ABC 28/12/14
EDITORIAL
LA Generalitat que preside Artur Mas sigue despilfarrando el dinero público en su afán por avanzar, de una u otra forma, en la consecución de su ruinosa e ilegal utopía independentista, en lugar de preocuparse por solventar los problemas reales de los catalanes y enderezar el desastroso rumbo económico y presupuestario que han protagonizado los nacionalistas en los últimos años. Prueba de ello es la nueva Ley de Acción Exterior de Cataluña, con la que Mas pretende otorgar cobertura legal al suntuoso y absurdo despliegue de embajadas autonómicas por medio mundo, así como a la creación de una diplomacia catalana ajena a la estructura del Estado. Su objetivo no es otro que el de sentar las bases de una política exterior propia con el fin último de que la Generalitat pueda desarrollar relaciones internacionales de cara a una futura e hipotética independencia.
Más allá de las evidentes cuestiones jurídicas que suscita el texto, lo grave es que esta iniciativa constituye un nuevo dispendio de recursos públicos para favorecer, exclusivamente, el interés particular de los nacionalistas a costa del bienestar de los catalanes y del dinero del conjunto de los españoles. Resulta ofensivo que la Generalitat destine decenas de millones de euros a actividades innecesarias en el exterior, generando duplicidades y gastos redundantes, cuando sus cuentas registran abultados números rojos, sus objetivos de déficit han sido incumplidos de forma reiterada y, sobre todo, el Estado ha tenido que inyectar una ingente cantidad de dinero para mantener sus servicios públicos. En concreto, Cataluña ha recibido casi 25.000 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómica, equivalente al 43 por ciento del total, siendo la autonomía más beneficiada por los mecanismos de financiación del Gobierno. La irresponsabilidad y el descaro de los nacionalistas parecen no tener límites.