Por eso, contra lo que creen sus promotores, estamos ante un acto insólito que daña la seriedad que se le supone al Parlamento vasco. La mayoría de los partidos se han puesto de acuerdo en limitar la actividad de una parlamentaria que, como los demás, también representa a los ciudadanos vascos que han votado esas siglas. En términos laborales, estaríamos ante un ‘mobbing’ o acoso en toda regla: reducción de dos tercios del tiempo de las intervenciones; solo una iniciativa cada tres plenos, cuando los demás pueden hacer dos cada; y la interpelación y cuatro preguntas que todos tienen en cada sesión de control a repartir en tres plenos. Y encima le van a dejar con solo un asesor de los tres que podría haber tenido. Desde Vox ya han hecho saber que van a recurrir esta decisión hasta llegar al Tribunal Constitucional. No sabemos si sus prejuicios contra las instituciones europeas les impedirán llegar hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos -algo de lo que en el Parlamento vasco ya hay cierta experiencia-, pero sería interesante comprobar qué ocurriría con este caso.

La anterior ocasión en que el grupo mixto tenía un solo parlamentario fue con la UPyD de Gorka Maneiro, en la legislatura 2012-2016. Y aunque era conocida la proverbial capacidad de trabajo del representante de UPyD, nunca se dijo que aquello se debiera a una graciosa concesión del resto de parlamentarios, que lo podrían haber impedido. En aquella coyuntura, y a diferencia de lo que va a ocurrir ahora con Vox, su voto era decisivo en el juego de mayorías en el Parlamento vasco, ya que el único parlamentario de UPyD podía sumar con PSE y PP los mismos escaños que tenía el PNV, o inclinar la balanza ante hipotéticos acuerdos transversales entre PNV y PP por un lado o Bildu y PSE por otro.

Nadie se atrevió entonces a cuestionar un sobredimensionamiento del grupo mixto. Ahora, en cambio, la situación es otra. Y surge casi la unanimidad a la hora de hablar de «cordón sanitario» para «limitar el margen de maniobra» de Vox, para «ponerlos en su sitio», para que «no marque la agenda», porque si no se correría el riesgo de que «la extrema derecha capitalice» la actividad del Parlamento con «debates incendiarios». Cuando resulta que todos los episodios desagradables vividos en el Parlamento vasco han procedido siempre de una ideología que ahora ejerce de exorcista con la recién llegada. Se le está dando así el protagonismo y la victimización para toda la legislatura a un grupo al que se le presuponen escándalos allí por donde pasa, lo que, a decir verdad, todavía no ha ocurrido en ninguno de los foros en los que participa. Está también el mal efecto, tanto ético como estético, que se transmite con esa actitud cicatera y temerosa ante la irrupción en el Parlamento vasco de una nueva fuerza política, lo cual contradice de manera clamorosa a los mismos que siempre han defendido el diálogo como única vía para solucionar los conflictos y al parlamento como el lugar apropiado para hacerlo.

Pero, con todo, lo más grave que aquí está ocurriendo en términos políticos es que unos partidos se han erigido en juez y parte a la hora de delimitar la capacidad política de un adversario. Tomar la ideología del partido en cuestión como argumento de peso para reducir su capacidad parlamentaria no es presentable en términos jurídico-políticos. Si se hizo mal con UPyD, se tenía que haber corregido en su momento. Lo que no puede ser es que se recurra ahora al artículo 28 del reglamento para la distribución de las intervenciones de los grupos, enmendando su aplicación en el pasado, pero sin un criterio imparcial, sino a voluntad de unos partidos que lo justifican por la ideología del afectado.