Se ha destacado habitualmente que el Gobierno Sánchez, para evitar rendir cuentas por la cascada de controversias y escándalos que lo han venido sacudiendo, se ha dedicado con frecuencia en el Congreso a hacer de oposición a la oposición.
Pero en las dos últimas semanas, después de que trascendiera (muy oportunamente para Moncloa) la denuncia de la Fiscalía contra el novio de Isabel Díaz Ayuso por presuntos delitos de fraude fiscal, las sesiones de control al Gobierno se han convertido en un escaparate para una labor ya no de oposición, sino de inquisición contra el PP por parte del Ejecutivo.
Que el improcedente hostigamiento del Gobierno ha alcanzado niveles ridículos lo prueba que Sánchez carga contra la presidenta de la Comunidad de Madrid en prácticamente todas sus intervenciones. Incluso cuando, como este miércoles, se le pregunta por un asunto sin ninguna relación con la pareja de Ayuso como los Presupuestos.
EL ESPAÑOL informa hoy de que esta estrategia de agria confrontación que están abanderando Sánchez y María Jesús Montero en las sesiones de control está despertando tensiones y división en el seno del Gobierno, por el protagonismo concedido a la presidenta madrileña y a Feijóo.
También ha provocado disgusto entre sus socios, como el PNV, cuyo portavoz lamentaba este miércoles lo «poco edificante» del pleno.
Y no le falta razón. La política española se ha convertido en un fuego cruzado a discreción entre los dos grandes partidos que sólo redunda en el empobrecimiento de la conversación pública y en el envilecimiento de la actividad parlamentaria.
Este escalada en el intercambio de reproches por la corrupción sólo beneficia a los extremos del hemiciclo, en la medida en que arroja la imagen de un sistema bipartidista pringado hasta la médula, y de la vida civil española como esencialmente corrupta. Un tipo de discurso antipolítico que acostumbra a producir efectos devastadores en la creciente desafección política de los ciudadanos, o en su decisión de inclinarse por opciones radicales en las urnas.
En lugar de intentar trocar infructuosamente el caso Koldo en el caso Ayuso, el Gobierno haría mejor en empeñar su tiempo y sus recursos en celebrar ante los ciudadanos los buenos datos de empleo y crecimiento por los que puede congratularse, y no en aplicarse a una campaña de intoxicación inverosímil.
El PP, por su parte, no debe prestarse a alimentar esta dinámica de acción-reacción frente a las acusaciones infundadas del Gobierno, convirtiendo él también en casus belli simples especulaciones que, de llegar a demostrarse ciertas, serían aún así pecados muy leves. O que, de todos modos, no afectarían directamente a ninguno de los líderes políticos presuntamente implicados.
Es también el caso de Begoña Gómez, con el que el PP se afana, y a quien Feijóo ha avanzado que se propone investigar en una comisión parlamentaria. Pero en virtud de lo que conocemos a día de hoy, y a la vista del archivo de la denuncia del PP por parte de la Oficina de Conflictos de Intereses, la insistencia en la hipótesis del trato de favor en el rescate de Air Europa no se sostiene.
Y lo mismo cabe decir de la extemporánea acusación por parte de María Jesús Montero a Feijóo de haber beneficiado a la empresa de su mujer con ayudas de la Xunta de Galicia.
Llevar las cuitas políticas del ámbito de lo público al de lo doméstico, con esta absurda guerra de los cónyuges que no trasciende la provincia de los chismorreos, sólo servirá para cebar el sentido del sonrojo de unos ciudadanos cada vez más fatigados por los niveles de mediocridad y esterilidad que ha alcanzado la vida política española.