera de lograr una solución es mediante el diálogo.
Las armas sólo suponen continuar una espiral de muertos, de sangre, de estupidez. Julio Caro Baroja cree que “los problemas se plantearán de una manera cada vez más mecánica, más colectiva, más dominada por situaciones emocionales y que las soluciones tendrían que ser, en cambio, cada vez más pensadas, racionalizadas, no recurriendo a recursos retóricos y de formas, sino llegando al fondo de lo real”.
“No estamos ante una tragedia condicionada por un puñado de voluntaristas sin raíces, sino por una vanguardia implacable, sin piedad, convencida del sentido histórico de su criminalidad convertida en terror paralizador, una vanguardia con poderosas conexiones ideológicas y emocionales con una parte importante de la sociedad vasca”, opina Manuel Vázquez Montalbán, en su libro La Aznaridad.
Así las cosas, España se enfrenta hoy a una lucha de nacionalismos, de posturas enfrentadas, construidas por políticos que, a pesar de sus enfrentamientos, parecen haber aprendido sus discursos y razonamientos del mismo maestro. Porque desde que el PP obtuvo la mayoría absoluta – que no antes, cuando tuvo que pactar con, oh sorpresa, los nacionalismos que ahora rechaza, para formar gobierno – el nacionalismo español, que había estado guardado, en silencio, se sacó las máscaras y salió al ruedo. Y vaya salida: la situación de desencuentros no puede estar peor.
“Cuando en buena parte de las Españas oyen hablar en catalán, gallego o euskera les suena a frotamiento de hojas de tijera podadera empeñada en la castración del pene lingüístico de la patria, una unidad idiomática absolutista y totalitaria que en la práctica jamás existió y que sólo la dictadura franquista estuvo a punto de conseguir.
Desde la prepotencia o desde la ignorancia condicionada por la perversidad de los libros de Historia que nos han hecho tal como somos, el hispanohablante sectario tiende a pensar que el gallego, el catalán y el euskera son inventos de la frágil democracia y más concretamente de líderes nacionalistas separatistas empeñados en acumular hechos diferenciales y separadores cueste lo que cueste”, clarifica Vázquez Montalbán.
Encima de estar asustados, con la tijera muy cerca de las intimidades, en Cataluña lanzan la propuesta para reformar el Estatuto de Autonomía. Entonces, Aznar advierte del “riesgo de fractura nacional” y asegura que a raíz de ello “probablemente se den los pasos decisivos para un cambio de régimen, sin mandato ni consentimiento de nadie”. En la misma sintonía, el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, prometió dar «la batalla de la sensatez, del sentido común y la batalla de España» ante las reformas estatutarias y constitucionales abiertas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Y mientras las declaraciones y las “sensateces” sobrevuelan España, o lo que sea esta sumatoria de nacionalismos, el Euskobarómetro – encuestas realizadas por el Departamento de Ciencia Política de la Universidad del País vasco – indica que el paro (desempleo) sigue siendo la principal preocupación de los vascos, por encima de la violencia y el terrorismo. Y que la mayoría (casi seis de cada diez vascos) piensa que la tensión de los partidos está produciendo un incremento de la crispación social. Entre tanta amenaza, tanto chauvinismo, las empresas meriendan trabajadores, y los parados vaya a saber qué meriendan.
Carta magna y balas
Después de las elecciones, ETA-M se dispuso a remediar su carencia de brazo político. Así, en julio de 1977 se creó Herriko Alderdi Sozialista Iraultzailea (Partido Socialista Revolucionario Popular, HASI). Meses más tarde, reconocía la necesidad de una organización de masas que pudiera llevar adelante la lucha en aquellas áreas poco aptas para la acción militar. Telesoforo Monzón, que fue expulsado del PNV en noviembre de 1977, tomó la iniciativa en el intento de formar una coalición electoral, que más adelante se convertiría en Herri Batasuna (Unidad Popular).
En noviembre de 1977, HASI, LAIA, ESB y ANV acordaron la formación de una coalición electoral para participar en las elecciones municipales que se celebrarían en abril de 1979. “Sin embargo, al poco tiempo de su formación se hizo evidente que Herri Batasuna, lejos de ser una mera alianza electoral, se había convertido tanto en un movimiento social como en el brazo político de ETA-M”, explica Sullivan. Aunque esta organización no fuera más que simpatizante, y no estuviera incorporada como miembro.
A pesar de su decisión de abrir una vía política, ETA-M comenzó la campaña más intensa emprendida por cualquier rama de ETA hasta entonces. El poco éxito logrado en combatir las acciones de ETA indujo a la policía a recurrir a una represión indiscriminada contra la población vasca. Además, escuadrones ultraderechistas perpetraron una seria de ataques contra simpatizantes de ETA, tanto en España como en el País Vasco francés. El historiador Juan Pablo Fusi asegura, en el documental La pelota vasca, de Julio Medem, que sin duda alguna la represión policial “favoreció, lógicamente, la radicalización del proceso vasco, y por lo tanto, también de las posiciones en torno a ETA”. Otra vez la espiral acción-reacción-acción.
A ETA-PM no le quedó otra salida que anunciar su vuelta a la lucha armada. Según propone Sullivan, este regreso a la lucha tenía como finalidad evitar la disolución del grupo, lo que hubiese supuesto que ETA-M habría tenido el monopolio de la tradición de ETA, produciendo un efecto negativo en el apoyo que recibía EIA de la población nacionalista.
Por su parte, el rechazo manifestado por EIA hacia HB formaba parte de un gradual alejamiento del nacionalismo radical. “Con todo, aún quedaban puntos de coincidencia entre EIA y los restantes partidos abertzles. Uno de los más importantes era su unión en la oposición a los elementos centralistas del anteproyecto de la Constitución, que se debatió en las Cortes a lo largo de 1978”, manifiesta Sullivan.
