El regreso puntual a España del rey Juan Carlos para participar en unas regatas junto a un grupo de amigos ha resultado muy controvertido y provocado un intenso debate en el que la Corona no tiene nada que ganar y sí mucho que perder.

Algunos sostienen que don Juan Carlos es un ciudadano que goza de los mismos derechos que el resto de los españoles y que, por lo tanto, puede entrar y salir del país cuando quiera. En la medida en que por el archivo de las actuaciones por parte de la Fiscalía no tiene que rendir cuentas ante la Justicia, nada justificaría el singular destierro en el que ha vivido los dos últimos años. Se trata de afirmaciones muy discutibles. Conviene recordar que el real decreto 470/2014 de 13 de junio dispone: «Don Juan Carlos de Borbón, padre del Rey Don Felipe VI, continuará vitaliciamente en el uso con carácter honorífico del título de Rey, con tratamiento de Majestad y honores análogos a los establecidos para el Heredero de la Corona». Aunque sea un lugar común referirse a él como rey emérito, tal denominación carece de cobertura normativa. Don Juan Carlos ha sido durante casi cuatro décadas jefe del Estado, es el padre del actual Monarca y sigue ostentando el título de rey con carácter honorífico (no de rey emérito). Sostener que es un ciudadano más implica una absoluta incomprensión del significado y alcance de la Corona y del estatus constitucional de quienes han sido sus titulares.

El regreso del rey está sirviendo para que quienes defienden el fin de la Monarquía parlamentaria continúen apelando al irregular comportamiento de don Juan Carlos en su vida privada para atacar a la Corona como institución y al actual Rey Felipe VI, que ninguna culpa tiene de los graves errores que pudo cometer y cometió su padre. Desde estos sectores se dice que don Juan Carlos solo tiene que venir a España para rendir cuentas ante la Justicia y ante los españoles. Frente a este tipo de afirmaciones conviene recordar que la abdicación de 2014 fue el procedimiento en virtud del cual la sociedad española exigió la máxima responsabilidad a don Juan Carlos por su comportamiento no ejemplar: la renuncia a la Corona. Una vez que se constató que el titular no podía cumplir la suprema función de «arbitraje y moderación» del sistema político desde una posición de ‘auctoritas’ y prestigio basados en la neutralidad y la ejemplaridad, se le exigió su renuncia y él abdicó la Corona.

Ahora bien, en la medida en que la necesaria inviolabilidad impide que se le puedan exigir responsabilidades penales, se sigue utilizando a don Juan Carlos para, al margen de criticar su comportamiento, atacar a la institución que encarnó y que sirvió y sirve para garantizar la modernización del país, su plena inmersión en las estructuras políticas, económicas y militares occidentales (Unión Europea y OTAN) y, en definitiva, la estabilidad del país.

En este contexto, y aunque es cierto que como ciudadano tiene pleno derecho a ir y venir a donde quiera, no lo es menos que como rey y como anterior titular de la jefatura del Estado, a pesar de sus indiscutibles servicios a España, dilapidó su legado con un comportamiento privado no ejemplar y que, desde esta óptica, está plenamente justificado su completo alejamiento del escenario político y social de España. Las portadas de estos días solo sirven de munición para los enemigos de la Monarquía parlamentaria, que son conscientes de lo que la Corona como institución encarnada en Felipe VI representa en la España de hoy. Felipe VI no ha logrado convencer a su padre de lo inoportuno de su regreso. El hecho de que no consienta que pernocte en La Zarzuela -sede de la jefatura del Estado- es suficientemente expresivo de su posición. Don Juan Carlos ha antepuesto sus intereses personales a los de la Corona como institución. Probablemente ni siquiera es consciente del inmenso daño que su conducta produce. Padece, y no es el único, un grave «déficit de realidad».

En ese escenario, no debiera haber fisuras entre los partidos vertebradores del sistema y artífices de la abdicación de 2014 en la defensa incondicional de la Corona como clave de bóveda del Estado parlamentario y como elemento esencial del pacto constitucional de 1978. Defensa compatible con la obligada crítica a los absolutamente inaceptables comportamientos de don Juan Carlos en el ámbito privado-económico.

No es exagerado concluir que, a día de hoy, todas las noticias relacionadas con don Juan Carlos producen un efecto desestabilizador. Asistimos así a la gran paradoja histórica de que quien actuó ejemplarmente como gran estabilizador de la sociedad y el Estado a partir de 1976 acabe desempeñando, en la última fase de su vida, un papel desestabilizador al servicio de quienes quieren reemplazar nuestro sistema democrático parlamentario y de economía social de mercado por otros modelos incompatibles con la libertad.