EL CORREO 31/10/14
· El Consejo de Estado da luz verde al Gobierno para que impugne hoy el sucedáneo de referéndum de autodeterminación
El Tribunal Constitucional abortará la semana próxima el segundo y probablemente último intento de Artur Mas por cumplir su compromiso de celebrar una consulta de autodeterminación en Cataluña el 9 de noviembre. La corte paralizará, a petición del Gobierno, el sucedáneo de referéndum secesionista que el presidente de la Generalitat improvisó por su cuenta y riesgo unos días después de que el 29 de septiembre el mismo tribunal dejara sin efecto cautelarmente la consulta independentista oficial que había convocado para el 9-N.
La suspensión de la «seudoconsulta», como la apoda despectivamente Mariano Rajoy, se producirá casi con toda seguridad el martes, que es la primera de las tres jornadas de pleno ordinario que celebrará el Constitucional durante la próxima semana. A diferencia de lo ocurrido el 29 de septiembre, la corte no tiene intención de convocar una reunión extraordinaria para acordar la medida cautelar.
La suspensión de la consulta alternativa es un hecho, sea cual sea la vía que finalmente elija el Ejecutivo para recurrirla. Si se trata de un conflicto de competencias o de una impugnación de un acto de la Administración catalana sin valor de ley, porque su simple admisión a trámite acarreará la suspensión cautelar automática a petición del Gobierno. Si se trata de un incidente de ejecución que denuncia la violación por la Generalitat de la resolución del 29 de septiembre del Constitucional, porque le alcanzaría la paralización provisional que se acordó entonces para la primera consulta.
La maquinaria legal que terminará con el bloqueo del «proceso participativo» del 9-N echó a andar ayer cuando el Consejo de Estado, por unanimidad de los miembros de su Comisión Permanente, comunicó al Gobierno que encuentra razones jurídicas bastantes para que el Consejo de Ministros ordene hoy la impugnación del sucedáneo de consulta secesionista. En esencia, las mismas que llevaron a recurrir la primera consulta oficial.
Un fraude de ley
El máximo órgano consultivo del Estado confirmó la tesis gubernamental de que la «seudoconsulta» de Mas solo es un intento de fraude de ley con el que el presidente de la Generalitat pretende burlar la resolución del Constitucional y celebrar un evento lo más parecido posible al referéndum de autodeterminación que fue paralizado. En este sentido, considera que el Ejecutivo catalán vuelve a invadir las competencias exclusivas del Estado, pues solo el Gobierno central puede convocar referendos.
Pese a los intentos de Mas de dejar esta votación en el limbo jurídico –inexistencia de convocatoria y de referencia a un cauce legal, ausencia de censo y de junta electoral o gestión por voluntarios–, la institución considera que los hechos, órdenes verbales y correos electrónicos a alcaldes y funcionarios, entre otros, han dejado claro que la votación está impulsada en realidad desde la Generalitat y que las papeletas, idénticas a la prohibidas, buscan la contestación a las mismas preguntas para ejercer la autodeterminación. En su objetivo, aclaran, violaría también la unidad de España y la residencia de la soberanía nacional en todo el pueblo español.
El Gobierno, de hecho, argumentará que la Generalitat plantea una votación «antidemocrática», que no reúne las mínimas garantías y que descarga cualquier responsabilidad administrativa y penal futura en ciudadanos y funcionarios. Asimismo, el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, reiteró ayer su llamamiento a Mas para que acate la decisión que adopte el Constitucional. La nueva consulta, insisten desde La Moncloa, solo sirve para «generar tensión».