ABC 01/03/13
· Remite al Ejecutivo un dictamen jurídico «favorable» para recurrir al TC el desafío del Parlamento catalán.
El presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ya tiene en su mano todos los argumentos legales para dar el paso y recurrir la declaración de soberanía del Parlamento catalán ante el Tribunal Constitucional. Y, según fuentes de La Moncloa, su intención es decidirlo sin demora después de que ayer el Consejo de Estado coincidiera con la Abogacía del Estado y enviara al Ministerio de Administraciones Públicas un dictamen favorable a la impugnación. El Consejo de Ministros que se celebrará hoy mismo estudiará el informe y la luz verde a la interposición del recurso podría producirse en esta sesión o, a más tardar, en el cónclave ministerial del viernes que viene, apuntan las mismas fuentes.
El organismo que preside José Manuel Romay Beccaría considera que «existen fundamentos jurídicos suficientes» para recurrir la declaración de soberanía tras apreciar la vulneración de varios artículos de la Constitución. La Abogacía del Estado, en la misma línea, ya resolvió que el texto conllevaba «efectos jurídicos» al reconocer como sujeto de soberanía al pueblo catalán. Una proclamación que, a su juicio, quebranta los artículos de la Constitución 1.2 y 2 que recogen que la «soberanía nacional reside en el pueblo español» y «la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles», respectivamente. También apreció vulneración de los artículos 9 y 168. La primera de estas disposiciones establece que «los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución», en tanto que la segunda determina que la revisión de la Carta Magna necesaria para convertir en legal la declaración catalana requiere de la aprobación por mayoría de dos tercios de cada Cámara, la disolución de las Cortes, su ratificación por las nuevas Cortes con mayoría de dos tercios y referéndum.
«Más independentistas»
El Ejecutivo, no obstante, considera que la interposición del recurso no invalida la vía del diálogo con la Generalitat, que mantiene abierta. «Este Gobierno no va a aceptar la disolución de España. A partir de ahí, podemos hablar de lo que quieran», explicaba ayer a ABC uno de los ministros más cercanos a Rajoy.
Para la Generalitat, sin embargo, la presentación del recurso supone prácticamente una declaración hostilidad. El portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, avanzó que la respuesta de su Ejecutivo será «resistir» ante la «miopía» del equipo de Mariano Ra- joy y su «actitud beligerante» además de «tan poco democrática» e incluso «nulamente dispuesta al diálogo», informa Álex Gubern.
Y en Madrid el portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados, Josep Antonio Duran i Lleida, consideró a este periódico que «más allá de si la declaración es constitucional o no, el recurso me parece un inmenso error que no tiene ningún sentido». «Dará más alas a los que están hartos del trato que reciben de las instituciones del Estado», aseguró. Respecto a si el movimiento del Gobierno romperá la interlocución entre Madrid y Barcelona, Duran fue tajante: «No hay diálogo, así que difícilmente puede romperse».
Antes de la consulta
Una vez que la impugnación llegue al Tribunal Constitucional es difícil predecir cuánto tiempo tardará en resolverse. La decisión de cuándo se eleva al Pleno el recurso del Gobierno depende del presidente, Pascual Sala, que es quien fija el orden del día.No obstante, todas las fuentes consultadas coinciden en que carecería de sentido que el Tribunal Constitucional resolviera después de que la declaración de soberanía se tradujera en la convocatoria de una consulta o conllevera cualquier otro efecto. En esta línea, apuntan que no sería descartable que los miembros del Pleno alcanzaran el compromiso tácito de solventar este recurso antes de que se produzca la consulta. La experiencia del Estatut, cuando el Constitucional dictaminó y recortó el texto después de que la población catalana lo hubiera validado, refuerza esta tesis. Aquello alimentó el creciente soberanismo, y el Ejecutivo de Rajoy quiere evitar que el episodio se repita.
Solicitud de suspensión
En todo caso, para intentar garantizar que la Generalitat no traduce la declaración catalana en efecto alguno, es de prever que el Ejecutivo solicite la suspensión de la misma dentro del recurso de inconstitucionalidad. Este movimiento obligaría al Constitucional a invalidar la proclamación catalana en caso de admitir a trámite la impugnación. La suspensión, en este caso, sería temporal y por un periodo máximo de cinco meses en los que el Constitucional tendría que resolver si levanta o mantiene la invalidación hasta dictaminar sobre el fondo del asunto.
ABC 01/03/13