EL PLAZO del Gobierno al presidente de la Generalitat para que confirme si ha declarado la independencia se agota hoy. Si, tal como es previsible, Puigdemont sigue negándose a responder no de forma clara y concisa, al Ejecutivo se le habrán acabado las excusas para no aplicar el artículo 155 de la Constitución, en aras de restaurar la legalidad en Cataluña y acabar con el peligroso clima de confusión que amenaza la convivencia, la ruptura de la integridad territorial y la estabilidad económica.

Puigdemont se permitió el lujo el lunes de contestar al requerimiento de Rajoy con una alambicada misiva en la que no aclaró de forma taxativa –tal como le exigía Moncloa– si declaró la independencia. Pese a ello, y aunque la vicepresidenta tachó de «inaceptable» la carta de Puigdemont, el Ejecutivo se remitió al plazo que hoy concluye e incluso en las últimas horas ha dejado caer que abortaría el 155 si el president convoca elecciones autonómicas anticipadas.

Ni Rajoy puede seguir dilatando los tiempos, ni puede fiar la salida a este grave desafío a una eventual ruptura del bloque secesionista. El Gobierno tiene que asumir de una vez que la Generalitat es ya un Gobierno autonómico que se ha declarado en rebeldía y que, tras vulnerar el autogobierno, Puigdemont y sus socios sólo conciben cualquier proceso de diálogo como un chalaneo para negociar la rendición del Estado y la segregación de Cataluña.

La abierta felonía de las autoridades catalanas y el quebranto económico causado –la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) cuantifica el coste de la crisis catalana en 13.000 millones de euros– exigen una reacción contundente. Rajoy tiene que dejar claro que el Gobierno usará todos los resortes que contempla la ley para restituir el orden constitucional en Cataluña. Y que lo hará con el suficiente liderazgo operativo y político que permita preservar los derechos y libertades de todos los españoles y, al mismo tiempo, enviar una señal de confianza a ciudadanos y empresarios.

Rajoy acierta al negociar con PSOE y Ciudadanos la aplicación del artículo 155, aunque es evidente que cualquier estrategia pasa por asumir el control, al menos, de la Consejería de Economía y de los Mossos d’Esquadra. En todo caso, resulta fundamental que el presidente supere el vértigo que parece suponerle activar este recurso, al margen de las medidas definitivas que el Gobierno someta a votación del Senado al amparo del 155. Es una exigencia inexcusable, clamorosa y urgente que el Estado restituya el marco constitucional en Cataluña.