EL CORREO, 23/5/12
Aprovecha la expectación creada por el debate del recurso de Sortu para amenazar con una renuncia en bloque de los magistrados
Ya son directamente amenazas ante una situación sin precedentes. El Constitucional amaga con ir a una suerte de huelga encubierta o con dejar de funcionar. Los magistrados no descartan ninguna medida de presión por «muy drástica que sea», a la vista de que llevan meses quejándose y nadie les escucha. Cualquier cosa para forzar a PP y PSOE a que lleguen cuanto antes a un acuerdo en el Congreso para renovar a tres de los doce magistrados que componen el pleno, y que llevan año y medio en una situación de alegalidad. Y también para que los dos grandes partidos elijan al sustituto de Roberto García-Calvo, fallecido en mayo de 2008. El toque de atención no pareció preocupar a populares y socialistas, que volvieron a culparse mutuamente del bloqueo.
Como punto estrella de la agenda de ayer en el Constitucional estaba el recurso de amparo presentado por Sortu, pero hacía días que los magistrados habían decidido que no iban a ponerse a discutir sobre la suerte de la formación independentista a la que el Ministerio del Interior negó la inscripción en el registro de partidos en marzo de 2011. Conservadores y progresistas habían pactado usar la expectación creada por este debate para lanzar su nueva llamada a rebato, en forma de inédita nota de prensa en la que denuncian que el tribunal lleva cuatro años funcionando con solo once miembros y tres de ellos en situación de interinidad porque «el Congreso de los Diputados no cumple el deber de renovar el tercio que le corresponde».
A diferencia de los anteriores golpes sobre la mesa de la Corte para reclamar su renovación, el Constitucional llega ahora a las amenazas puras y duras ante lo que califica de «reiterados y duraderos incumplimientos» por parte de socialistas y populares. La «advertencia» de los magistrados es que están dispuestos a «adoptar» todas «las medidas que están en su mano, por muy drásticas que sean, para oponerse a esa indeseable situación».
En la reunión de ayer, se plantearon dos alternativas si los dos grandes partidos no pisan el acelerador ya. La primera es la dimisión en bloque de los once vocales, que el presidente de la corte, Pascual Sala, está dispuesto a aceptar habida cuenta de lo extremo de la situación. La segunda es que Sala dé el visto bueno a la renuncia de su vicepresidente, Eugeni Gay, y de los otros dos magistrados interinos, Elisa Pérez Vera y Javier Delgado, dejando el tribunal con solo ocho miembros. Ese el quórum mínimo para tomar decisiones en pleno. A partir de ahí, con que un solo magistrado se ponga enfermo o esté indispuesto o diga estarlo, la institución dejaría de funcionar.
Inmunes a las presiones
Esta última amenaza, en realidad es una reedición de la penúltima llamada de atención del Constitucional. El 13 de junio del pasado año, Gay, Pérez y Delgado ya presentaron su renuncia de forma conjunta en una crisis institucional «calculada» y que fue cortada por Sala. El presidente del tribunal de garantías resolvió «no aceptar» las renuncias y justificó su decisión para poder «garantizar la continuidad y estabilidad» de la institución. No obstante, anunció de la forma más solemne a populares y socialistas «la necesidad de observancia de los plazos de renovación constitucional y legalmente establecidos».
Sala remitió copia de su resolución al Rey Juan Carlos y a las más altas instituciones del Estado, como los presidentes del Gobierno, Congreso, Senado y Consejo General del Poder Judicial, pero de poco o nada sirvió aquel amago de rebelión. El entonces presidente del Congreso, José Bono, hizo un llamamiento a los partidos para acelerar las conversaciones. Sin embargo, la convocatoria de las elecciones generales el 20 de noviembre diluyó la posibilidad de cualquier acuerdo. Pasados los comicios, tampoco sirvió de nada la carta que el pleno remitió en diciembre al sucesor de Bono, Jesús Posada, en la que le urgía a que moviera los hilos para desatascar cuanto antes la renovación del Constitucional.
Cruce de acusaciones
La respuesta de los dos grandes partidos al sonoro toque de atención de ayer fue la misma de los últimos meses: culpar al adversario y decir que entienden perfectamente el malestar de los juristas. El portavoz parlamentario del PP, Alfonso Alonso, descargó todas las culpas sobre el PSOE, a cuyos líderes hizo un llamamiento para que «dejen de utilizar la minoría de bloqueo para evitar la renovación». «Nosotros tenemos voluntad real de llegar a un acuerdo», señaló. El plazo que Rubalcaba y Rajoy se pusieron para pactar la renovación era junio, «por lo que se acaba el tiempo».
Soraya Rodríguez, la portavoz socialista, comentó que ni el Gobierno ni el PP han hecho un solo movimiento para renovar la Corte y del resto de los órganos constitucionales pendientes, desde que Rubalcaba se lo ofreció a Rajoy en sus entrevistas de febrero y marzo. Considera que se ha llegado a esta situación por la «irresponsabilidad» del PP cuando era oposición e impidió la renovación, y por idéntica actitud ahora que es Gobierno y no toma la iniciativa.
EL CORREO, 23/5/12