Cuando Sánchez caiga, la mayoría electoral alternativa deberá exigir a su sucesor que corrija los abusos de este período. Eso no significa sólo revocar su más polémico ordenamiento legislativo –lo que se ha dado en llamar la derogación del sanchismo– sino devolver el funcionamiento institucional a las reglas convencionales del juego limpio. Es decir, renunciar al ejercicio de una hegemonía sectaria que desborde los principios constitucionales, colonice el sector público con familiares o amigos o polarice la esfera política con un enfrentamiento paroxístico, y regresar al marco de higiene y transparencia abandonado durante esta etapa de cesarismo, opacidad, corrupción y desafuero jurídico. En otras palabras, cerrar este capítulo de poder autoritario para abrir otro distinto donde los ciudadanos y sus agentes representativos puedan participar con las imprescindibles garantías de equilibrio y los mecanismos de contrapeso que han quedado abolidos en este ciclo.

Y no se lo van a pedir sólo sus votantes. Salvo en el improbable caso de que se trate de un dirigente irreprochable, el relevo deberá afrontar los ataques de una oposición que sin la menor duda se abstraerá de sus anteriores responsabilidades y le reclamará en el Parlamento y en la calle que se comporte como ella no lo hizo antes. Deberá vencer la tentación de utilizar los resortes de dominio que el actual Ejecutivo ha dejado a su alcance, someterse al control de las Cortes y la crítica de los medios de comunicación, conducirse con un rigor presupuestario escrupuloso, respetar las resoluciones judiciales, honrar su palabra como un contrato moral, establecer barreras infranqueables entre el bien común y los privilegios particulares. Declinar, en suma, la herencia ventajista de este mandato de arbitrariedades para convertirse en un simple gobernante al servicio de los intereses generales. Asumir el desgaste de no ser como Sánchez.

El problema, el legado más nocivo de este presidente, es la coartada que ofrece al siguiente para imitarlo. Cuando se produzca el cambio, que llegará más tarde o más temprano, puede ser el propio electorado rival el que sienta el impulso revanchista de pedir al nuevo Gobierno que siga sus pasos y aplique el mismo rasero partidista en sentido contrario, de tal modo que sea muy difícil salir de esta endiablada confrontación de bandos. La transformación del entramado institucional en un instrumento autocrático es un destrozo mucho más profundo de lo que imaginamos porque está laminando el concepto de la supremacía del derecho y de la neutralidad del Estado para establecer una suerte de estatus de impunidad del liderazgo como encarnación de un sentimiento popular soberano. La idea de que el ganador puede hacer lo que quiera, sin cortapisas ni obstáculos, es el principal estrago que el populismo causa a los sistemas democráticos. Y va a costar mucho repararlo.