CORRESPONDE a todo el pueblo italiano, y no solo a una de sus partes, decidir sobre lo que debe ser Italia. Corresponde a todo el pueblo alemán, y no solo a los habitantes de Baviera, decidir sobre lo que debe ser Alemania. Corresponde a todo el pueblo español, y no solo a una de sus regiones, decidir sobre lo que debe ser España. Los Tribunales Constitucionales de Italia, Alemania y España han sido concluyentes. Ni los bávaros, a pesar de la larga identidad histórica de Baviera, pueden decidir su secesión del resto de Alemania. Ni los tiroleses, la de Bolzano en Italia. Ni los corsos, la de Córcega en Francia. Ni los murcianos, la de Murcia en España.
La soberanía nacional reside en el pueblo y corresponde a todos los ciudadanos, libres e iguales ante la ley, tomar las decisiones sobre la territorialidad de la nación. La Constitución de 1978, votada por la voluntad popular libremente expresada, es abierta. Cualquier aspiración secesionista tiene cauce a través del artículo 168 de la Carta Magna. Situarse fuera de la ley de leyes significa la colisión con la soberanía popular. El Tribunal Constitucional de Alemania acaba de sentenciar de forma rotunda que ni Baviera ni cualquier otro de los Estados federales que integran la nación germana pueden celebrar referéndum de independencia porque ello colisionaría con el orden constitucional vigente. Buena lección para los secesionistas catalanes que, si quieren continuar con sus propósitos, no tienen otro camino legal que el artículo 168 de la Constitución.
Es verdad que en Cataluña existen idealistas que sueñan con la independencia de su Comunidad, pero lo que quiere un sector de su clase política, bajo el pretexto del soberanismo, son además otras cosas. En primer lugar, mandar más, disponiendo de nuevas mamandurrias, desde las embajadas suculentamente pagadas a la colocación de parientes, amiguetes y paniaguados en los nuevos organismos que se crearían a costa de asfixiar a impuestos al ciudadano catalán.
Aparte la tentación de la corrupción y el nepotismo, lo más determinante de la vehemencia independentista tal vez sea el propósito que tienen algunos dirigentes de zafarse de la Justicia española que les tiene cercados entre las sombras alargadas de los barrotes carcelarios. En el propio Parlamento catalán, Maragall se refirió al 3% que los Gobiernos de la Generalidad han percibido por licencias y recalificaciones concedidas. Luego hemos sabido que ese 3% se ha multiplicado hasta por cinco a favor de algunos. Un escándalo sin fronteras, una desmesura sin límites. El órdago secesionista ha pretendido servir de carta negociadora para que el Gobierno de la nación frenara a la Justicia española, que es lenta pero independiente. Y los nombres relevantes del nacionalismo han ido cayendo en una investigación tenaz y abrumadora.
La situación en Cataluña deriva también de la torpeza de los diversos Gobiernos españoles que han actuado con lenidad. A ello es necesario sumar el desencadenante final de la ocurrencia de Zapatero al prometer que aceptaría cualquier nuevo Estatuto que le propusieran, cuando solo una minoría insignificante aspiraba a su reforma. Todo un despropósito, en fin, cuya solución se hace cada día que pasa más borrascosa y preocupante.
Luis María Anson, de la Real Academia Española