ABC 17/10/16
EDITORIAL
Adiferencia de lo que sucede en la Administración local, cuyas cuentas presentan equilibrio o incluso superávit presupuestario, las comunidades autónomas siguen gastando mucho más de lo que ingresan, lo cual, además de ser una grave irresponsabilidad, lastra la solvencia del sector público y daña el bolsillo de los contribuyentes. Así, lejos de reducir o contener sus costes estructurales, los gobiernos autonómicos han aumentado en 4.000 millones el gasto destinado al sueldo de sus empleados públicos desde 2013, hasta un total de 72.000 millones. Casi la mitad de ese incremento corresponde a Cataluña y Andalucía, que, pese a recibir asistencia financiera del Estado e incumplir de forma reiterada sus objetivos de déficit, han elevado sustancialmente su gasto en personal, el más alto de España, sin que se traduzca en mayores y mejores servicios públicos. Prueba de ello es que cada madrileño apenas paga una media de 106 euros al mes para mantener su plantilla autonómica, unos 20 menos que catalanes y andaluces.
Lo más preocupante, sin embargo, es que mientras el pago de intereses se ha reducido gracias a las facilidades financieras del Gobierno, las autonomías han aumentado sus respectivos entramados públicos, elevando aún más sus costes estructurales, hasta rondar el 70 por ciento de su gasto total –siete de cada diez euros son costes fijos–. La principal consecuencia de este descontrol es que la deuda autonómica casi se ha multiplicado por cinco en la última década, superando ya los 273.000 millones. Es fundamental que las autonomías contengan este ritmo de gasto, al tiempo que reducen duplicidades y eliminan los numerosos entes inservibles que todavía siguen en pie para, de este modo, cuadrar sus cuentas. No es cuestión de gastar mucho, sino de gastar bien.