El Congreso rechazará hoy con los votos de PP, Ciudadanos y PSOE la exigencia de las fuerzas independentistas catalanas de celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña, con la vista puesta en la secesión. La mayoría de la Cámara votará en contra de la moción defendida por el diputado del PDeCAT, Jordi Xuclà, instando al Gobierno a respetar la decisión del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de convocar una consulta el próximo 1 de octubre que rompería los moldes del marco constitucional.
El debate celebrado ayer en el Congreso, y que hoy será objeto de votación, fue suscitado por lo que antes era el grupo de Convergència con el objetivo, inicialmente, de poner en evidencia el fracaso de la llamada Operación Diálogo, activada hace unos meses por Mariano Rajoy para intentar diluir las aspiraciones independentistas de una parte de la sociedad catalana.
Finalmente, el texto de la resolución propuesta por los diputados nacionalistas cambió de signo para reclamar abiertamente a la Cámara una toma de posición ante el referéndum que ha anunciado públicamente, con fecha y texto de la pregunta, el presidente de la Generalitat.
La respuesta del Congreso será un no rotundo. Las fuerzas constitucionalistas –PP, Ciudadanos y PSOE– así lo avanzaron ayer en el curso de un debate en el que los socialistas, pese a todo, tuvieron que asumir aceradas críticas por su propuesta –aprobada el fin de semana en su 39º Congreso– que reclama un modelo de Estado «plurinacional» que reconozca a Cataluña como una «nación cultural».
La idea del PSOE liderado por Pedro Sánchez de propiciar un cambio de la Carta Magna para rediseñar el Estado como una «nación de naciones» o, dicho en otras palabras, como un ente «plurinacional», no parece haber convencido a casi nadie. De hecho, ayer la idea fue duramente combatida tanto por el PP y Cs como por los independentistas más radicales de ERC.
Los primeros tacharon el plan de la nueva dirección socialista de simple «ocurrencia» y los segundos llegaron a afearle al PSOE el intento de arrogarse el derecho a decidir, en nombre de Cataluña, su definición como entidad política.
«¿Quién les da derecho a decidir que nosotros somos una nación cultural? ¿Quién les da derecho a insultarnos así?», le espetó a Pedro Sánchez desde la distancia el diputado de ERC Joan Tardà.
PP y Cs mantuvieron sus posiciones conocidas. Para ambas fuerzas no hay duda de que el derecho a decidir que pretenden poner en marcha los independentistas catalanes no cabe en la Constitución. El PSOE coincide con este diagnóstico inicial; sin embargo, se aparta de los otros dos partidos cuando plantea su nueva fórmula de reconocimiento de la «plurinacionalidad» como vía para solventar el problema.
Ayer quedó, sin embargo, meridianamente claro que la última propuesta del socialismo no convence. Para el PDeCAT, la nación cultural que promueve Sánchez debe ser también «política», es decir, con todos los derechos, incluido el de la libre determinación. Su portavoz, Jordi Xuclà, se esforzó en intentar ofrecer una última posibilidad de negociación con el Gobierno central, aun a sabiendas de que la misma se estrella contra un muro porque Rajoy no aceptará decidir sobre algo que vulnera la soberanía nacional.
Así, anticipándose a lo que ya está anunciado –que no se celebrará la consulta–, Xuclà aseguró que la Generalitat y las fuerzas que la sustentan están preparadas para «resistir la campaña del miedo».
Joan Tardà fue mucho más lejos al afirmar que el Gobierno sólo podrá frenar la votación de los catalanes el próximo 1 de octubre «utilizando la violencia».
El portavoz independentista adelantó incluso la estrategia de los secesionistas para el hipotético caso de que los tribunales ordenaran prisión para alguna autoridad catalana por incumplir la ley. «Si eso sucede», avisó, «uniremos a la petición de referéndum la reclamación de una amnistía». Y eso es así porque Tardà ya da por hecho que en España, a raíz de este conflicto, volverá a haber «presos políticos».