Pasó lo que en España parece ser inevitable. La trifulca política ha llegado a los fondos europeos a cuenta de una partida aprobada por el Ministerio de Yolanda Díaz que ha despertado la sospecha en el principal partido de la oposición por la -al menos aparente- arbitrariedad y favoritismo en la concesión de fondos a algunos gobiernos autonómicos a los que el Ejecutivo central tendría interés en mimar. Esto se habría evitado con un experto independiente -recuerden cuando Italia fichó a Vittorio Colao- ejerciendo como árbitro del Plan de Recuperación de España, pero Moncloa optó por centralizar el poder con su modelo de ‘cogobernanza’. Y ahora vienen los problemas.
Lo que Isabel Díaz-Ayuso y el resto de barones del PP han puesto en cuestión es una partida de 9 millones de euros. Pero el problema de la gestión de los fondos europeos va mucho más allá. No solo el PP está disconforme con la marcha del reparto, también lo están las empresas que representa la CEOE y que Nadia Calviño quiere que movilicen hasta 500.000 millones de euros con Next Generation EU (NGEU).
Pese a la gran batería de datos que está facilitando el Ejecutivo para argumentar que España va a coger en 2022 una velocidad de crucero en el reparto de los fondos de la UE, falta una cifra clave para saber si el Plan de Recuperación está siendo un éxito o un fracaso. Se trata del dato de ejecución de los fondos que el IGAE dejó de publicar en agosto.
Este dato es crucial para saber cuánto dinero de los 11.200 millones de euros que el Gobierno ha asignado a las comunidades autónomas ha llegado a la economía real. Ninguna de las vistosas diapositivas que el Gobierno ha distribuido sobre la evolución del Plan de Recuperación lo muestra.
Este periódico calculó en su Termómetro autonómico Next Gen que se han movilizado uno 1.500 millones de euros. Pero el último dato oficial de ejecución real de los fondos es de agosto de 2021 y son 104 millones de euros. Por cierto, que se desconoce a qué proyectos fueron.
La pasada semana, en la reunión del diálogo social sobre el desarrollo del plan de los fondos, los empresarios que representa Antonio Garamendi pidieron sin éxito una actualización de ese dato.
Esta falta de transparencia solo genera confusión sobre las promesas del Ejecutivo de cara a los próximos seis meses en los que se espera, que por fin, los fondos europeos lleguen a las empresas. Y contrasta con la claridad con la que otros gobiernos, como el de António Costa en Portugal, publican estos datos.