El presidente del tribunal frena la marcha de tres magistrados que dimitieron para forzar al Congreso a que les busque sustitutos
Órdago sin precedentes en la historia del Constitucional. El vicepresidente del tribunal, Eugeni Gay, y dos magistrados, Elisa Pérez Vera y Javier Delgado, presentaron ayer su renuncia de forma conjunta. Una inédita dimisión que jamás antes había presentado ningún miembro de la corte. En realidad, no era más que una medida de presión, con golpe de efecto incluido, pactada por conservadores y progresistas, para forzar a PP y PSOE a que lleguen cuanto antes a un acuerdo en el Congreso y nombren a sus sustitutos. La renovación de los tres dimisionarios tenía que haberse producido en noviembre pasado.
Esta crisis institucional ‘calculada’ fue cortada de raíz por el presidente del Constitucional, Pascual Sala, a quien corresponde por ley «decretar» o no el cese de los magistrados y que es el único que podía administrar los tiempos para obligar a los dos grandes partidos a llegar a un acuerdo. Sala dejó pasar unas horas para que el mensaje calara en el PP y el PSOE, para luego, ya a primera hora de la noche, apagar el ‘incendio controlado’ que prendía en el Constitucional.
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Perfiles
JAVIER DELGADO, Magistrado Presidió el CGPJ con Aznar
Nacido en 1932 en Barbastro (Huesca), ésta es su segunda etapa en el Tribunal Constitucional, del que ya fue miembro entre 1995 y 1996. Entonces lo dejó en la primera legislatura de José María Aznar para convertirse en presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -del que había sido vocal entre 1984 y 1985- y del Tribunal Supremo, en el que ingresó como magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en 1986. Delgado, que en los últimos años está haciendo frente a diversos problemas de salud, forma parte del considerado sector conservador. El pasado mes fue uno de los cinco jueces que votó en contra de la legalización de Bildu.
Escrito de renuncia de Javier Delgado (enlace)
ELISA PÉREZ VERA, Magistrada En contra de la ‘doctrina Parot’
Catedrática de Derecho Internacional Público y Privado, Elisa Pérez Vera (Granada, 1940) fue rectora de la universidad española a distancia (UNED) y presidenta del Consejo Consultivo de Andalucía. En el Constitucional fue la primera ponente del recurso del PP contra el Estatut de Cataluña y llegó a presentar hasta cinco borradores de sentencia que no lograron la mayoría suficiente. Accedió al Tribunal Constitucional en 2001 a propuesta del PSOE, donde mantiene una estrecha relación con diferentes cargos del partido en Andalucía. Ha defendido la legalización de Bildu y está en favor de la supresión de la ‘doctrina Parot’ a los presos de ETA.
Escrito de renuncia de Elisa Pérez (enlace)
EUGENI GAY, Vicepresidente del TC Juez propuesto por CiU
Nacido en 1946 en Barcelona, es desde el pasado 20 de enero vicepresidente del Constitucional, en el que ingresó como magistrado -al igual que sus dos compañeros- en noviembre de 2001. A diferencia de los otros dos magistrados, fue CiU el partido que propuso su designación. Antes había sido decano del Colegio de Abogados de Barcelona y vicepresidente y presidente del Consejo General de la Abogacía Española. Preside la Sala Segunda del TC, la que en primera instancia analizó la situación de Bildu. Él fue quien decidió, tras constatar un empate a tres entre los magistrados, que la decisión fuera tomada por el pleno de los once jueces del Constitucional.
Escrito de renuncia de Eugeni Gay (enlace)
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Sala, con un comunicado oficial, anunció «no aceptar» la renuncia de los tres magistrados, justificando su decisión en «el volumen de procesos pendientes» que tiene el tribunal y la «insustituible función institucional» que cumplen sus magistrados como «garantes máximos de los derechos fundamentales y libertades públicas». El presidente rechazó las dimisiones a fin de «garantizar la continuidad y estabilidad» en el Constitucional, pero recordó de la forma más solemne a populares y socialistas «la necesidad de observancia de los plazos de renovación constitucional y legalmente establecidos». Y todo ello, según la resolución, con copia de la misma al Rey Juan Carlos y a las más altas instituciones del Estado como los presidentes del Gobierno, Congreso, Senado y Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Pascual Sala esperó a que la dimisión en bloque se hiciera pública, pero sabía desde el pleno del martes de la semana pasada que los tres juristas querían renunciar «por haber sobrepasado en más de seis meses el mandato de renovación prevenido en la Constitución». Gay añadió entre sus razones que ha tenido «la sensación de formar parte de un tribunal secuestrado».