Las preocupaciones de los dirigentes del PNV corrían por otros carriles: tenían sus esperanzas puestas en el logro de un estatuto de autonomía satisfactorio para la comunidad nacionalista. Aunque antes tenían por delante la cuestión de la Constitución española, que se debatió en Cortes a lo largo de 1978. El PNV no podía abandonar oficialmente el objetivo histórico de lograr la independencia sin ganarse el antagonismo de sus propios miembros.
Por otra parte, el voto a favor de dicha Constitución sería considerado por muchos miembros del partido como un abandono de las aspiraciones históricas del partido. Entre la espada la espada y la pared, La actitud del PNV hacia ETA, vista desde Madrid, podía parecer hipócrita, pero la perspectiva de Madrid no tomaba en consideración el complejo dilema ante el cual se encontraba el partido (muchos miembros del PNV se sentían emocionalmente identificados con ETA, a la que consideraban como un grupo de jóvenes heroicos, continuadores de la lucha contra la opresión española; pero a la vez, no podía dejar de inquietarse ante los efectos que producía la violencia de ETA-M).
El historiador Fernando García de Cortázar sintetiza, en su libro Breve historia de España, la posición del PNV: “Si el nacionalismo vasco más que una ideología es una conciencia social, ETA que brotó de él nació también de su conciencia, asumiéndola en vez de combatirla. Por ello cualquier nacionalista vasco podrá condenar los métodos de ETA pero lo que nunca podrá hacer sin traicionarse es rechazar el propósito final de la organización: la independencia de Euskadi”.
Con todo, el 31 de octubre de 1978, ambas cámaras del Parlamento español aprobaron la versión definitiva de la Constitución. El PNV se abstuvo: estaba claro que, aunque no podían votar a favor, estaban dispuestos a operar dentro de los límites del sistema político que estipulaba, postura que contrastaba con la los dos miembros de EE en el parlamento, que votaron en contra.
Puesto que el PNV se había abstenido, pidió, en consecuencia, a sus partidarios que se abstuvieran en el referéndum constitucional celebrado el 6 de diciembre. La Constitución tuvo un abrumador voto favorable, pero la abstención en el País Vasco fue casi el doble que la del resto de España. Ambas ramas de ETA habían pedido que se votara en contra, pero, según dice Sullivan, como el voto nulo también había sido pedido por la extrema derecha, no podía ser considerado como un indicio de su peso.
Estatuto (y más balas)
“Los dirigentes del PNV se encontraron en la difícil posición de procurar obtener un estatuto que fuera a un tiempo aceptable, y adaptable a las limitaciones de la Constitución. El Gobierno estaba dispuesto a aceptar una sustancial descentralización administrativa en Euskadi y el resto de España”, asegura Sullivan.
Las posibilidades de incorporar a Navarra eran remotas, puesto que en esa provincia, en las elecciones de 1977, habían obtenido una clara mayoría los partidos no favorables al nacionalismo vasco. Pero de haber aceptado el PNV oficialmente que Navarra no llegara nunca a formar parte de Euskadi, se habría perdido un componente esencial de su ideología. En tanto, cauteloso, HB, declaró en noviembre de 1978 que siempre que Navarra no quedara definitivamente excluida de las estipulaciones para la autonomía vasca, eran legítimas las negociaciones con el gobierno español. Las elecciones parlamentarias de marzo de 1979 reforzaron la posición del gobierno, quedando la UCD como partido mayoritario. Los resultados electorales fueron también un triunfo para Herri Batasuna que, en sus primeros comicios, obtuvo más de 170 mil votos, más de la mitad de los recibidos por el PNV. Aunque HB no acudiría al Parlamento vasco, pese a los escaños obtenidos.
El PNV se convirtió en el partido mayoritario. El éxito electoral del nacionalismo fortaleció la posición negociadora del PNV con relación al estatuto. En junio, los principales partidos del País Vasco llegaron a un acuerdo sobre el contenido del estatuto que se iba a presentar al gobierno. Pero ni el acuerdo sobre el estatuto, ni los triunfos electorales de HB consiguieron persuadir a los líderes de ETA-M de interrumpir la campaña de lucha armada. Denunciaron el estatuto tachándolo de simple medida de descentralización.
Desde su concepción, en opinión de Fusi, ETA no puede aceptar que lo que se denomina “problema vasco” tenga una solución en el marco de una constitución española y con una autonomía limitada a 3 de las que, ellos entienden, 7 provincias de Euska Herria. “Por lo tanto, ETA lo que intenta es desbordar el propio proceso constitucional y autonómico español. Si uno mira las fechas de mayores ofensivas de ETA, coinciden justamente con eso”, sintetiza.
En julio de 1979, las negociaciones entre el gobierno y la mayor parte de los partidos vascos concluyeron con un acuerdo sobre el estatuto de autonomía. Finalmente, Navarra quedaba afuera de la comunidad autónoma vasca, aunque quedaba abierta su incorporación si ésta era voluntad de sus habitantes. El parlamento aprobó la legislación y se celebró un referéndum el 25 de octubre de 1979. Todas las fuerzas políticas de importancia, salvo HB, instaron al electorado a aprobar el Estatuto. Casi un 54% se manifestó a favor y sólo un 3% votó en contra. Pero la abstención fue alta (algo superior al 40%). Al aproximarse la fecha de las elecciones al parlamento autónomo vasco, la coalición original de HB se desintegró. Tanto LAIA como ESB abandonaron esa alianza, dejando a HASI como único partido político. ETA-M quedó con el total control efectivo.. Las elecciones, celebradas en marzo de 1980, demostraron los beneficios que estaba obteniendo el nacionalismo vasco de la polarización que producía la confrontación con el gobierno central. Los nacionalistas obtuvieron 42 escaños, frente a los 18 de los partidos “españoles”. HB logró 11 escaños y EE nueve.
