El pleno del Tribunal Constitucional que se celebra hoy, haciendo uso de la facultad que el Gobierno quería suprimirle, va a verificar favorablemente la idoneidad de los cuatro nuevos magistrados, dos nombrados a propuesta del Gobierno (Juan Carlos Campo y Laura Díez) y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial (César Tolosa y María Luisa Segoviano). La renovación del órgano de garantías constitucionales se produce así por tercios, como manda el artículo 159.3 de la Constitución. Cesarán en sus cargos por terminación de los nueve años de su mandato el actual presidente Pedro González Trevijano, el actual vicepresidente, Juan Antonio Xiol Rius, y los magistrados Santiago Martínez Vares y Antonio Narváez. 

Una vez aquellos sean nombrados por el Rey, juren el cargo ante él y tomen posesión, el Tribunal quedará conformado por una mayoría de magistrados llamados “progresistas” que alcanzarán la cifra de siete sobre once, mientras que los conservadores serán cuatro porque el Senado no ha designado al sustituto del magistrado conservador Alfredo Montoya que se retiró por razones de salud. Esos 11 magistrados tendrán que elegir al nuevo presidente o presidenta. Por ya larga tradición se elegirá a un presidente de la mayoría progresista y a un vicepresidente de la minoría conservadora. La elección de presidente/a exige, en primera votación, mayoría absoluta y, en segunda, simple, según la ley orgánica del Tribunal. 

La elección del presidente/a del órgano de garantías constitucionales es de extraordinaria importancia porque su ley reguladora le encomienda (artículo 15) “la representación del Tribunal, convoca y preside el Tribunal en Pleno y convoca las Salas; adopta las medidas precisas para el funcionamiento del Tribunal, de las Salas y de las Secciones; comunica a las Cámaras, al Gobierno o al Consejo General del Poder Judicial, en cada caso, las vacantes; nombra a los letrados, convoca los concursos para cubrir las plazas de funcionarios y los puestos de personal laboral, y ejerce las potestades administrativas sobre el personal del Tribunal”. Además, el presidente/a dispone de voto de calidad en caso de empate.

Los presidentes del Constitucional por criterio constante son elegidos entre aquellos magistrados que se encuentran en el último tercio de su mandato (tres años), circunstancia que concurre en dos candidatos ya postulados: Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer, ambos designados por el Senado en 2017 y nombrados formalmente el 10 de marzo de ese año. El primero es magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y fue entre 2004 y 2011 fiscal general del Estado con los gobiernos de Rodríguez Zapatero. La segunda es catedrática de Derecho Constitucional y no ha desempeñado cargos políticos de relevancia nacional. 

El deseo del Gobierno y de otros sectores afines, es que el elegido sea Cándido Conde-Pumpido. La izquierda menos convencional y más comprometida con la independencia de los magistrados de la jurisdicción de garantías constitucionales prefiere a María Luisa Balaguer, una mujer de probado feminismo -tiene publicaciones varias sobre el tema- y, además de cualificación técnica, caracterizada por una especial capacidad personal para cohesionar equipos y mantener un ambiente de colaboración. En cierta manera, Balaguer es el reverso de Conde-Pumpido. Y aquella garantizaría una autonomía del Tribunal que Conde-Pumpido no lograría por sus estrechas vinculaciones con el PSOE y con este Gobierno. 

Sería un exceso incalificable que el Gobierno de Sánchez tratase de influir en los magistrados para que eligiesen al exfiscal general del Estado después de que haya incorporado al Tribunal al exministro de Justicia Juan Carlos Campo, y a una académica con anteriores funciones de asesoría en la Moncloa como Laura Díez, estrecha colaboradora del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Si Conde-Pumpido asumiese la presidencia, el Tribunal sería abiertamente gubernamental, lo que en absoluto ocurriría si es elegida María Luisa Balaguer, mujer que, como se comprobó en la entrevista publicada con ella en El Confidencial el pasado día 14 de noviembre, milita sin ocultación alguna en la izquierda, en el feminismo e, incluso, en la metodología de interpretación marxista.

El Tribunal Constitucional ha tenido desde su creación en 1980 diez presidentes y una presidenta: Manuel García Pelayo, Francisco Tomás y Valiente, Miguel Rodríguez Piñero, Álvaro Rodríguez Bereijo, Pedro Cruz Villalón, Manuel Jiménez de Parga, María Emilia Casas, Pascual Sala, Francisco Pérez de los Cobos, Juan González Rivas y Pedro González Trevijano. 

De entre estas personalidades solo una, Manuel Jiménez de Parga, un académico extraordinario, fue ministro de Trabajo brevemente entre 1977 y 1978, antes de crearse el propio Tribunal y de aprobarse la Constitución. Los demás, no han desempeñado responsabilidades políticas de primer nivel. Sería, por eso, la primera vez que un cargo de estricta confianza de un partido político -el PSOE-, a tal punto de desempeñar la fiscalía general del Estado durante siete años, fuese elegido presidente del TC en un órgano de garantías en el que, además, es magistrado un recentísimo ministro de Justicia del actual Gobierno. A mayor abundamiento, hora es de equilibrar la balanza y de que otra mujer, tras María Emilia Casas, ocupe esta responsabilidad. 

Conde-Pumpido, guste o no, representa la sumisión al Gobierno, mientras María Luisa Balaguer, implica una necesaria disrupción en un Tribunal con varios magistrados estrechamente vinculados al Ejecutivo. No se puede olvidar, además, que Conde-Pumpido perpetró el error de insultar a los magistrados que votaron favorablemente el recurso de inconstitucionalidad contra el primero de los decretos de estado de alarma durante la pandemia (“legos”, “juristas de salón”) por lo que tuvo que disculparse.

Y como prueba de la independencia de criterio de Balaguer -con la que no coincido ideológicamente, pero con la que es imposible no empatizar por su temperamento y su permanente propósito de no llevar al terreno personal la discrepancia ideológica,- ahí está el voto particular al auto del TC que admitió a trámite el recurso del PP y adoptó medidas cautelares que impidieron votar al Senado las enmiendas de adición para modificar las leyes orgánicas del Poder Judicial y del propio Tribunal Constitucional. Cándido Conde-Pumpido, sin embargo, lo formuló con otros dos magistrados -Inmaculada Montalbal y Ramón Sáez- en un voto particular conjunto al que no se ha adherido Balaguer. 

Y un dato nada menor: María Luisa Balaguer, sin compromisos políticos de partido y con coherencia con sus propios principios, es la única magistrada a la que votarían también los conservadores. Y su candidatura es ahora mucho más verosímil (no diré que probable, aunque sí posible) después de que el Consejo no designase a un “hombre de Cándido”, al magistrado de la Sala Tercera, José Manuel Bandrés, y lo hiciese, por unanimidad, a la también progresista y de trayectoria ajena al compromiso político gubernamental, María Luisa Segoviano. En definitiva, aunque parezca lo mismo, no es igual que el TC ya renovado elija al uno o a la otra. Hacerlo a Conde-Pumpido implicaría culminar una operación de control ideológico, táctico y partidario; hacerlo en la persona de Balaguer, aseguraría un sesgo progresista y de izquierda, pero no un compromiso coyuntural ni con este ni con ningún Gobierno. Quizás esta actitud de la magistrada, que es un activo favorable, resulte al final un lastre para su presidencia disruptiva del Tribunal.