Tonia Etxarri-El Coreo

Al ministro Grande Marlaska tampoco le gustan las críticas. Que cuatro fiscales del Tribunal Supremo que sentenciaron a los condenados del ‘procés’ se opongan a la concesión de indultos para quienes cumplen pena de prisión por sedición y malversación le rompe los esquemas. Le altera el silencio en el que pretende acomodarse el Gobierno de La Moncloa.

A los fiscales les parece que la posible medida de gracia que está contemplando el equipo de Pedro Sánchez para Oriol Junqueras y demás condenados por haber vulnerado la Constitución forma parte de una moneda de cambio con los independentistas. Apoyo parlamentario por presos. Y lo creen así porque no encuentran fundamento jurídico para avenirse a estas medidas de gracia. Y lo han dicho. Una contrariedad para el ministro de Interior. Los fiscales críticos han expresado su opinión. Lejos del foco mediático, por cierto. No a través de entrevistas o tertulias televisivas sino por medio de un informe. Y el ministro, antes juez, deja caer su reproche diciendo que de estos magistrados espera consideraciones técnicas y jurídicas.

En realidad, la política al margen de la Justicia la está haciendo el Gobierno que, al cambiar de opinión por necesidad de apoyos independentistas para mantenerse en el poder, ha llegado a admitir que lo que ocurrió entre setiembre y octubre de 2017, más que una sucesión de delitos, fue un reguero de formas de expresión de un «conflicto político». Las consideraciones técnicas y jurídicas que reclama Grande Marlaska a los fiscales están ahí. Cualquier interesado de buena comprensión lectora habrá entendido las razones de los fiscales para oponerse a los indultos. La gravedad de los delitos cometidos («dinamitaron las bases de la convivencia con un alzamiento tumultuario», según el Tribunal Supremo) y la escasa pena cumplida (que generaba una «sensación de impunidad» para conceder el tercer grado).

El Gobierno tiene la potestad de conceder indultos, a pesar de tener al gran tribunal en contra. Pero no un indulto global sino individualmente. Y de forma parcial. Es decir, la remisión de algunas penas. Es un asunto delicado. Se debe valorar, por ley, los indicios de arrepentimiento de quienes solicitan la medida de gracia. No parece que estemos en situación con unos condenados que no reconocen haber cometido un delito. El indulto debe tener una fundamentación específica y el Gobierno sabe que le puede acarrear un coste político. Por eso se centra en la opción B: la rebaja del delito de sedición. El Ejecutivo va tomando nota. Ha conseguido amarrar los Presupuestos a ritmo veloz. Gracias a los independentistas. La ‘ley Celaá’ aprobada por un solo voto de más y la tramitación de la de la eutanasia sin consultar con la sociedad civil. Pero va perdiendo apoyos de intención de voto por el centro. Por mucho que lo quiera controlar, no le conviene crispar también al Poder Judicial.