Pero el verdadero triunfador fue el PNV. Pese a que sus 25 escaños no le daban la mayoría absoluta, el PNV contaba con el apoyo o la abstención de los restantes nacionalistas en todo conflicto entablado con el enemigo de Madrid. ETA-PM, en crisis, fue dividiéndose progresivamente entre los militantes que querían salir de la espiral de violencia, y los que creían en que había que seguir con la lucha armada.
El camino de Felipe
Adolfo Suárez dimitió como jefe de gobierno el 29 de enero. Poco después, el 23 de febrero, llegó un intento de golpe de Estado cuando algunas unidades de la Guardia Civil bajo el mando del coronel Antonio Tejero tomaron las Cortes y retuvieron a los diputados que se hallaban dentro. Los rebeldes finalmente desistieron de su postura. La historia adjudica el mérito a la muñeca política del rey. Habría que ver si no hubo muñecas empresarias interesadas en formar parte de la Comunidad Europea, y la obediencia del ejército a los dueños del dinero, el jefe supremo al que le deben una lealtad sin fisuras – enmascarada de amor a la patria, honor y algún ingrediente emotivo que poco tiene que ver con sus actos. “Si la amenaza contra la unidad de España considerada como una satisfactoria identidad de nación y Estado único había sido una de las causas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista, también lo fue para el golpe de Estado durante la democracia”, sostiene Vázquez Montalbán. El PNV, conmocionado, adoptó una actitud más conciliadora hacia el gobierno de Calvo Sotelo, sucesor Suárez; y tuvo el efecto de serenar pasajeramente a ETA-PM, ya profundamente dividida, que el 28 de febrero anunció una tregua indefinida. Aunque, realmente, poco le quedaba por hacer a ETA-PM, que, finalmente, en la VIII Asamblea, celebrada en febrero de 1982, se produjo la anunciada escisión: la facción minoritaria, ETA-PM (VII), anunció que mantendría la tregua y que esperaba solamente a que la intervención de los dirigentes de EIA les procurara las garantías necesarias para permitirles volver a España e incorporarse a la vida política normal. El grupo mayoritario, ETA-PM VIII, declaró su determinación a seguir adelante con la lucha armada, pero pronto quedaría desintegrada.
El 28 de octubre de 1982, las elecciones parlamentarias dieron una abrumadora victoria al PSOE. Asumió la presidencia Felipe González, que continuó la lenta transferencia de competencias a la comunidad autónoma vasca.
Los nacionalistas eran muy críticos respecto del Ministro del Interior, José Barrionuevo, un antiguo funcionario del sindicato estudiantil franquista, cuyo decidido apoyo a las fuerzas de seguridad y convicción de que el terrorismo de ETA era un problema policial y no político.
Las segundas elecciones al Parlamento vasco confirmaron el predominio del PNV, y del nacionalismo en general. El lehendakari (presidente vasco) electo fue Carlos Garikoetxea. Su situación no era nada envidiable: debía reconciliar las exigencias de los grupos más conservadores de su propio partido y llegar a un acuerdo con el PSOE. No tuvo mucho tiempo de actuar: “La directiva de Arzalluz, tras haber consolidado su control sobre el aparato del partido, celebró una asamblea donde fue aceptada la línea conservadora de la dirección frente a la oposición de la mayoría del partido.
El círculo se cerraba en torno a Garaicoechea, y el 19 de diciembre se vio forzado a dimitir”, resume Sullivan. El PNV nombró a José Antonio Ardanza nuevo Lehendakari. Garaikoetxea crearía el partido Nacionalistas Vascos, que competiría por los fervores nacionalistas con el PNV.
Sucios
En octubre de 1983, dos jóvenes vascos refugiados en Francia desaparecieron: eran Joxe Antonio Lasa y Joxe Ignacio Zabala. Días después, miles de personas se manifestaron contra el supuesto asesinato de los dos desaparecidos. La opinión nacional se indignó ante los llamamientos del dirigente de Alianza Popular (que luego se llamaría Partido Popular), y ex ministro de la dictadura, Manuel Fraga Iribarne, a favor de una “guerra sucia” e ilegal contra ETA. Todos los sectores de ideas nacionalistas sospechaban que el gobierno estaba contemplando esta clase de medidas.
Los ataque a los refugiados en Francia continuaron. El 5 de diciembre, un trabajador de la Cooperativa Sokoa, donde trabajaban muchos refugiados vascos, fue secuestrado. Nueve días después lo dejaron en libertad. Al parecer, había sido confundido con un militante de ETA-M: era Segundo Marey. Los secuestradores se autodenominaron Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL).
A la vez, el gobierno francés comenzó a colaborar más estrechamente con su par español. Esto se tradujo en deportaciones de militantes de ETA a diversos países de Centroamérica y África. “Si el terrorismo de ETA hubiera sido primordialmente una cuestión policial, estas medidas habrían contribuido en gran medida a acabar con él”, espeta Sullivan. Desde sus comienzos a fines de 1983 hasta marzo de 1986, cuando las presiones del nuevo gobierno francés interrumpieron sus actividades, los GAL mataron a 24 personas e hirió a 25, tanto militantes de ETA como personas inocentes. “Había sido en tiempos de Carrero-Arias Navarro, cuando la guerra sucia contra universitarios y sindicatos clandestinos se organizó como una prolongación sucia del poder”, amplía Montalbán. De los GAL formaban parte agentes de las fuerzas de seguridad y asesinos a sueldo. En julio de 1998, el ex ministro del Interior, José Barrionuevo, y el ex secretario para la Seguridad del Estado, Rafael Vera, fueron condenados por el Tribunal Supremo a diez años de cárcel por detención ilegal y apropiación indebida de fondos en relación con el secuestro del empresario francés Segundo Marey en 1983.
