Los diarios El País y La Vanguardia coincidieron ayer en la publicación de dos editoriales largos, solemnes, alarmados y equidistantes. Nada nuevo, diría el viejo lector. Pero las circunstancias sí lo son. Ambos daban por hecho, con razón, una grave colisión entre la Generalidad y el Gobierno central a cuenta del referéndum de secesión. Uso de la fuerza incluido. Ambos repartían la culpa entre los presidentes Puigdemont y Rajoy: al primero le reprochaban lo obvio, lo que percibe hasta la Comisión de Venecia; al segundo, su «cerrazón», su falta de «generosidad», incluso un perverso cálculo electoral. Y ambos pedían, casi a gritos, una solución política. Eso que durante 40 años hemos llamado «negociación» por no avergonzarnos de nuestra debilidad. Desde el acuerdo de Suárez con Tarradellas y el pacto fundacional de la Constitución –esas sí, negociaciones propiamente dichas–, aquí no ha habido más que cesiones en una dirección. Educativas. Fiscales. Lingüísticas. Competenciales. Y hasta sentimentales. El resultado está a la vista: ruptura del pacto fundacional, impugnación del artículo 2 y el constitucionalismo a la defensiva. Destaca, por ilustrativo de la confusión moral de las élites españolas, este párrafo de El País: «Aunque la aplicación y restauración de la legalidad, en caso de quebrarse esta, sea obligatoria, es inevitable anticipar que dicha intervención, legal y legítima, enconará aún más los ánimos y hará más difícil la vuelta del conflicto al ámbito político, de donde nunca debió salir». Y este otro, todavía más audaz: «Promete Rajoy que nada se hará contra la ley. ¿A cuenta de respuestas susceptibles de destruir a la larga toda posibilidad de reconstruir puentes psicológicos, personales y políticos?». Es una lástima que el editorialista no hiciera el esfuerzo racional de contestarse a sí mismo.
El desvarío español se encamina, raudo, hacia una nueva paradoja: previsible victoria de la democracia frente al referéndum; posible derrota de la democracia en el post-referéndum. O, como mínimo, una prolongación de la dinámica disolvente que nos ha traído hasta aquí. Pregunten a cualquier dirigente del ámbito constitucionalista por el día después del referéndum. ¿Habrá una negociación? «Sí». Bien, así es la política. ¿Y en qué debería consistir? «Ehh… Humm…» Y más concesiones. El ejemplo más acabado es, cómo no, Pedro Sánchez. Ha sido inusualmente sensato al ofrecer al Gobierno su apoyo frente al referéndum. Y ha sido penosamente previsible al plantear, como solución a «los problemas de convivencia» (sic), el reconocimiento de Cataluña como nación. Ni a él ni a nadie se le ocurre clavar la pregunta en el campo contrario: ¿y qué van a ceder ellos, los desleales, los derrotados?
La reincidencia española tiene una explicación. Pase lo que pase de agosto a octubre, nadie duda de que el próximo interlocutor del Estado será Esquerra Republicana de Cataluña. Y todo el mundo sabe –salvo, quizá, las sacerdotisas del Dios Diálogo– que cualquier repliegue de ERC será táctico y temporal. Esto es lo que ningún Gobierno ha interiorizado en relación con Cataluña: la condición para una verdadera negociación es un nuevo interlocutor. Y un nuevo interlocutor significa no sólo otro líder sino también otra mayoría. El inexorable fracaso del desafío separatista podría haber provocado una derrota del nacionalismo en las urnas. Pero eso exigía la construcción de una alternativa, que nadie ha impulsado. Al revés. El Gobierno se ha dedicado a promover un cambio dentro del mismo bloque en lugar de un cambio de bloque. Sólo le ha faltado proclamar a Oriol Junqueras «español del año». El resultado es que ninguna encuesta anticipa un cambio real. Volverán a ganar los independentistas, con un agravante. El antiguo espacio del PSC lo ocupará previsiblemente una fuerza política cuyo desprecio a los fundamentos democráticos supera al de Montilla, autor de aquella frase memorable: «Ningún tribunal puede juzgar sentimientos». El País imploraba ayer a Ada Colau que no malogre su brillante futuro como «eventual alternativa sólida e institucional, aunque sea en germen, a los secesionistas». Colau, que se estrenó como alcaldesa con el siguiente anuncio: «Desobedeceremos las leyes que nos parezcan injustas». Colau, que ahora se traviste de transversal, como si fuera compatible defender el derecho a decidir de los catalanes y a la vez el de todos los españoles. El post-proceso no será un cambio de ciclo porque seguimos confundiendo nuestra necesidad con su virtud.
La comparación con el País Vasco es reveladora. Allí el PP y el PSOE se unieron para disputar al nacionalismo su hegemonía. No lo consiguieron en mayo de 2001. Pero sentaron las bases morales y políticas que harían posible, primero, la derrota del plan Ibarretxe y, luego, la articulación de un Gobierno constitucionalista. Si hoy el lehendakariUrkullu exhibe una cierta responsabilidad es porque el PNV no sólo perdió frente al Estado, sino también en las urnas. Porque se demostró que el nacionalismo no tenía el monopolio ni de los sentimientos de los vascos ni de la interlocución con el Gobierno central. Porque al Puigdemont vasco no lo sucedió Arnaldo Otegi ni ningún otro defensor de la autodeterminación, como Junqueras o Colau, sino Patxi López con el apoyo del PP. Imaginemos que, además, López hubiera trabajado para reforzar esa alternativa en lugar de despreciar a su socio. O que ahora el presidente Rajoy no hubiera evidenciado, con el Cupo, la rentabilidad del voto al PNV. La diferencia con Cataluña sería no ya notable sino abismal.
Desde el fondo del «callejón sin salida» (oh, La Vanguardia), la ausencia de una alternativa en Cataluña emerge como la consecuencia más grave de un sentimiento innoble. Las élites españolas, y también muchos ciudadanos, han desarrollado hacia Cataluña una creciente indiferencia. Ese share que se desploma cuando el tertuliano pronuncia la palabra «Puigdemont». La indiferencia es una forma de anticatalanismo. Nace de la obstinada confusión entre el nacionalismo y los catalanes. Y explica el abandono que durante décadas han sufrido los ciudadanos de Cataluña para los que la identidad no es un mandato sino un accesorio. Su desarticulación política. Su desmovilización social. Su insólita invisibilidad. Los catalanes no nacionalistas son las primeras víctimas del golpe de Puigdemont. Y deberían poder celebrar su derrota. Sin embargo, el horizonte les depara más de lo mismo. La misma presión de los reaccionarios y el mismo desprecio de los equidistantes.
El Estado necesita un nuevo interlocutor y Cataluña, una alternativa. Una estrategia optimista que provoque un cambio de ciclo: no ya el post-referéndum sino el post-nacionalismo. Esto exige una vuelta a los principios. Antes de emprender la enésima «negociación» con el separatismo, el constitucionalismo debería negociar consigo mismo. Alcanzar un pacto adulto y duradero a partir de la afirmación de la ciudadanía y, desde esa alianza democrática, plantar cara. Demostrar que no solamente va a quitar las urnas sino también que va a llenarlas.