El Constitucional no alterará sus ritmos para facilitar la excarcelación de presos de ETA

 El Tribunal Constitucional no se dará especial prisa por adaptar la reciente decisión de Estrasburgo sobre la ‘doctrina Parot’ a los casos que tiene pendientes. La más alta institución judicial de España pretende analizar «caso por caso» la situación de los expedientes que tiene sobre la mesa y descarta por el momento convocar un pleno monográfico para analizar el varapalo que ha supuesto la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Los 21 magistrados del Constitucional se distancian, de esta manera, del procedimiento que ha seguido la Audiencia Nacional. La Sala de lo Penal presidida por Fernando Grande Marlaska ha acordado ya las primeras excarcelaciones –la de Inés del Río y la de José Manuel Píriz– y se ha comprometido a celebrar todos los viernes –excepto pasado mañana que es festivo– una sesión especial en la que analizará los diferentes recursos e irá ordenando la puesta en libertad de los reclusos afectados por esa doctrina. una celeridad que ha recibido ya las críticas de colectivos de víctimas como la AVT que dirige ángeles Pedraza.
El más alto tribunal del país pretende, sin embargo, no alterar sus ritmos y seguir el procedimiento «habitual», según portavoces oficiales de esta institución. La Corte presidida por Francisco Pérez de los Cobos tiene aceptados en la actualidad 17 recursos de amparo sobre la ‘doctrina Parot’. Sólo dos de ellos no tienen que ver con antiguos miembros de ETA. Además, hay otras seis impugnaciones presentadas sobre las que el tribunal debe decidir si se admiten a trámite o no. Fuentes del tribunal no descartan, incluso, que ese número se incremente en los próximos días.
Las diferentes maneras con las que Audiencia y Constitucional se están posicionando respecto del golpe asestado por Estrasburgo a la ‘doctrina Parot’ va a provocar, en la práctica, que los presos queden expuestos a dos velocidades diferentes. De un lado, la Sala de Marlaska se ha marcado como objetivo agilizar la tramitación de los casos «similares» al de Inés del Río. Hasta el punto de que da por hecho de que deberá excarcelar a la gran mayoría de reclusos implicados, al menos sobre los que la Audiencia tiene jurisdicción.
Del otro lado, el Constitucional, que no va a acelerar sus ritmos, que por norma general son lentos. Además, la Audiencia Nacional ya ha querido dejar claro que no asumirá todos los casos relacionados con la ‘doctrina Parot’, sino que aquellos expedientes que están en manos del Supremo y del Constitucional, las dos instancias jerárquicamente superiores, deberán ser decididas por aquellos tribunales.
El Supremo, que tiene pendiente de resolución media docena de casos, y el Constitucional deben enfrentarse a una cuestión ‘espinosa’. Deben comenzar a aplicar una sentencia del TEDH que echa por tierra los principios que llevan ambos defendiendo desde 2006. La sentencia de Estrasburgo ha enmendado la plana a los dos tribunales españoles hasta el punto de que el propio ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, reconocía en una entrevista publicada por este periódico el pasado sábado que ambas instituciones habían sido «desautorizadas» y «corregidas» por los magistrados europeos. El fallo se ha convertido, incluso, en una cuestión personal para algunos jueces, ya que en los dos tribunales hubo una fuerte división sobre si la ‘doctrina Parot’ era o no legal y se presentaron varios votos particulares