El conseller de Interior de la Generalitat, Jordi Jané, pidió ayer explicaciones al director general de los Mossos d’Esquadra por el caso de acoso laboral al que dos superiores de la policía catalana presuntamente sometieron a un agente del cuerpo por redactar una denuncia en castellano.
Como avanzó ayer EL MUNDO, dos cargos de la comisaría del distrito de Sant Andreu de Barcelona están siendo investigados por una juez por los delitos de prevaricación y acoso laboral a un policía. A mediados de 2016 el agente fue relegado tras negarse a reelaborar un atestado en catalán y defender su derecho a utilizar el español si así se lo reclamaba el denunciante. Poco después de que comenzara el conflicto laboral, el agente fue apartado del patrullaje de seguridad ciudadana y derivado, durante tres meses, a trabajos burocráticos. Los dos mandos que ordenaron su traslado están citados a declarar a mediados de febrero tras posponerse dos veces su citación en la Ciudad de la Justicia.
Jané aseguró ayer haberse enterado del caso a través de este diario y evitó pronunciarse hasta contar «con toda la información». Tras una rueda de prensa celebrada en el Departamento de Interior, su titular aseguró también haber reclamado «las oportunas explicaciones a los responsables del cuerpo policial», entre ellos su director general, Albert Batlle.
Mientras la denuncia penal contra los dos mandos de Sant Andreu sigue su curso, otro agente de la policía de la Generalitat ha denunciado por vía interna otro posible caso de hostigamiento. En la misma comisaría y por la misma supuesta razón. Entre finales de 2016 e inicios de este año el policía ha presentado dos denuncias. Pese a ello todavía no ha recibido ninguna respuesta de sus superiores.
Según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, la primera denuncia se presentó el 23 de octubre de 2016. En ella el agente narra su desencuentro con su sargento por la lengua utilizada a la hora de redactar las denuncias. En resumen, el agente sostiene que si un ciudadano declara en español, el atestado debe ser redactado por completo en esa misma lengua. Su superior, no obstante, le ordenó que las cuestiones técnicas –datos personales, fecha de la comparecencia, los delitos que se denuncian o los derechos del denunciante– sean escritas en catalán y únicamente la declaración en castellano. Una orden que el agente se negó a cumplir si no la recibía por escrito. Para reforzar su postura, en su denuncia incluyó artículos de la Constitución y del Estatut en los que se defiende la cooficialidad de ambas lenguas. También alegó que los protocolos internos de los Mossos no mencionan la obligación del catalán.
La segunda denuncia fue presentada el 10 de enero. En ella el agente recuerda su primera reclamación y alerta además sobre el «acoso laboral» al que podría estar sometiéndole su sargento tras desobedecer su orden.
Para ilustrarlo, asegura que otros agentes de la misma comisaría de Sant Andreu no han sido reprendidos a lo largo de los últimos meses tras utilizar el español en las denuncias. También alega otro aspecto. Si se negara la redacción en castellano a un denunciante, se podría incumplir el propio régimen disciplinario de los Mossos. En concreto el artículo en el que se advierte contra «toda actuación que signifique discriminación por razón de raza, sexo, religión, lengua, opinión o lugar de nacimiento».