Otros diez encausados fueron condenados a penas de prisión que iban desde los dos años, cuatro meses y un día a los diez años. Algunos de los otros condenados fueron: Ricardo García Damborenea, secretario general del PSOE en Vizcaya. Francisco Álvarez, el jefe de la Lucha Antiterrorista; Miguel Planchuelo, jefe de la Brigada de Información de Bilbao.
La cúpula del PSOE dio una ayuda económica para las defensas de Vera y Barrionuevo.
En diciembre, atendiendo la recomendación del Tribunal Supremo, el Consejo de Ministros del primer gobierno de Aznar concedió a 10 de los 12 condenados, entre ellos José Barrionuevo y Rafael Vera, un indulto parcial de dos tercios de sus condenas. Posteriormente el Tribunal Constitucional suspendió la parte restante de las penas mientras se estudiaban sus apelaciones ante este tribunal. Quedaron en libertad pero continuaron inhabilitados para ocupar cargos públicos.
Luis del Olmo, en la radio Onda Cero, ironizaba: “Ya ha salido una pedrea, que es saber que los españoles no son iguales ante la ley, sobre todo si están en la cárcel de Guadalajara. Los niños de San Ildefonso (que cantan la lotería de navidad) del Supremo sientan unos principios según los cuales todas las cárceles deberían quedar hoy vacías. Que si van a ser buenos y no van a secuestrar más a Marey, que si eso fue hace 15 años, que si no lo hicieron por egoísmo, sino que Vera tenía un suegro riquérrimo, que la sentencia es ya castigo suficiente”.
Meses después, en marzo de 1999, la Audiencia Nacional dictó auto de procesamiento por secuestro, lesiones y asesinato en relación con dos miembros de ETA, José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, secuestrados en Bayona (Francia) en 1983 y cuyos cadáveres torturados fueron descubiertos cerca de Alicante, en el sureste español, en marzo de 1995.
En 2000, el ex general de la Guardia Civil, Enrique Rodríguez Galindo, fue condenado por el Supremo a 75 años de cárcel. También se condenó por este caso al ex gobernador civil de Guipúzcoa, José Julián Elgorriaga Goyeneche, y a los ex mandos de la Guardia Civil, Ángel Vaquero Hernández, Enrique Dorado Villalobos y Felipe Bayo Leal, como autores, cada uno de ellos, de dos delitos de detención ilegal y dos delitos de asesinato. Rodríguez Galindo ingresó el 9 de mayo de 2000 en la prisión militar de Alcalá de Henares y el 14 de julio de 2003 pasó al centro penitenciario ordinario de Ocaña (Toledo), del que salió para cumplir el resto de la condena en su casa debido a una enfermedad cardiaca. Durante el juicio, Galindo dijo: “Podría decirle, Señoría, si me lo permite, que con seis hombres como yo, se hubiera podido conquistar América del Sur completa”.
No eran pocos los que sospechaban que el propio Felipe Gonzánlez era la misteriosa “X” que dirigía a los GAL. Aunque nunca lo llamaron a declarar. “El GAL fue un asunto de tal magnitud que me resulta difícil creer que no había más personas implicadas”, manifiesta Fernando Reinares, catedrático de Ciencias Políticas, experto del “Terrorism Prevention Branch” de Naciones Unidas, en el documental de Medem.
Por su parte, González, en el mismo documental, y haciendo uso de un cinismo a toda prueba, se despacha: “Yo creo que no se puede decir que fuera terrorismo de Estado. Lo veo ahora con la perspectiva histórica. Si el aparato del Estado hubiera decidido eliminarlos, puede provocar otros problemas, pero termina por eliminarlos”. Ya en el diario El País, del 27 de septiembre de 1996, González había declarado: “Dejémonos de historias, porque incidentes como los que ha habido en España los ha habido en todos los países en los que una actividad terrorista ha golpeado a la democracia.” Eso es, dejémonos de historias, así puede seguir ejerciendo de estadista y lobbysta.
Dispersos
La repetida insistencia de ETA en su voluntad de negociar denunciaba, sin duda, que los ataques a su base de Francia y su incapacidad para encontrar una salida a la situación de impasse le estaba planteando dificultades, que, no obstante, no acarrearon la inminente caída que esperaban los dirigentes del PSOE.
“El deseo de una amnistía negociada, que implicaba la penalización de los que solicitaran perdones individuales, indujo a ETA-M a cometer un costoso error: en septiembre de 1986, uno de sus comandos mató de un tiro a Dolores González Catarain, “Yoyes”, importante militante del grupo hasta 1980, cuando paseaba con su niño de 5 años en su pueblo natal de Ordizia”, expone Sullivan.
“Yoyes” había creído que sus antiguos compañeros no tomarían represalias contra ella mientras respetara el acuerdo implícito de abstenerse de toda declaración pública o actividad política. Este hecho sería uno de los motivos que llevaría al gobierno a tomar la decisión de trasladar a los presos de ETA fuera de Euskadi.
