En uno de los artículos más sagaces que he leído en los últimos años, Jorge Bustos explica cómo Jumilla se declaró en 1873 nación independiente, que «desea la paz con todas las naciones extranjeras y, sobre todo, con la nación murciana, su vecina; pero si ésta se atreve a desconocer nuestra autonomía y a traspasar nuestras fronteras, Jumilla se defenderá como los héroes del 2 de mayo, y triunfará en la demanda, y no dejará en Murcia piedra sobre piedra». El caso de Cartagena es más conocido. Los cartageneros ejercieron el «derecho a decidir» y, aparte de proclamar su independencia como nación, dirigieron cartas al presidente Ulysses Grant solicitando su incorporación a los Estados Unidos de América. Al hacer referencia a los despropósitos decimonónicos, Jorge Bustos cifra en 300 los muertos en la contienda entre las repúblicas de Sevilla y Utrera, guerra que ganó, por cierto, la ciudad más débil.
Todo esto y mucho más no son invenciones ni especulaciones ni fantasías. Ocurrió en España hace solo 140 años, cuando cada región, cada provincia, cada ciudad, ejerció a su antojo el «derecho a decidir». Los secesionistas catalanes pretenden hoy devolvernos al siglo XIX y no parece que Soraya Sáenz de Santamaría sea capaz de lidiar en Barcelona el toro marrajo y decimonónico de los soberanistas catalanes porque ese sector de la clase política tiene, por encima de patriotismos trasnochados, dos objetivos: mandar más para multiplicar sus mamandurrias y zafarse de la Justicia española, que ha puesto ya ante los barrotes carcelarios, por corrupción, a varios de sus más destacados dirigentes.
Desde hace cinco siglos, España disfruta de la unidad nacional. Y no es que la Constitución de 1978 consagre esa unidad sino que deriva de ella. La soberanía nacional reside en el pueblo y, sobre cuestiones que afectan a la unidad de España, corresponde a todos los españoles, y entre ellos claro está a los catalanes, decidir. No se puede fracturar el derecho a decidir si no queremos volver al esperpento de 1873 con el retorno de los reinos de taifas. Todos los ciudadanos españoles, libres e iguales, tienen derecho a decidir sobre Cataluña o sobre Galicia o sobre el País Vasco o sobre Andalucía o sobre La Rioja… Todos. Eso es lo que exige la soberanía nacional, eso es lo que especifica la Constitución en su artículo 168. El sector secesionista de la clase política catalana, si quiere transitar por el camino de la legalidad constitucional, deberá acogerse a ese artículo y cumplir lo que en él se establece para plantear la independencia. Intentarlo por otras vías desembocará antes o después en el artículo 155 que prevé la suspensión parcial o total de la autonomía de Cataluña.