El presidente del TC, al final, jugó con los gestos y los tiempos: decidió rechazar las dimisiones y dejar el asunto en un serio ‘aviso a navegantes’, sin llegar a elevar el tema a una grave crisis institucional con un Constitucional muy ‘amputado’, pero que podía haber funcionado pese a las bajas. Con los ocho magistrados que habrían quedado se alcanzaba aún el ‘quorum’ mínimo para tomar decisiones en pleno. Tampoco habría variado el balance de poder, pues se mantendría la mayoría progresista, como hasta ahora: en ese caso cinco progresistas frente a tres conservadores. Cada una de las dos salas habría quedado con cuatro miembros, también el mínimo para poder funcionar.
La posibilidad de abrir el melón de la crisis institucional, a pesar del desenlace final, sobrevoló durante varias horas, pues el presidente ya demostró que no le tiembla el pulso a la hora de mantener un órdago cuando los partidos se muestran perezosos en las renovaciones judiciales. En 1996, cuando presidía el Poder Judicial, protagonizó un hecho muy similar. Entonces, provocó ‘de facto’ la disolución del CGPJ al aceptar la dimisión en bloque de seis de los vocales, lo que dejó al órgano de gobierno de los jueces con solo once miembros, tres vocales menos de los necesarios para que pudiera adoptar decisiones. Sala, al final, logró que los partidos le hiciesen caso.
Vacante desde 2008
Los tres magistrados cesantes, señalaron fuentes del tribunal, reconocieron ante sus compañeros que su renuncia era una medida de presión para evitar el «enquistamiento» con la renovación de los cuatro magistrados designados por el Senado, que tomaron posesión el pasado enero con tres años de retraso.
Gay, Pérez y Delgado, que llegaron a la corte en 2001, son parte del turno de magistrados que debe designar el Congreso. La Cámara Baja debía haber designado un cuarto nombre: el sustituto de Roberto García-Calvo, fallecido en mayo de 2008 y cuya vacante tampoco ha sido cubierta. Los contactos entre socialistas y populares se rompieron definitivamente el pasado 30 de diciembre, cuando el presidente del Congreso, José Bono, dio por cerrado el plazo para proponer candidatos después de que durante un mes lo hubiera prorrogado por dos veces para que los dos grandes partidos, cuyo acuerdo es imprescindible para los nombramientos, pactasen los cuatro aspirantes.
El gran escollo de la negociación tiene nombre y apellidos: el magistrado de la Sala de lo Penal y exportavoz del CGPJ Enrique López. El PP quiere a toda costa que forme parte del Constitucional y el PSOE le veta una y otra vez. Sin esperar un órdago como el actual, PP y PSOE habían dejado este asunto para después de las elecciones generales.
Apenas conocieron la renuncia de los juristas, populares y socialistas insistieron en culparse mutuamente del bloqueo en el relevo de la corte. Según el secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias, la dimisión era un «llamamiento» al PP «para que, de una vez por todas, actúe con responsabilidad» y permita «la renovación». «Llevamos así muchos años y permanentemente hemos encontrado en el PP dificultades insalvables», dijo.
El contrapunto vino de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, quien aseguró que la renuncia demuestra que en España no hay «un liderazgo necesario en el Gobierno», lo que está conduciendo «al caos en todas las instituciones». Un punto de autocrítica sí que exhibió su compañero Esteban González Pons, quien admitió que el PP «no ha sido capaz de dialogar» con el Gobierno y éste «no ha querido» hacerlo con el primer partido de la oposición. En todo caso, el vicesecretario de Comunicación popular remarcó que los magistrados también son «responsables» y calificó de «clarísima coacción» el anuncio de dimisión de ayer. «Si querían irse, podrían haberlo hecho antes de la legalización de Bildu», apostilló.
VER TAMBIÉN:
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– Respuesta del Presidente del TC (enlace)
– El órdago sin precedentes del Constitucional a PSOE y PP enreda el futuro de Sortu (DIARIO VASCO, 14/6/11)
– Dimisiones el en TC (EL PAÍS, 14/6/11)
– Una dimisión honorable (DIARIO VASCO, 14/6/11)
– Sala aborta la salida de tres magistrados que llevaban al TC a una situación límite (ABC, 14/6/2011)
– Alarma judicial (EL CORREO, 14/6/11)
– Tres magistrados sin nada en común (DIARIO VASCO, 14/6/11)
– Populares y socialistas se culpan mutuamente del bloqueo (DIARIO VASCO, 14/6/11)
EL CORREO, 14/6/11