“Manteniendo a los presos de ETA en grupos, esa presión social que se ejerce en el interior de las cárceles y los grupos, hacía imposible la consecución del fin de la reinserción”, justifica Joseba Arregui, ex consejero de cultura del PNV. Esta decisión fue, según González, llevada a cabo de acuerdo con el propio PNV. Eva Suárez, presidenta de Amnistía Internacional España, sostiene que los presos tienen derecho, a pasar su condena en un lugar cercano a su lugar de origen y donde tenga establecidos sus vínculos. Así lo dice el derecho internacional. Carlos Garikoetxea es rotundo: “Se están imponiendo, en ciertos casos, penas sobreañadidas, con esos alejamientos a los reclusos; y penas sobreañadidas a sus familiares. Mientras responsables de crímenes horribles, con el agravante de haberse hecho desde el poder, salen a la calle o ven aliviadas notablemente sus penas”. En su informe de junio de 199, Amnistía Internacional informa que en noviembre de 1998, el Congreso de los Diputados español aprobó unánimemente una moción por la que se instaba al gobierno español a poner en práctica «una nueva orientación, consensuada, dinámica y flexible, de la política penitenciaria en la forma que mejor propicie el final de la violencia». El primer traslado de presos vascos al País Vasco desde el anuncio de la tregua tuvo lugar en octubre de 1998 y afectó a cuatro presos que habían solicitado recibir tratamiento médico más cerca de su lugar de origen. A finales de diciembre, otros 21 presos vascos habían sido trasladados a la península desde las islas Canarias y las Baleares, así como desde Ceuta y Melilla. Trasladar los presos al País Vasco es una de las cartas que posee el gobierno central a la hora de una posible negociación con ETA. Por ahora está guardada en la baraja de silencios, de anuncios de diálogo. Una carta que espera que ETA ofrezca la suya: el fin de la violencia.
Espíritus
Con la pupilas y las conciencias horrorizadas por el atentando del supermercado Hipercor, en julio de 1987 en Barcelona – que cobró la vida de 21 personas, y marcó uno de los puntos más bajos de apoyo a ETA -, llegó el Pacto (o espíritu) de Ajuria Enea, es en enero de 1988. Era un acuerdo para la “normalización y pacificación de Euskadi” que reunió a todas las fuerzas políticas vascas, menos a HB.
“Este Parlamento rechaza la utilización de la violencia tal y como viene produciéndose en Euskadi, insistiendo una vez más en la falta de legitimidad de los violentos para expresar la voluntad del pueblo vasco, así como en el rechazo de su pretensión de negociar problemas políticos, negociación que solo debe producirse entre los representantes legítimos de la voluntad popular”, dice el texto en uno de sus pasajes.
Y considera válidas, y apoya, las vías de reinserción para aquellas personas que decidan o hayan decidido abandonar la violencia con el propósito de defender sus ideas por cauces democráticos, respetando en cada caso la decisión que adopten las instituciones competentes del Estado a este respecto. Vazquez Montalbán cree que este espíritu fue duradero pero poco modificador de la situación. “Se trataba de uno de esos espíritus pasivos que permanecen semiescondidos en las esquinas de los salones de la Historia”, concluye. Un año después de la firma del pacto, ETA anunció una tregua de 15 días. El Ministerio del Interior afirma que la organización vasca inició contactos con el gobierno durante dicha tregua. Pero en realidad, se trataba de la etapa final de un acercamiento que llevaba gestándose desde 1984. Quién había lanzado públicamente la oferta de diálogo había sido José Barrionuevo, que por otra parte jugaba al terrorismo de Estado.
Aunque no debería ser curioso: el poder suele mostrar una doble moral, una para la foto, la otra de uso diario. Las conversaciones se realizaron en Argel – por lo que se las llamó Mesa de Argel. Pero tres meses después de iniciados, se rompió la comunicación, y los interlocutores de ETA fueron deportados a Santo Domingo, lo mismo que otros etarras que estaban en Argelia a diferentes países de África.
En 1992, el diario ABC publicó que desde la ruptura de las conversaciones en Argel, Rafael Vera había mantenido contactos con el portavoz de ETA en aquellas negociaciones, de los cuales el gobierno no informó. Durante el otoño de 1993 se volvieron a difundir informaciones sobre supuestos contactos entre el Ministerio del Interior, entonces dirigido por José Luis Corcuera, y algunos destacados dirigentes de ETA. El Gobierno volvió a desmentir cualquier contacto y supeditó el inicio del diálogo a un anuncio de tregua por parte de ETA, que nunca llegó a producirse. Ya en julio de 1997 ETA secuestra al concejal del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco. La organización pide a cambio de su liberación que los 460 de miembros que se encontraban en cárceles dispersas por España vuelvan al País Vasco. Al no aceptarse la petición y vencido el plazo, el concejal es asesinado.
Este acto a sangre fría provoca que millones de personas se lancen a la calleenprotestahaciendo nacer el llamado “Espíritu de Ermua”. Desde este momento la presión policial y judicial se acentúa aún más. Francia detiene a 50 etarras. Ese mismo año la justicia procesa a la Mesa Nacional de HB y Garzón cierra el diario abertzale Egin. El Foro de Ermua, nacido tras el asesinato, es una “corriente ciudadana de opinión”, Entre sus fundadores se encuentra el filósofo Fernando Sabater. El foro manifiesta su radical oposición y denuncia del terrorismo en el País Vasco, así como de todas aquellas organizaciones políticas o pretendidamente sociales o culturales que justifican, apoyan y encubren la estrategia terrorista. A la vez que rechazan cualquier negociación política del Estado y de las diversas instituciones públicas españolas y vascas con la banda terrorista ETA.
El pacto de Estella, también conocido como pacto de Lizarra (localidad navarra), fue suscrito el 12 de septiembre de 1998 en la localidad navarra de Estella por el Partido Nacionalista Vasco, Herri Batasuna, Eusko Alkartasuna, Ezker Batua, y otras agrupaciones políticas. “El de Lizarra (Estella) sería un espíritu segmentado, fraguado por el PNV, EA, Izquierda Unida del País Vasco, ya a fines de la primera legislatura del gobierno de Aznar, ofrecido como un hecho consumado de avance hacia la negociación con ETA y respaldado por una tregua concedida por los etarras que duró un año.
