EL MUNDO

· La doctrina salafista avanza sin que las administraciones hagan nada por evitarlo.

«Esto no se ha acabado. Las administraciones han dejado a los imames campar a sus anchas y hacer lo que les da la gana. Son un verdadero peligro. La consecuencia es que ya está sembrada la semilla del odio. Los chavales están siendo educados en el rechazo. Se pasan todo el día oyendo hablar de los infieles. No se sienten ni de aquí ni de allí por lo que tenemos un gran problema. ¡Por favor, hagan algo porque esto es un cáncer!».

Éste es el llamamiento desesperado a las autoridades que hace Mohamed Alami, activista y presidente de la Asociación Amigos del Pueblo Marroquí Itran. En esta humilde ONG radicada en Barcelona, Alami lleva desde comienzos del 2000 predicando en el desierto y alertando de la llegada a España de imames de corriente salafista que estaban perjudicando a los musulmanes.

El caso del imam de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, cerebro de la célula yihadista que atentó en Barcelona y Cambrils, ha puesto en el punto de mira a los líderes espirituales islámicos. Tras los atentados del 11-M en 2004, el entonces ministro del Interior, José Antonio Alonso, lanzó un claro y contundente mensaje: «Es necesaria una ley para poder controlar a los imames de las pequeñas mezquitas».

Sin embargo, 13 años después, poco o nada se ha avanzado en este sentido, salvo que se ha intensificado la vigilancia policial en las 90 mezquitas que los expertos en la lucha antiterrorista tienen catalogadas como radicales.

A diferencia de la Iglesia católica, el islam no tiene estructura jerárquica por lo que las comunidades musulmanas funcionan como pequeños reinos de taifas. Así, en los más de 1.400 oratorios islámicos, instalados en pisos, garajes o naves industriales, gobierna la anarquía.

En muchos casos, los imames han recibido su formación en países extranjeros y no saben ni una palabra de castellano; en otras ocasiones, son voluntarios que no tienen ninguna titulación quienes se ofrecen a la comunidad para dirigir el rezo.

Los hay que llegan sufragados por Arabia Saudí o Qatar para adoctrinar en las corrientes más fundamentalistas del islam. Por último, Marruecos también quiere dominar el islam español y financia a las federaciones musulmanas y a sus líderes para vigilar a sus compatriotas y hacer propaganda política.

«Hay muchos falsos imames que circulan libremente en toda Europa. Se autonombran jefes de asociaciones islámicas y conferenciantes. Pero no es cierto. Su destructivo discurso deja un terrible impacto en los jóvenes», se lamenta Sami El Mushtawi, jefe del Departamento Cultural de la mezquita de la M-30.

La injerencia extranjera es uno de los principales problemas del islam en España, donde viven cerca de dos millones de seguidores de Alá. En nuestro país, no existe ninguna universidad de teología islámica, así que la mayoría de ellos estudia en Arabia Saudí, Egipto o Marruecos. Por tanto, sus sermones pueden ser apropiados allí pero no en España

La todopoderosa Arabia Saudí ha financiado la mezquita de la M-30, la más grande de España y las de Fuengirola, Málaga y Marbella. Este país exporta las corrientes fundamentalistas salafista o wahabí, que reivindican que el islam se está perdiendo debido a la contaminación cultural con Occidente y quieren volver a sus orígenes. El wahabismo cree que la yihad es legítima para combatir a los cristianos y a los musulmanes desviados.

El dinero de Emiratos Árabes ha sufragado otras mezquitas como la de Badr en Terrassa, «donde desde hace años acuden grupos procedentes de Arabia Saudí para impartir cursos, cuya ideología no se diferencia en nada del discurso del IS», como denuncia Faouzi Hliba, miembro de la Asociación Amigos del Pueblo Marroquí Itran.

NADIE LES CUESTIONA

Según su testimonio, los salafistas se han hecho fuertes en Terrassa, donde tienen mucho poder, nadie les cuestiona e incluso los políticos locales se hacen fotos con ellos. «Hace unas semanas vino un líder extremista y se reunió con responsables de las dos mezquitas con el consentimiento del Ayuntamiento de la localidad. Nadie dijo nada», se lamenta. De hecho, en Terrassa se gestó la célula terrorista Fraternidad Islámica que iba a atentar en Cataluña, pero fue desarticulada por los Mossos en 2015.

Los imames que no siguen las doctrinas más rigoristas son apartados o destituidos, como le sucedió al de Vilafranca del Penedés. Touhami Laakel fue despedido por difundir una visión conciliadora del islam y permitir que las mujeres hicieran actividades en la mezquita.

Otro que sufrió represalias fue Abdallah Mhanna, imam de Almería. Los saudíes le ofrecían un buen sueldo por dirigir un centro islámico, pero él puso sus condiciones: «Les dije que no me obligasen a distribuir sus libros ni a impartir su doctrina porque no es adecuada para el islam en Europa». Como era de esperar, el acuerdo no llegó a buen puerto. «Yo no puedo aceptar que me digan que como soy musulmán no debo saludar a mi vecino cristiano en Navidad. Estos mensajes rompen la convivencia social. En la mayoría de las mezquitas no se acepta el radicalismo. Pero el amigo de Arabia Saudí no es Marruecos sino el Gobierno español», prosigue Mhanna.

Los mensajes más radicales no se escuchan en público en las grandes mezquitas, ni siquiera en las pequeñas, porque están vigiladas por el CNI y son visitadas por policías infiltrados. Pero la influencia del imam no se limita a las oraciones del viernes, sino que se extiende a los cursos de formación, las clases de religión islámica a los niños y a muchos ámbitos de la vida cotidiana.

Los líderes salafistas son una minoría, pero van ganando terreno. Por ello, las comunidades musulmanas piden al Gobierno que ponga orden e invierta dinero cuanto antes para construir un islam español sin intromisiones.