Eduardo Uriarte-Editores

La separación de los últimos vestigios del Imperio español, además de provocar el ensimismamiento de las élites en el sentido futuro de la nación, incitó también el nacimiento de los nacionalismos periféricos como si el secesionismo de ultramar tuviera su necesaria prolongación en la península. Elites regionales pensaron que con el fin de la España de “ambos hemisferios” se perdía el sentido de España. Así se abrió la etapa histórica del noventa y ocho, etapa de depresión patriótica, que fue aliviada por un importante renacer cultural, no sin dejar una maltrecha concepción del futuro político.

Posteriormente, el frustrante ensayo de la II República, cuyo fracaso no pudo ser más cruel, supuso una guerra civil y cuarenta años de dictadura. El tiempo va descubriendo que no hubo un encuentro de republicanos -pues no había republicanos, se atreve a afirmar Raymond Carr-, que fuera capaz de dirigirla.

Desde este Gobierno monstruoso, pues con todo acierto Frankenstein fue bautizado de inmediato, irresponsablemente, producto de un temerario decisionismo que barre las formas democráticas y las leyes con ímpetu bolivariano, se alienta, con el único fin de sostenerse en el poder, el secesionismo que surgiera en el 98. No sólo mediante un disparatado trato de favor indultando a los sediciosos, sino, además, modificando el delito de sedición e incluso el de malversación. De esta manera tan incoherente respecto a toda teoría política por parte del Gobierno, se denigra las sentencias adoptadas ante el proceso de independencia catalán, se debilita al Estado, y, sobre todo, se alienta la repetición de otra sedición cuyo impulso, en esta ocasión, tendría su origen en La Moncloa.

Con el único fin de abrir un foso entre los españoles que le permita a Sánchez permanecer en el poder, se desentierra con odio una guerra civil superada en su día por la Constitución de 1978. Aluvión ideológico que manipula la secesión y el fratricidio. Vuelta al noventa y ocho y al treinta y seis de la mano del poder político para perpetuarse en él. El uso de cualquier técnica manipuladora cual hicieran los fascismos y que hoy han recogido los populismos.

Se defiende con argumentos jurídicos la disminución de penas del delito de sedición (López Basaguren, EL Correo 12, 11, 0229) apelando la homologación de la pena con países vecinos. Sin embargo, no se referencia que en el caso alemán se trata de una democracia militante, donde ni siquiera en una cámara se puede hacer propuesta alguna inconstitucional (barrera previa a la sedición), o la sacralidad territorial jacobina de nuestros vecinos, en donde en el límite del igualitarismo el euskera lo tiene que subvencionar el Gobierno vasco en Francia.  El autor citado, buen jurista si tuviera mejor señor, considera que el procedimiento para su modificación es inadecuado, como si las formas y procedimientos no fueran consustanciales en una democracia.

Sin embargo, la defensa jurídica de la modificación de la sedición, choca con la rotunda defensa política de la misma (decisionismo radical) que realiza Sánchez-Cuenca en El País (15, 11,022): “El indulto y la reforma del delito de sedición suponen una corrección fundamental al diagnóstico inicial de golpismo y a la reacción antipolítica del Estado”. Dicho esto, en el país que creó para el diccionario político-militar la palabra pronunciamiento, amén de otra de segundo orden como cuartelazo, y la civil de “echarse al monte”, se alivia y minimiza el delito de sedición. Claro llamamiento a la destrucción del sistema de convivencia política, el de la Constitución del 78, tras culpabilizar a la derecha del “procés”, sin que se atisbe esbozo alguno de proyecto alternativo al actual sistema con visos de posibilidad. Es evidente que la argumentación jurídica camufla el impulso de ruptura política promovido por el bloque Frankenstein.

“Es una pérdida de tiempo entrar al trapo del debate técnico sobre la extirpación del delito de sedición o la manipulación que en estos días se incuba sobre la malversación”, tendremos que convenir con Ignacio Valera ( “Violadores a la calle: gracias, Irene (el derecho no es de goma)”, El Confidencial, 16,11, 022).   Para concluir con él: “La consecuencia es que la Constitución deja de ser un bien jurídico que merezca ser protegido por la ley penal y los golpes blandos quedan preservados de la acción de la Justicia, siempre que los practique alguno de los socios de Sánchez y no haya en ellos violencia física visible”. El Régimen del 78 en trance de ser sustituido por la autocracia.