Convencidos de la parálisis política que afectaba al PP y al PSOE en el tratamiento del problema vasco y de que el PP dependía de las ayudas del PNV en el Parlamento español, los firmantes de Lizarra forzaron la tuerca del soberanismo y plantearon con toda claridad el objetivo de la autodeterminación y de una negociación política con ETA”, sintetizaVázquez Montalbán.
En la parte inicial, se hace un recuento de los factores que propiciaron el acuerdo de paz en Irlanda del Norte. Entre ellos mencionan: “Todos los implicados en el conflicto han aceptado el origen y la naturaleza política del mismo. Desde ambos lados se dieron gestos de distensión sin que se exigiera inexcusablemente condiciones previas para el inicio del diálogo.
El reconocimiento del derecho de autodeterminación al conjunto de los ciudadanos de Irlanda ha traído consigo una profundización en la democracia Esas características políticas comprenden una concepción de la negociación realizada, no con la idea de ganar sino de resolver el conflicto”. Finalmente, describen la potencial aplicación para Euskadi de los pasos y actitudes tomadas en Irlanda del Norte, donde remarcan que la resolución política no puede excluir a los agentes implicados, en clara alusión a ETA. Y hacían hincapié en que la última palabra la debe tener el pueblo vasco, ya que de su futuro se trata.
La homilía de Aznar
El 3 de marzo de 1996, el PP gana las elecciones, pero debe pactar con los nacionalismos vascos y catalán para que se puede formar gobierno y Aznar sea presidente. “Cuando (Aznar) llegó al poder dependía de la alianza con nacionalistas catalanes y vascos, por lo que tuvo que enmascarar su hipernacionalismo español”, recuerda Vázquez Montalbán. Así, Aznar admite el diálogo con ETA si ésta deja las armas. Pero ETA siguió arrojando muertos.
Sería recién el 16 de septiembre de 1998 cuando ETA anuncia una tregua indefinida y sin condiciones, que terminaría 14 meses más tarde, con la negativa del PP a negociar sobre la futura independencia de Euskadi. Inmediatamente después del anuncio, el Gobierno decide el primer traslado de presos de ETA a Euskadi. Días después, el PNV gana las elecciones autonómicas y Juan José Ibarretxe se transforma en el nuevo Lehendakari.
Pero como el PNV no había logrado la mayoría absoluta, tuvo que firmar un pacto de gobierno con Euskal Herritarrok (EH) y Eusko Alkartasuna (EA), que rompió unilateralmente nueve meses después, tras los asesinatos del dirigente socialista vasco Fernando Buesa y su escolta. Esta decisión provocó la salida del parlamento de EH, que en 2001 haría sus peores elecciones. EH era una plataforma presentada meses después del encarcelamiento de la Mesa Nacional de HB, en 1997, por haber difundido un video de ETA durante las elecciones generales del año anterior aprovechando los espacios gratuitos y estatales de publicidad electoral que tenía HB para la campaña para las elecciones generales de 1996. En tanto, en Zurich, el Gobierno hacía lo que ahora dice que no hizo jamás: conversaba con ETA. En el diario El Mundo, en los documentos sobre el conflicto vasco, afirman: “Las conversaciones entre representantes de este Ejecutivo y la banda terrorista se produjeron el 19 de mayo de 1999. El contexto era el de la tregua indefinida declarada por ETA en septiembre de 1998.Dos semanas después del inicio de la tregua, el 2 de octubre, Aznar ya planteó en una declaración pública la posibilidad de emprender una fase de diálogo con la banda. Antes se había reunido con todas las fuerzas políticas”.Fue la única conversación. Poco después del encuentro con el Gobierno, dos de los interlocutores fueron detenidos.
En noviembre, ETA pone fin a la tregua. Los eventos se desarrollaron rápidamente: en enero de 2000 ETA volvía a atentar en Madrid, y, en marzo, el PP ganaba las elecciones con mayoría absoluta. Esta vez, no harían falta máscaras: enseguida se pudo oír la tónica de lo que vendría. Javier Elzo cree que hicieron la equiparación de terrorismo y nacionalismo. “Y entonces, dijeron: ‘si acabamos con el nacionalismo, acabaremos también con el terrorismo’”, remata. En la misma línea de opinión se encuentra Garaikoetxea, al expresar: “: “El problema vasco se ha convertido en un recurso, en primer lugar, para exhibir firmeza y conquistar votos a lo largo y ancho de España”.
Mientras los políticos ensayaban sus dentaduras de distinto molde ideológico, ETA asesinó a Ernest Lluch, catedrático de Historia de las Doctrinas Económicas, ex-rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, ex-ministro de Sanidad durante el gobierno socialista, en Barcelona, el 21 de noviembre. Como había ocurrido durante el secuestro de Blanco, la gente se volcó a las calles. Las manifestaciones eran multitudinarias; el cansancio a tanta violencia también.
Enseguida el Gobierno se hizo eco y, junto con el PSOE firmaron, el 8 de diciembre, el Pacto por las libertades. Montalbán es elocuente: “El pacto descansa en el principio esencial de que ETA es culpable, afirmación que al menos tiene el don de la obviedad”. Y finaliza diciendo que es una “chuchería del espíritu que se inventaron el PP y el PSOE para demostrar que existe la razón de Estado y que les pertenece”.
