El Congreso y el Gobierno mantienen las espadas en alto. El roce entre el poder Legislativo y el Ejecutivo comenzó en el primer mandato de Mariano Rajoy, derivado del malestar que se larva en la oposición en las etapas de mayoría absoluta, cuando desde La Moncloa se cae en la tentación de abusar del decretazo, y se agravó durante la legislatura fallida en la que el Gabinete en funciones se negó a someterse al control ordinario del Parlamento.
Ahora, en esta nueva fase, la tensión entre los dos poderes puede desembocar en un nuevo conflicto ante el Tribunal Constitucional porque el Gobierno, con la capacidad que le da la ley para embridar gastos y asegurar ingresos, ha emprendido una dinámica de vetos contra las más diversas proposiciones de ley de los grupos parlamentarios argumentando que, de aceptarse, se desbaratarían las cuentas del Estado.
Hasta 16 han sido las iniciativas bloquedos. Pero los grupos de la oposición, ahora con fuerza suficiente, se muestran dispuestos a obviar los vetos, de hecho la Mesa de la Cámara, una instancia en la que el PP ya no tiene mayoría, decidió en contra del Ejecutivo iniciar la tramitación de al menos dos proposiciones relativas a la Lomce y a las condiciones laborales de los trabajadores de subcontratas.
Desde Moncloa se ha advertido ya que de mantenerse esta postura llevará el caso ante el Constitucional en un nuevo episodio de conflicto de competencias.
El Gobierno ha justificado la catarata de vetos en apenas mes y medio argumentando que las propuestas de la oposición, en caso de aprobarse, supondrían una «desviación» presupuestaria superior a los 6.000 millones de euros, lo que impediría cumplir con la senda de estabilidad y reducción del déficit público comprometida con Bruselas.
El Ejecutivo ha remitido a la Cámara un escrito explicando las razones y las cifras que afectan a cada uno de los vetos planteados. Pese a ello, la Mesa dio luz verde a dos tramitaciones y mantiene el resto de las iniciativas a la espera de los informes que ha solicitado a los letrados. Estos ya están listos y serán analizados por el órgano rector del Congreso en su reunión de mañana martes.
Los juristas de la Cámara Baja no fijan una posición definitiva, pero sí advierten del carácter extraordinario de no atender los vetos del Gobierno y a ello añaden que, en caso de que el Congreso decida finalmente obviar la posición gubernamental deberá hacerlo con argumentos capaces de contrarrestar los riesgos presupuestarios que esgrime el Ejecutivo.
En el Gobierno dan por hecho que, en caso de llegar al Constitucional para que dirima el problema, el Alto Tribunal le dará la razón en la mayoría de los casos.
Fuentes gubernamentales consultadas por Europa Press precisan que sólo la propuesta de subida de las pensiones para 2017 presentada por PSOE, Podemos y otros grupos parlamentarios implicaría un aumento del gasto de 1.150 millones de euros.