EL MUNDO – 22/09/15 – ARCADI ESPADA
· No sé si tan bien como los números, pero el gobernador del Banco de España conoce el valor de las palabras. Estuvo ayer en un acto informativo de la agencia Europa Press y a preguntas de los periodistas aceptó hablar sobre la posibilidad de un corralito financiero en una Cataluña independiente. No puedo probarlo, pero no me extrañaría que esas palabras hubiesen provocado algún ir y venir de dinero y lo siguieran provocando en los próximos días. Pero la probable imprudencia de Linde es el último signo de una imprudencia mucho más vasta: de un grave error de los poderes españoles, del económico al político, que es el de haber contribuido a instalar en lo real la hipótesis de la independencia de Cataluña.
En los últimos días ha habido, y aún los habrá, varios pronunciamientos contra la independencia de Cataluña. De la CEOE a la patronal bancaria, pasando por el presidente de Telefónica, o los propietarios de Almirall o Pronovias. Aunque algo tardías, son declaraciones bienintencionadas que tratan de concienciar a los votantes de Cataluña sobre el riesgo independentista. Pero todas ellas están proyectando una imagen peligrosa y falsa: la idea de que Cataluña es Escocia y de que el próximo domingo los votantes catalanes pueden decidir, como hicieron los escoceses, sobre su permanencia o no en España.
Lo de menos es que esta idea alimente el carácter plebiscitario que el presidente Mas ha tratado de dar a su campaña. Se exagera esta cuestión: al fin y al cabo casi todas las elecciones se resuelven en una pugna binaria, y si no es entre el Sí o el No es entre el A o el B. La cuestión clave es que el domingo no se decide la independencia de Cataluña sino la posibilidad de un gravísimo enfrentamiento institucional, si el presidente Mas gana las elecciones y cumple su promesa de declarar, al margen de la ley, el inicio de un proceso de independencia.
Por lo tanto, la advertencia pertinente que deben hacer los poderes españoles no es sobre las consecuencias de la independencia sino sobre las consecuencias de la ilegalidad. Es decir, no de lo que supondría la independencia para Cataluña y para España, sino de lo que supondría la suspensión de la autonomía. Porque la interrupción de la autonomía sería una decisión inexorable a partir del momento en que la Generalidad pasara de las palabras a los hechos e, infinitamente más probable, desde el punto de vista del Estado de Derecho, que la proclamación de la independencia de Cataluña.
Si es que yo no ando confundido, vaya.