Ley Orgánica de Partidos Polítitos
El profesor de Derecho Penal de la Universidad Cardenal Herrera opina en la Revista del Poder Judicial nº 69, que todo parecía indicar que el Gobierno había querido huir del derecho penal como herramienta básica de lucha contra el terrorismo y contra quienes lo apoyan. Y sostiene que ese cambio de actitud fue propiciado dos realidades: “En primer lugar, el hecho de que las garantías procesales vigentes en nuestro Ordenamiento sean – por suerte – excesivamente rígidas y el concepto penal de asociación ilícita demasiado restrictivo, como para poder eludirlos ante un inminente proceso de ilegalización.
En segundo lugar, porque desde el Poder Judicial se reitera una y otra vez la vigencia de dichas garantías, siendo ya muchos los pronunciamientos judiciales desestimando, por atípicos, comportamientos presuntamente delictivos a los ojos del Ejecutivo. Por tanto, en términos de eficacia, resulta más fácil y cómodo conseguir la ilegalización ‘administrativa’, ya que la ilicitud penal exige una carga probatoria mucho más sólida que cualquier otra”.
El Consejo de Estado advierte en su Informe del peligro de que la intervención de la Administración en este proceso “pueda constituir un obstáculo al libre ejercicio del derecho de asociación política”. González explica que de esta forma, , la Administración amplía, de facto, sus competencias, pasando de ejercer una mera labor de control formal a ostentar el crucial papel de concesión de personalidad jurídica.
Y finaliza indicando que se trata de “un texto pensado y redactado en términos políticos más que jurídicos, hasta el punto de que el mismo parece una ‘ley de acompañamiento’ del objetivo fundamental que constituye su ratio legis: disolver un determinado partido político”. A la vez que es un texto “plagado de ambigüedades, formulaciones genéricas y conceptos jurídicos indeterminados”.
Ilegalizando
Los miembros de Euskal Herritarrok y Herri Batasuna, tras un proceso de refundación (motivado en buena medida por la amenaza de ilegalización pendiente sobre ambos) crearon en 2001 a Batasuna, del que se descolgó la corriente Aralar, encabezada por Patxi Zabaleta, por sus discrepancias con la línea oficial de no rechazo a la violencia política de ETA. Aralar se constituiría posteriormente como un partido independiente. El objetivo inicial de este proceso era convertir a HB en un partido autónomo de ETA capaz de atraer a los independentistas que apostaban por la línea soberanista emprendida con el Pacto de Lizarra. El 26 de agosto de 2002, el juez Baltasar Garzón ordenó el cierre de las sedes políticas de Batasuna. El 28 de marzo de 2003, el Tribunal Supremo notifica la sentencia que ilegaliza a Batasuna, Euskal Herritarrok y HB, y ordena el cese inmediato de sus actividades. Luego de un proceso que empezó tras un atentado perpetrado por ETA en Santa Pola donde murieron dos personas.
El ministro de Justicia, José María Michavila, esgrimió 23 motivos con los que justificó la prohibición de Batasuna. Los mismos incluían: su rechazo a condenar los ataques de ETA; el hecho de que los ex miembros de ETA forman parte de sus funcionarios electos y que muchos de los miembros activos de la organización extremista también pertenecen al partido. Batasuna explica que se trata de excusas medio encubiertas para silenciar al partido.
Tras la ilegalización de Batasuna, el grupo parlamentario, integrado por siete diputados autonómicos, pasó a llamarse Sozialista Abertzaleak (SA, Socialistas Nacionalistas).
Ante esta situación se crearon plataformas electorales locales para presentarse a las elecciones municipales y una plataforma por la autodeterminación Autodeterminazioaren Bilgunea (AuB) para las elecciones a las diputaciones provinciales. Casi todas las plataformas fueron consideradas por los tribunales como una continuación de Batasuna, por lo que fueron ilegalizadas. Ante la imposibilidad de que la ilegalizada Batasuna pudiera estar presente en las elecciones autonómicas del 17 de abril de 2005, la agrupación de electores Aukera Guztiak (AG, Todas las opciones) decidió concurrir a estos. Sin embargo, cinco días antes del inicio de la campaña electoral, el Supremo anuló la lista de AG «por ser instrumento de ETA».
Inmediatamente después de la ilegalización de Batasuna, Vázquez Montalbán escribía en La Jornada que la falta de opciones favorecía la impresión de que la ilegalización de Batasuna era una medida eficaz, ya que tanto el Partido Popular (PP) como el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) debían ocultar su incapacidad política y la insuficiencia de la vía policial como instrumento represor o disuasorio. “¿Qué terrorismo político con raíces sociales no ha jugado, juega y jugará en un doble frente de clandestinidad y legalidad? ¿Qué terrorismo, insisto, con raíces sociales, ha sido destruido democráticamente por la ilegalización de su frente político?”, se lamentaba. Y parecía responder a sus preguntas en su libro La Aznaridad: “Desmesurar el problema vasco. Ésta ha sido la estrategia del PP”.
Finalmente, para las elecciones del 17 de abril de 2005, el Partido Comunista de las Tierras Vascas-EHAK (PCTV-EHAK) le ofreció sus listas a Batasuna y anunció el retiro de su programa electoral, nunca antes publicitado, por el objetivo de la “paz y la democracia”. Superaron en 7.000 votos (un 2,38% y 2 escaños) los resultados de Batasuna en los comicios de 2001.
“Todo ello unido, sin duda, a la ausencia de ETA en la campaña y a una menor actividad criminal en estos dos años. Batasuna ha demostrado, una vez más, que dispone de un voto militante y disciplinado que ha sido capaz de sortear las diferentes dificultades”, valora en un documento el Partido Comunista de Euskadi. El PNV, por su parte, manifiesta que “La práctica ha demostrado que no cabe ilegalizar la voluntad política de los ciudadanos y el resultado es, según todos los indicios, PCTV”.
