ABC 25/04/13
· Avala los contenidos esenciales de la ley Wert y recalca la obligación de las comunidades de poner medios para poder usar la lengua oficial del Estado.
El Consejo de Estado ha dado un aprobado general al proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). En concreto, el dictamen respalda aspectos como la introducción de las nuevas evaluaciones (las «reválidas»), la elección temprana de itinerarios y la potenciación de la Formación Profesional. El documento dedica también un apartado a la regulación del uso en la enseñanza de la lengua castellana y las lenguas cooficiales en la que coincide con la ley en que las comunidades garanticen la enseñanza en español.
Tras recordar que la Constitución declara que todos los españoles tienen el deber de conocer el castellano y el derecho a usarlo, señala que los poderes públicos —el Estado y la Comunidad Autónoma— están facultados para «garantizar la utilización de ambas lenguas vehiculares en la enseñanza».
Alude también a lo establecido por el Tribunal Constitucional, de modo que «resulta perfectamente ‘legítimo’ que la lengua propia de la Comunidad Autónoma sea ‘el centro de gravedad de este modelo de bilingüismo’, aunque siempre con el límite de que ‘ello determine la exclusión del castellano como lengua docente de forma que quede garantizado su conocimiento y uso en el territorio de la Comunidad Autónoma». «El Estado, en fin, debe velar por el respeto de los derechos lingüísticos en el sistema educativo y, en particular, el de recibir enseñanza en la lengua oficial de Estado», pues, insiste, «no cabe olvidar que el deber constitucional de conocer el catellano presupone la satisfacción del derecho de los ciudadanos a conocerlo a través de las enseñanzas recibidas».
El informe del Consejo de Estado reconoce que «se adecuan a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional» los dos sistemas previstos en el anteproyecto, tanto el de integración del castellano y la lengua cooficial, de manera que las administraciones educativas determinen una «proporción razonable» de una y otra, como el de exclusividad de la cooficial en las asignaturas no lingüísticas, debiendo pagar la Administración los gastos de un centro privado si no prevé oferta docente en castellano.
El Consejo de Estado «comparte la posición del anteproyecto que atribuye a las Administraciones educativas la competencia para determinar la ‘proporción razonable’ de uso de ambas lenguas y las medidas que en su caso hayan de adoptarse para garantizar el conocimiento de las mismas.
ABC 25/04/13