EL CORREO 10/05/2013
· Admite a trámite su recurso y el de Díez Usabiaga contra la condena a seis años y medio por el ‘caso Bateragune’.
El Tribunal Constitucional abrió ayer una puerta para la salida de prisión de Arnaldo Otegi, líder de la izquierda abertzale encarcelado en Logroño y desde febrero secretario general de Sortu. La Sala Primera, encabezada por el presidente de la Corte, Pascual Sala, hizo público que ha admitido a trámite los recursos de amparo que el exportavoz de Batasuna y el ex secretario general de LAB Rafa Díez Usabiaga presentaron contra la sentencia del Supremo que condenó a ambos a sendas penas de seis años y medio por intentar refundar Batasuna a través de la plataforma Bateragune.
La decisión, que también afecta a otros tres condenados a 6 años por la misma causa –la extesorera del EHAK Sonia Jacinto, el exresponsable de Haika en Álava Arkaitz Rodríguez, y Miren Zabaleta, hija del fundador de Aralar, Patxi Zabaleta– se tomó el lunes, pero ha tardado tres días en comunicarse de forma oficial a las partes para que no coincidiera con el auto por el que el Constitucional suspendió la declaración de soberanía del Parlamento catalán.
La admisión a trámite del recurso de amparo no significa que el más alto tribunal del Estado vaya a revocar la sentencia del Supremo, pero sí da ciertas esperanzas a ambos dirigentes independentistas de poder obtener en breve la libertad condicional mientras la Sala analiza el caso y toma una decisión sobre el fondo del asunto. De hecho, los abogados de Otegi y Díez Usabiaga –Jone Goirizelaia y Iñigo Iruin, respectivamente– preparan ya sendos escritos demandando la excarcelación inmediata de sus representados mientras no haya sentencia firme.
Los seis magistrados de la Sala Primera deberán ahora estudiar si el secretario general de Sortu y el exlíder sindical cumplen con los requisitos para salir de prisión. Para ello han abierto una pieza separada del recurso de amparo y han solicitado a las partes personadas –defensas, Fiscalía, Abogacía del Estado y Voces contra el Terrorismo, asociación que ejerció la acusación particular– que esgriman sus argumentos a favor y en contra de la puesta en libertad. Además, pide informes a la Audiencia Nacional y al Supremo de las actuaciones practicadas en referencia a esta causa. El procedimiento debería resolverse por la vía rápida y los abogados de los dos dirigentes abertzales esperan que haya una resolución sobre la libertad o no para ellos antes de agosto, mes vacacional para los tribunales de justicia. El proceso de renovación en el que está inmerso el Constitucional –debe sustituir a cuatro de sus doce miembros– puede alterar los plazos, según las fuentes consultadas.
Las posibilidades de que Otegi y Díez Usabiaga sean autorizados a abandonar la prisión son, sin embargo, inciertas. Anteriores actuaciones del tribunal ante casos similares dan argumentos a favor y en contra de su excarcelación. Incluso en ámbitos judiciales y en el entorno del Constitucional las posiciones entre los juristas se muestran enfrentadas. Si bien es cierto que, por vez primera en el largo historial judicial de Otegi, en el Constitucional no cierran la puerta a una resolución favorable a la libertad condicional para el exportavoz de Batasuna. Incluso ayer había quienes dentro del tribunal aseguraban que la excarcelación era «probable».
El asunto de las ‘herrikos’
Quienes ven factible la salida de prisión del dirigente independentista subrayan que «suele ser» el procedimiento habitual cuando se admite un recurso de amparo, el preso ha cumplido la mitad de la pena y la condena no es excesivamente larga. El ahora secretario general de Sortu permanece en prisión por esta causa desde octubre de 2009 por lo que en enero superó el ecuador de su reclusión. En este sentido, fuentes judiciales recuerdan que, «por norma», el Constitucional concede la libertad condicional «casi» automática a aquellos reos con condenas de hasta cinco años de internamiento. En ciertos ámbitos se apunta, incluso, que excarcelarle ahora tendría un «menor» impacto político que dentro de tres años. Sin elecciones a la vista en el País Vasco, el efecto de su salida de prisión se iría, creen, diluyendo con el tiempo. De ser excarcelado en 2016, cuando se acaba la pena, coincidiría con la celebración de los comicios autonómicos si la actual legislatura se completa totalmente.
Los juristas, sin embargo, no se ponen de acuerdo sobre la incidencia que pueden tener entre los magistrados de la Sala Primera las causas pendientes de Otegi. El exportavoz de Batasuna debe sentarse en el banquillo de los acusados, junto con buena parte de los rostros más significados de la izquierda abertzale, por el conocido como ‘caso de las herriko’, la presunta financiación de ETA a través de esas sedes sociales. El fiscal pide para el ahora secretario general de Sortu doce años de prisión. Mientras los abogados de la izquierda abertzale creen que el proceso de las herrikos «no debería» afectar a la concesión de la libertad provisional, otros juristas consideran que podría convertirse en el argumento principal para mantenerle encarcelado.
Unas razones similares valdrían para Díez Usabiaga. Las únicas diferencias son que el exlíder de LAB no tiene más causas pendientes y que tampoco ha llegado al ecuador del cumplimiento de la condena: fue excarcelado por el exjuez Baltasar Garzón entre abril de 2010 y noviembre de 2011 para que cuidase de su madre enferma, decisión que luego se anuló y ha cumplido «algo más» de dos años de reclusión. Sin embargo, el dato de carecer de causas pendientes alienta a quienes se inclinan por pensar que los jueces podrían apostar por dejar en libertad a Díez Usabiaga y mantener en prisión a Otegi.
Decisión del Gobierno
La decisión final está en manos de los seis magistrados de la Sala Primera del Constitucional, aunque tampoco está claro que sean ellos quienes vayan a tomar la decisión. El tribunal está inmerso en un proceso de renovación para sustituir a cuatro de sus doce miembros. Dos de ellos deberían participar en las deliberaciones de este caso. Se trata de Pascual Sala y de Manuel Aragón. El sucesor del primero correspondería designarlo al Consejo General del Poder Judicial y el del segundo, al Gobierno.
Los vocales del CGPJ esperan, de hecho, que el nombramiento del sustituto de Sala –y también el de Ramón Rodríguez Arribas, se la Sala Segunda– se lleve a cabo en el Pleno que el órgano de gobierno de los jueces debe celebrar el próximo día 16, aunque aún no se ha llegado a un acuerdo entre los representantes conservadores y progresistas del consejo. El Ejecutivo de Mariano Rajoy prevé, por su parte, reemplazar a Aragón –y a Pablo Pérez Tremps– en julio.
Todos estos relevos se mezclarían, si no se producen retrasos, con las deliberaciones sobre la libertad condicional para Otegi y Díez Usabiaga. Dependerá de la celeridad que quiera imprimir al caso el actual presidente del Constitucional, Pascual Sala, y el resto de sus compañeros. Si se aguarda a que los nuevos magistrados tomen posesión de sus cargos, no se descarta que la resolución se pueda demorar, incluso más allá del verano. Unas incógnitas que comenzarán a resolverse en apenas unas semanas.
EL CORREO 10/05/2013