El desprestigio de los contrapoderes

Contrariamente a lo que algunos medios han publicado, la campaña del Gobierno y de los satélites del sanchismo contra el Tribunal Constitucional a cuenta del recurso de amparo interpuesto por los Populares no es una mera cortina de humo: forma parte de la operación de desgaste y erosión de los contrapoderes del Estado. Es evidente que la hiperventilación histérica en torno a la suspensión cautelar de la votación de las dos enmiendas que habilitaban al Ejecutivo a asaltar el tribunal de Garantías trasciende a la simple propaganda que se gastan habitualmente desde Moncloa.

Tanto la retórica golpista, como el falaz recurso a la voluntad del pueblo soberano, constituyen un punto de inflexión en la estrategia de Sánchez de deslegitimación de los contrapesos democráticos. El sanchismo ha asumido y difundido el relato peronista de que el voto habilita al votado a hacer lo que quiere, cuando quiere y como quiere, con total desprecio tanto por los procedimientos reglados para la aprobación de leyes, como por los resultados prácticos de éstas. Mientras nosotros nos movemos en parámetros de legalidad/constitucionalidad de la norma, ellos lo hacen en los del su interés/utilidad ideológica y electoral.

Durante la pandemia, Pedro no sólo testó el umbral de resistencia y dolor de la sociedad española, sino que también constató que suspender el Estado de derecho durante meses no pasa factura legal ni política alguna, por mucho que el Constitucional así lo declarase. Basta invocar una noble causa para que la gente asienta y consienta el atropello de sus derechos. Si cuidar de nuestra salud física le valió para los desmanes cometidos durante los estados de alarma, cuidar de nuestra salud democrática le valdrá para culminar la colonización de los contrapoderes que aún se le resisten.

«Todo esto va de convencer a los ciudadanos de que las instituciones son un botín para el que gobierna, siempre que sea de izquierdas»

Si el español de a pie se traga el camelo de que el uso de las mascarillas en el transporte público sigue las recomendaciones de los expertos de Sanidad, cómo no va a deglutir que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial o de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional obedecen a la necesidad de liberar ambas instituciones del bloqueo antidemocrático impuesto por una derecha que incumple sistemáticamente la Constitución. Todo esto va de convencer a los ciudadanos de que las instituciones son un botín para el que gobierna, siempre que sea de izquierdas.

No obstante, puede que a Moncloa se le haya ido la mano con el menú y que, en su afán de que mastiquemos lo más rápido posible todas sus tropelías legislativas, nos acabe provocando una indigestión. Cuando todavía estábamos asimilando el regusto de las rebajas de condena a agresores sexuales en aplicación de la ley del solo sí es sí, nos sirven la despenalización de los referéndums de independencia gracias a la derogación de la sedición y la rebaja de las penas de la malversación «sin ánimo de lucro». Cuando entre en vigor, la revisión de penas no va a ceñirse únicamente a los sentenciados por el procés o a las euroórdenes dictadas contra los fugados, sino que beneficiará a un ramillete extenso de condenados por corrupción.

En ningún país democrático, el gobierno resistiría las excarcelaciones de corruptos que están por venir, más aun cuando la beligerancia contra la corrupción fue la excusa sobre la que se construyó la moción de censura y el pretexto de Sánchez para gobernar en coalición con Podemos y con los apoyos externos de los independentistas catalanes y Bildu.

«En menos de un año, el sistema garantista consagrado en la Constitución del 78 puede quedar relegado a una mera fachada»

Pero en lugar de asumir las consecuencias de sus actos, volverán a cargar contra el poder judicial, como han venido haciendo desde el inicio de la legislatura. Si los jueces ponen a violadores y corruptos en la calle sólo para fastidiar al Gobierno, algo habrá que hacer. Y ese algo pasará por abaratar las mayorías para elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, retomando el proyecto que aparcaron durante la pandemia. Tampoco olvidarán relegar el mérito a un segundo plano en las oposiciones para la fiscalía o la magistratura. Pero todo esto no lo harán hasta que aseguren una mayoría progresista en el Constitucional, dispuesta a validar la constitucionalidad de estas barbaridades jurídicas. En menos de un año, el sistema garantista consagrado en la Constitución del 78 puede quedar relegado a una mera fachada.

Al totalitarismo se puede llegar por dos vías. Una, convulsa y violenta, es la revolucionaria. La otra, más lenta y sibilina, pero igual de efectiva y mucho más digerible: la colonización institucional y el desarme de los contrapoderes, que acaban reconvertidos en unos meros figurantes formales que orbitan en torno al Ejecutivo. Y que nadie crea ni por un segundo que nuestra democracia es inmune o que la Unión Europea puede cortar de raíz el avance de la enfermedad. Hay procesos de degradación que acaban siendo irreversibles.