El ministro de Justicia, Rafael Catalá, no cuenta desde ayer con la confianza del Congreso. Todos los grupos de la Cámara Baja, a excepción del PP, votaron a favor de su reprobación y pidieron también la destitución del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y del fiscal Anticorrupción, Manuel Moix. El resultado fue 207 síes frente a 134 noes, una mayoría contundente.
Catalá fue castigado «políticamente» por sus supuestas injerencias en la acción de los fiscales para intentar proteger a los cargos de su partido implicados en casos de corrupción. El PSOE llegó a culpar al ministro de «urdir un plan perfecto para proteger a los acusados de corrupción del PP», en referencia a la anterior fiscal general, Consuelo Madrigal, que no continuó en el cargo después de manifestar al ministro que no estaba dispuesta a aceptar determinados cambios en las áreas más sensibles del Ministerio Público.
Pese a la reprobación del Congreso, el ministro de Justicia seguirá en su puesto porque las mociones de este tipo no son jurídicamente vinculantes para el Gobierno y Rajoy, que es quien nombra a los miembros de su Ejecutivo, ya ha advertido de que mantiene intacta su confianza en Rafael Catalá.
La moción contra el ministro incluía la reclamación de la destitución del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y del fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix. Tampoco ellos se verán afectados.
No obstante, el varapalo político es trascendente porque Catalá pasa a convertirse en el primer ministro en plenitud de funciones que es reprobado por el Congreso. Antes que él, en la historia de la democracia, otros dos miembros del Gobierno fueron reprobados pero en circunstancias distintas. El primer caso fue el de la ex ministra socialista de Fomento, Magdalena Álvarez, censurada por el Senado y el segundo, el del ex ministro popular de Interior, Jorge Fernández Díaz, que fue reprobado en comisión y cuando el Gobierno estaba en funciones.
Catalá, que ayer estuvo presente en la Cámara Baja durante el debate, aseguró al término de la sesión su intención de «seguir trabajando por una Justicia independiente y una Fiscalía autónoma con toda la ilusión y toda la energía». Él mismo señaló que su nombramiento depende exclusivamente de Rajoy y no del Congreso.
Los argumentos que esgrimieron los portavoces parlamentarios para justificar su decisión de reprobarle fueron durísimos. La diputada socialista Isabel Rodríguez fue quien le acusó de «actuar como abogado defensor de los acusados de corrupción del PP». En su opinión, «el Gobierno ha urdido un plan perfecto para protegerlos» llegando incluso a «poner al Ministerio Fiscal al servicio de su defensa».
Esto es precisamente lo que explica, según el PSOE, que se destituyera a la fiscal general Consuelo Madrigal y, en su lugar, se nombrara a José Manuel Maza, quien a su vez procedería a situar a Manuel Moix al frente de Anticorrupción y a cambiar a otros fiscales clave, como el de la Audiencia Nacional.
En definitiva, todo un hilo que, en opinión de los socialistas, no ha hecho sino «poner en riesgo las reglas básicas del Estado de Derecho». «Están ustedes carcomidos por la corrupción», dijo Rodríguez antes de reclamar, además de la salida de Catalá del Ejecutivo, el cese de Maza y la remoción de Moix. Para la diputada socialista, tras una reprobación como la que se produjo ayer, un Gobierno que se considere demócrata está obligado a apartar a quien no cuenta con la confianza de la Cámara.
Ciudadanos, que fue el último partido en apuntarse a la moción, constató, por boca de Ignacio Prendes, que «se haya caído en el precipicio de la pérdida de confianza absoluta en la independencia de la Justicia». La formación naranja reprocha al Gobierno no haber querido rectificar a tiempo y haberse empeñado en defender contra viento y marea a una cúpula fiscal que suscita enormes dudas. «Yo quiero», dijo Prendes, «un país en el que el presidente del Gobierno no se sepa ni el nombre del fiscal Anticorrupción».
Podemos, por su parte, aprovechó el debate para reprochar a PSOE y Ciudadanos su «indiferencia» frente a un Gobierno que «parasita» las instituciones, barriendo así en favor de la moción de censura contra Rajoy que pretenden presentar y para la que no cuentan con los apoyos necesarios. Los de Pablo Iglesias aprobaron la reprobación del ministro pero dejaron claro que su objetivo va más allá y no es otro que el de tumbar el Gobierno del PP.
El PNV, habitualmente prudente en estos casos, lamentó que se haya «desatado una tormenta perfecta» en virtud de la cual se ha instalado «la percepción ciudadana de la parcialidad de la Justicia por presiones políticas y para favorecer a investigados por corrupción». «En política lo que la gente cree que es, es lo que es», concluyó su portavoz Mikel Legarda.