A pesar de los pedidos desde el PP, e incluso de Arzallus, una voz oficiosa, aunque no oficial, del PNV, de ilegalización del PCTV, el PSOE no solicitó dicha medida al Tribunal Supremo. No eran pocos sus motivos. Luego de que las Cortes mandaran a Ibarretxe a su casa con un no rotundo a su plan de reforma de Estatuto, y que éste adelantara un mes las elecciones (para el 17 de abril de 2005) autonómicas para convertirlas en una suerte de referéndum -que le habían prohibido llevar a cabo – el PCTV jugaba un importante papel quitándole votos del espectro nacionalista.
El plan Ibarretxe
Lanzado por el lehendakari Ibarretxe en septiembre de 2002, el plan propone El pueblo vasco es un pueblo de Europa con identidad propia . El derecho del pueblo vasco a decidir su futuro, es decir, el derecho de autodeterminación. Las decisiones de los ciudadanos de cada región del País Vasco (Comunidad Autónoma Vasca, Navarra y País Vasco francés o Iparralde, véase Euskal Herria) deben respetarse por las demás y por el resto de pueblos de Europa. Además la propuesta plantea una serie de reformas, las más importantes referentes a la exclusividad de las competencias en administraciones públicas, educación, cultura, deporte, política linguística, asuntos sociales, sanidad, economía, hacienda, vivienda, medio ambiente, infraestructuras, transportes, seguridad pública, trabajo y seguridad social. Los partidos mayoritarios españoles, el PP y el PSOE, lo acusan de: Ser un plan encubiertamente secesionista, que busca la independencia del País Vasco a medio plazo. Ser inconstitucional, y fuera del marco de la Unión Europea – aunque en la consulta que se le hizo al Parlamento Europeo éste declaró que era un asunto interno de España. Compartir objetivos con el proyecto político del nacionalismo radical y, por tanto, “dar alas” a ETA.
El PP llegó incluso a modificar el Código Penal para imponer penas de cárcel a quien convocara referéndums sin la aprobación del gobierno, como sería el caso del gobierno vasco si lo hubiese hecho sin el respaldo del gobierno español. El 22 de junio de 2005, fueron eliminadas dichas modificaciones por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
En diciembre de 2004 el plan fue aprobado por el Parlamento Vasco gracias al apoyo inesperado de tres parlamentarios de Sozialista Abertzaleak. El plan necesitaba 38 escaños para seguir adelante y obtuvo el respaldo de 39. El tripartito PNV-EA-IU ya sumaba 36. El resto de votos, 35, fueron los de PP, PSE y tres de SA. Casi un año después, el pleno del Congreso dijo “no” a la toma en consideración de la propuesta de reforma del Estatuto planteada por el Parlamento Vasco. El Plan Ibarretxe fue desestimado con 313 votos en contra, 29 a favor y dos abstenciones. El proyecto se rechazó con los votos del PSOE, PP, Izquierda Unida, Coalición Canaria y Chunta Aragonesista. Votaron a favor de su tramitación parlamentaria los diputados del PNV, ERC, Eusko Alkartasuna, Nafarroa Bai y el BNG, mientras que los dos representantes de Iniciativa per Catalunya (IC) se abstuvieron.
Final abierto
La sociedad española se encuentra encerrada entre dos nacionalismos: el vasco y el español. A día de hoy, el nacionalismo español, representado por el intransigente PP, aboga por el enfrentamiento. Eduardo Madina, Secretario General de las Juventudes socialistas de Euskadi , víctima de un atentado terrorista de ETA en el que perdió una pierna, lo dice alto y claro: “Hay otros partidos que no tienen voluntad en acabar con el problema. Porque el PP, toda su aureola electoral y todo su movimiento y toda su estrategia gira alrededor de la gestión del dolor que ETA genera, y de su posicionamiento respecto al problema”. Es que, como opina el periodista Iñaki Gabilondo, la capacidad emocional que tiene el terrorismo es demasiado botín.
Así fue que, cuando en mayo de 2005 los diputados españoles aprobaron una propuesta de resolución del PSOE para abrir un diálogo con ETA – siempre que la organización deponga las armas -, el PP votó en contra. Y no sólo eso: su Secretario General, Mariano Rajoy, afirmó que “un Parlamento que represente la soberanía del pueblo no puede convertir a una organización terrorista en interlocutor político. Dialogar con ETA es disparatado y no resuelve nada”.
La derecha no puede comprender que existan sectores que no se indentifiquen con la nación española, o que se identifiquen al mismo tiempo con otras realidades nacionales. “La formulación de la actual Constitución parte de la negación de esa realidad”, entiende Eduardo Ruiz Vieytez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Deusto (Bilbao), en el número 17 de la Revista Pasajes. Y aclara que “el mayor obstáculo (para una solución del conflicto) lo representa el inmovilismo de quien para defender su posición niega a la sociedad la capacidad de decisión democrática, la legitimidad moral de las posiciones ajenas o incluso la misma existencia de un conflicto de fondo”. Por otra parte, ETA no hace más que darle letra al discurso del PP (y viceversa): una calesita incesante de la que, de tanto en tanto, sale despedido un muerto que pasa rápidamente al olvido una vez que llenó discursos y urnas; que alimentó el odio necesario para mantener a una sociedad escindida – aunque sea eso, justamente, lo que el PP dice no querer.
Y la tragedia aumenta, se agranda, se desproporciona, y la solución se aleja irremediablemente, mientras en la televisión la noticia central es la sucesión de malos arbitrajes. Todo el cóctel de narcóticos para las conciencias. Un pueblo dormido, un futuro siniestro.
Marcelo Wio, Revista Zoom (Argentina), 29/10/2010