Nada de todo esto es, por supuesto, casualidad. Ni que Borrell resucitase la obra que niega el mantra de ‘España nos roba’ y la infrafinanciación de Cataluña que ahora ha desembocado en el polémico acuerdo fiscal entre el PSOE y ERC ni que, con la autoridad que le da haber sido secretario de Estado de Hacienda con Felipe González y ministro en el primer gobierno de Pedro Sánchez, quisiera desmontar el timo de la estampita del pacto, el gato por liebre de la España confederal que se hace pasar por federal y solidaria. Como no es aleatorio tampoco, por supuesto, que, desde Andalucía, donde fue en su día consejera de Hacienda y desde donde ha negado tantas veces la posibilidad de sacar a Cataluña del régimen común, Montero, ‘número dos’ del PSOE, se aplicara dos días después a la tarea de hacer pedagogía para calmar las aguas revueltas en el partido.

El problema es que la vicepresidenta primera logró todo lo contrario de lo que pretendía y reavivó las llamas del descontento -y, con perdón del juego de palabras, del desconcierto- con una virulencia inusitada. Negar que se haya pactado un concierto fiscal a la vasca con Cataluña después de un mes de silencio en el que se le ha entregado deliberadamente a Esquerra el timón del relato para jactarse de justo lo contrario sólo sirvió, lógicamente, para enfurecer a los republicanos y echar más leña al fuego de su guerra con Junts. El recrudecimiento de la batalla con la que el soberanismo catalán lleva mirándose el ombligo y perdiendo votos a espuertas desde que arrancó el ‘procés’ tiene un damnificado inmediato, Pedro Sánchez, al que no le queda más remedio que enrocarse, apretar los dientes e intentar sobrevivir sin unos Presupuestos actualizados pese a que una nueva prórroga no eximirá a España de ajustarse a las revisadas reglas fiscales europeas.

Da la sensación, por todo lo dicho, de que el entuerto en el que se ha metido el Gobierno es esta vez, si cabe, más peliagudo que los provocados por los indultos, primero, y por la amnistía, después. Tocar el sistema de financiación autonómica sin embarcarse en una reforma «al uso» es un atajo peligroso porque, como avisaba Borrell, supone un intento de rediseñar los cimientos constitucionales sin atenerse a los procedimientos previstos en la propia Carta Magna.

La envergadura de lo acordado con ERC -sólo hay que pensar en cómo el PSOE se ha resistido siempre a abordar el traspaso a Euskadi del régimen económico de la Seguridad Social, que es ley desde 1979, para no pisar los aparatosos callos de la solidaridad interterritorial- hace muy difícil pensar que el espinoso debate sobre la plurinacionalidad del Estado vaya a desarrollarse en unas condiciones mínimamente constructivas y que los socialistas puedan abordarlo sin arañazos pese al liderazgo acorazado de Sánchez.

De fondo, late el malestar, disimulado pero real, con que los socios vascos han acogido un acuerdo que resucita el debate sobre los privilegios y las asimetrías en el Estado, pese a que el Concierto vasco y el Convenio navarro sí cuentan con el blindaje constitucional, reforzado por ulteriores sentencias judiciales. Es curioso recordar cómo reaccionó el PSOE al debate propuesto en su día por Urkullu sobre una convención constitucional que permitiese caminar hacia un modelo confederal de facto. «Uno de nuestros principios es la igualdad y no que en España progresen unos en primera velocidad y otros en segunda», zanjó Patxi López. La investidura de Sánchez ya estaba en ciernes pero el precio en aquel momento era la amnistía. Como entonces, la pregunta ahora no es hasta dónde se está dispuesto a ceder sino qué sucederá cuando revienten definitivamente las costuras del traje diseñado en 1978.